No es la primera vez, en los últimos tiempos, que el Rey apela al "ejemplar" marco constitucional en el que todavía vivimos los españoles, ni al hecho de que nuestra Ley de leyes fuera "forjada por todos y para todos". En cualquier otro momento y en cualquier otro país, podría parecer hasta renuente esa necesidad de subrayar algo que, en el resto de los países democráticos, se da por obvio y no está en almoneda, sino que forma un patrimonio común al que son leales hasta los partidos minoritarios. Sin embargo, en este país, en estos tiempos históricos que preside José Luis Rodríguez Zapatero de la mano de los separatistas, cualquier referencia de la Corona en defensa de nuestra Carta Magna es poca. Más aún si se produce un día después de que se haya admitido –más bien, perpetrado– a trámite un "Estatuto de autonomía" que, de cabo a rabo, de letra y espíritu, pretende subvertir las bases que sustentan todo nuestro entramado constitucional.
Si destacamos esta última intervención del Rey, el primero de nuestros servidores públicos, no es si no para reclamarle más insistencia en defensa de nuestra nación y para destacar y valorar, al tiempo, el ámbito en el que ha dirigido sus palabras: el Poder Judicial.
Bien es cierto que la intervención de Don Juan Carlos se ha producido en la sede del Tribunal Supremo, ante el Consejo General del Poder Judicial y en un acto conmemorativo, como es el XXV aniversario de este órgano constitucional. Sin embargo, las palabras del Rey apelando a los representantes del Poder Judicial a que "sigáis ejerciendo con lealtad y prudencia vuestra alta misión, siempre al servicio de España; de una España democrática y unida, cada vez más justa, equitativa y solidaria", así como su insistencia en que "ningún esfuerzo sobra cuando se trata de España y de los españoles", adquieren –o deberían adquirir–, en estos momentos históricos, una sin par relevancia.
Admitido a trámite el "Estatuto" soberanista, a sabiendas de que es anticonstitucional, y habiendo dejado en evidencia su principal impulsor, en que quedan sus "propósitos de enmienda", nada que no sea absolutamente imprevisible –una claudicación del PP o una revuelta entre las filas socialistas– impedirá que este fraudulento y soberanista "Estatuto" acabe recurrido por el principal partido de la oposición ante el Tribunal Constitucional. Serán los magistrados, a la postre, a la luz del texto saliente y con su dictamen, los que tendrán que decir a los españoles quién interpreta más fiel y lealmente la letra y el espíritu de la Constitución del 78: si Josep Lluis Carod Rovira al apoyar el texto o Mariano Rajoy al denunciarlo por inconstitucional.
