El gobierno socialista, ante la pasividad y complacencia de Marruecos con los emigrantes subsaharianos, ha decidido añadir tres metros más de altura a la valla que rodea las dos ciudades españolas de Ceuta y Melilla y que intenta servir de obstáculo a la penetración de ilegales en suelo nacional. Nada hay que objetar a dicha medida, si acaso criticar que no se hubiera adoptado antes y que el despliegue que comienza a realizar ahora el ejército no se hubiera ya producido. Con todo, el recurso a las tropas españolas es más efectista que eficaz, pues un soldado español no está autorizado ni a detener ni a disparar contra un emigrante por muy ilegal que sea, sino que debe ponerlo en manos de la guardia civil. Y para eso, daría igual que solo fueran armados con porras. Si el gobierno y Bono fueran serios, tendrían que estar elaborando un proyecto de ley por el que se regulara la actuación del ejército en la defensa del territorio frente a todo tipo de amenazas. Pero, como sabemos, no lo son, sino que únicamente buscan el dramatismo de la foto.
En todo caso, el gobierno debería admitir públicamente algo que es obvio pero que le cuesta reconocer: que los países tienen un legítimo derecho a unas fronteras defendibles. Corea del Sur se defiende de su hermana comunista del Norte con una valla similar a la española, como un obstáculo en su lado de la zona desmilitarizada. Israel se ha visto forzado a construir su valla (con zonas de muro) para intentar frenar las infiltraciones de terroristas palestinos. En suma, unos se defienden de carros de combate y divisiones de infantería; otros, de terroristas suicidas; y nosotros de emigrantes que difícilmente podríamos repatriar si llegaran a nuestro suelo.
Nosotros vemos como algo natural nuestra valla, tal y como la ven los coreanos del sur y los israelíes. Pero condenamos las que no son nuestras porque, como dijo Rodríguez Zapatero en la ONU, no está el mundo para construir nuevos muros. Como si él o su partido hubieran movido un dedo para derribar el de Berlín.
