El sistema que adoptó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en México, a partir de su fundador Plutarco Elías Calles quien era gran admirador de Mussolini, fue el fascismo corporativo. Ese sistema le permitió al PRI el control de los diversos grupos sociales: obreros, campesinos, profesionales, comerciantes e industriales, distribuyendo privilegios y creando pasivos que todavía no hemos podido superar. Sus consecuencias son deudas, desequilibrios y el que cada día más recursos fiscales vayan a cubrir los crecientes déficit, producto de ese corporativismo fascista.
Durante muchos años, en lugar de una Cámara de Diputados tuvimos una Cámara de Fascios o corporaciones, como en la Italia fascista. En una Cámara de Fascios no hay representantes de los ciudadanos sino de sindicatos y asociaciones. Actualmente todavía el grueso de los diputados del PRI es nombrado vía corporaciones. El PRI durante muchos años no tuvo ciudadanos afiliados, sólo corporaciones, cuyos líderes decidían el voto de sus afiliados.
A partir de las divisiones en el PRI, salen de su control varias de esas corporaciones, algunas de las cuales se convierten en una plaga de pequeños frankesteins. Otras se alían al mejor postor. El reto del presidente Vicente Fox –como lo describo en mi libro “Los vividores del Estado”– es desactivar ese corporativismo fascista, en la búsqueda de paz social. Si en México aspiramos a una economía sana y competitiva en el actual mundo globalizado, los privilegios que esas corporaciones han concedido a sus miembros son imposibles de sostener.
Un buen ejemplo del poder del fascismo corporativista es el Instituto Mexicano del Seguro Social. En una lucha por mantener sus privilegios, por los que pagan millones de trabajadores y empresas mexicanas, el sindicato de esa institución amenaza con una huelga y provocó la dimisión del director de esa institución, Santiago Levy, quien trató de frenar los abusos del sindicalismo fascista.
