Enumerar uno a uno los artículos del nuevo estatuto que entran en colisión directa con la Constitución excedería con mucho el espacio disponible para el presente Editorial. Baste con apuntar que el texto que salió ayer del Parlamento catalán puede resumirse como la antesala de la independencia de Cataluña. Es el producto final de una carrera sin freno, dirigida por Maragall, auspiciada por Zapatero y guiada espiritualmente por los radicales de Esquerra Republicana.
La Generalidad recaudará impuestos a través de una Agencia Tributaria propia y entregará después, si lo tiene a bien, una pequeña cantidad al Estado en concepto de servicios prestados. España dejará de ser un país judicialmente homogéneo con la constitución de un Poder Judicial catalán completamente autónomo y un Tribunal Superior de Justicia local como última instancia a la que recurrir, por encima incluso del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. La Generalidad dispondrá, además, de competencias sobre inmigración, referéndums, seguridad social, puertos y aeropuertos, horarios comerciales, deportes y un nuevo marco para que pueda desarrollar una diplomacia propia dentro de la Unión Europea. Otras competencias transferidas hace décadas como la educación o la cultura –centros neurálgicos de la política lingüística– pasan a ser “blindadas”, es decir, cotos privados en los que ni el Congreso de los Diputados, órgano supremo donde reside la Soberanía Nacional, puede inmiscuirse. Por último, el nuevo Estatuto, redefine la naturaleza jurídica del Principado al asegurar, ya en su primer artículo, que Cataluña es una nación. Como tal, a lo largo de todo el texto se establecen criterios de bilateralidad con el resto de España y, en algunos casos, de multilateralidad.
Esto es, por lo breve, lo que da de sí el nuevo Estatuto. Y es así como se va a presentar en Madrid. Un destilado casi perfecto de las demandas de los nacionalistas más ultramontanos. Con razón a principios de septiembre el dictamen del Consultivo detectó 19 preceptos inconstitucionales y dudó de la constitucionalidad de otros 39. El Gobierno, por ahora, se ha limitado a decir que el documento precisa algunos retoques para pasar el filtro del Congreso de los Diputados. Y he aquí donde está la trampa, porque la intención del Ejecutivo es hacer pasar el engendro como una simple reforma estatutaria, un mero trámite que se libraría con la mayoría absoluta con la que cuentan el PSOE y sus socios. El texto, sin embargo, no es una reforma estatutaria sino un torpedo en la línea de flotación de nuestra Carta Magna, por lo que lo lógico sería que en el Parlamento se tramitase como lo que es; una reforma constitucional para cuya aprobación son necesarios dos tercios de la cámara, muchos más diputados de los que la “coalición anti PP” posee en el Congreso. Si no es así, y abierto ya el melón constituyente, el Gobierno debería disolver las Cortes y convocar elecciones generales para que sean los españoles, depositarios de la soberanía, los que digan la última palabra sobre el camino que el Gobierno ha tomado.
Vaya el Gobierno por donde vaya, el hecho es que la lamentable situación actual, en la que una región se ha declarado soberana, es responsabilidad directa de su presidente. Fue Zapatero el que se volcó y alentó desde el primer momento la reforma estatutaria en Cataluña a pesar de que nadie la demandaba. Fue Zapatero el que se comprometió personalmente a aprobar en Madrid lo que saliese de Barcelona. Ha sido Zapatero, finalmente, quien ha tomado el Estatuto catalán como punto de referencia y ejemplo en su nueva política regional. Aquí tiene lo que ha sembrado a lo largo del último año. El Estatuto aprobado por el Parlamento catalán no difiere demasiado del Plan secesionista del lehendakari Ibarretxe, y en algunos casos lo supera. ¿Por qué el Plan presentado por Ibarretxe hace unos meses fue vilipendiado y devuelto a Vitoria mientras que el Estatuto de Maragall es aplaudido y tiene posibilidades de salir adelante?, ¿acaso porque el Estatuto es una hechura del mismo Zapatero? El presidente del Gobierno debe ahora hacer frente a su responsabilidad y, lo que es más importante, dar cuentas de ello ante toda la Nación, la española, la única que hoy por hoy puede llamarse así.
