En el interesante artículo de e-noticies Ens farem mal amb l’Estatut (Nos haremos daño con en el Estatuto), Emiliano Jiménez pone el dedo en una llaga que había escapado a la vista de casi todos. Se trata de la posibilidad de que el proceso desencadenado pueda provocar un resultado opuesto al deseado por sus promotores: “Es posible que todos, y no sólo los nacionalistas catalanes, se pongan a hacer propuestas sobre la ordenación constitucional de España. Abrir este debate podría tener como consecuencia una reacción en dirección contraria (…) Y entonces los 120 diputados del Parlamento de Cataluña habrían de explicar al pueblo de Cataluña por qué razón nos han llevado a una situación sin salida, en la cuál no tenemos nada que ganar y sí mucho que perder.”
El tetrapartito parece haber olvidado que el bloque constitucional, el entramado de instituciones, las reglas de su relación, el alcance de sus atribuciones y hasta los mismísimos nombres escogidos (nacionalidad es el ejemplo más ilustrativo) son fruto de un acuerdo histórico entre fuerzas políticas que estaban a años luz y cuya confluencia en la Constitución del 78 cobra con el tiempo tintes milagrosos. El hijo de Adolfo Suárez ha recordado en La Linterna de la COPE cuán de derechas era la derecha y cuán de izquierdas la izquierda por aquel entonces.
Ni las innovaciones jurídico-políticas de la Carta Magna, ni el lenguaje, ni el contenido de los listados competenciales son azarosos. Cuando se reservó el término “nación” para España y se escogió los de “nacionalidades y regiones” para sus partes, sin especificar cuáles eran las primeras y cuáles las segundas, no se establecieron verdades metafísicas; se acercaron posturas aparentemente irreconciliables para bien de los españoles, como lo demuestran estas décadas de prosperidad que han asombrado al mundo.
Si alguien se empeña en revisarlo todo, es muy libre de hacerlo por los cauces legales. Sin embargo, el hecho de que el proyecto de reforma del estatuto observe la formalidad legal de lo que dice ser no significa que respete los cauces previstos de lo que realmente es, una reforma constitucional. Por otra parte, los promotores, que representan, como se empeñan en recordarnos cada día, a casi el noventa por ciento del Parlament, no pueden pretender que se repartan de nuevo las cartas de una baraja que no se toca desde hace veintisiete años para ser los únicos jugadores que apuestan, farolean, ven y deciden la parte que se quedan de los demás, mientras estos restan calladitos, inmóviles y sonrientes.
