Tras cuatro rondas negociadoras las partes llegaron a un acuerdo sobre los términos de partida de la negociación. Se había logrado una aproximación suficiente como para establecer unos parámetros sobre los que ordenar el trabajo diplomático. Indudablemente era un éxito de la diplomacia china, el único estado con alguna influencia sobre Corea del Norte y, sobre todo, el vecino que más puede presionar, mediante el control de la actividad comercial, al gobierno comunista. China actúa en un equilibrio difícil. Por una parte defiende al régimen de Pyong Yang. Quiere que el gobierno comunista perviva, porque de hundirse supondría un nuevo fracaso de esta ideología; rechaza la influencia norteamericana en su ámbito de influencia; y teme una crisis política que lleve a millones de norcoreanos a tratar de penetrar en China en busca de comida. Pero, por otro lado, la política de Corea del Norte empuja a Japón hacia Estados Unidos y le lleva a reconsiderar su política de defensa en un sentido más militarista. Un grave problema para China que no quiere aparecer ante el mundo como un estado que usa su derecho de veto en el Consejo de Seguridad para proteger a los gobiernos proliferadores, pero que tampoco puede permitir que los efectos de la política de Pyong Yang se vuelvan en su contra.
Las posiciones eran claras. Estados Unidos exigía el cierre de los dos programas nucleares, la vuelta de Corea del Norte al marco del Tratado de No Proliferación y la renuncia a un programa nuclear para usos civiles. En este último caso nos encontramos con la misma exigencia que los europeos intentan imponer a Irán. Es evidente que cualquier estado tiene derecho a disponer de energía nuclear para producir electricidad, tanto como que aquellos estados cuyo comportamiento viola los términos del Tratado deben recibir distinta consideración. Corea del Norte incumplió el Tratado de No proliferación y, más tarde, volvió a engañar a la comunidad internacional no respetando los acuerdos estipulados en el Tratado Marco de 1994. Con esos antecedentes Estados Unidos consideraba que permitir la construcción de centrales nucleares, como de hecho aceptaba el Tratado Marco, suponía la existencia de unas instalaciones cuyo mal uso podría implicar un nuevo desarrollo de tecnología nuclear para usos militares.
Corea del Norte, por su parte, exigía el reconocimiento de que Estados Unidos no atentaría contra su soberanía y su derecho a disponer de programas nucleares para uso civil; además de ayudas económicas. En otras palabras, decía estar dispuesta a renunciar a sus programas militares si se volvía a activar el Tratado Marco como si nada hubiera pasado.
Los republicanos criticaron mucho a Clinton por las insuficiencias del Tratado Marco, en especial por la limitada capacidad de inspección. No era, por lo tanto, previsible que ahora Bush cayera en la misma trampa que su predecesor.
La Declaración Conjunta parecía convertir a todos en vencedores. China había demostrado que tenía la influencia suficiente como para obligar a Corea del Norte a ceder y resolver una espinosa crisis internacional. Pyong Yang conseguía de Estados Unidos garantías temporales de seguridad, mejora de sus relaciones diplomáticas con sus vecinos, asistencia económica, garantías concretas de suministro de energía y, sobre todo, la declaración de que estaban dispuestos a discutir el derecho norcoreano a disponer de centrales nucleares para uso civil. Los norteamericanos se sentían satisfechos porque Corea del Norte renunciaba a tener programas nucleares militares y se disponía a volver al marco del Tratado. Todo parecía un buen punto de partida... pero no lo era tanto.
Los norcoreanos midieron sus fuerzas y consideraron que Estados Unidos se encontraba en una situación de debilidad, lo que aconsejaba tomar la iniciativa y consolidar avances. Con Iraq y Afganistán en estado de violencia; la crisis de Irán paralizada por la falta de acuerdo en la Agencia Internacional para la Energía Atómica y los vetos chino y ruso en el Consejo de Seguridad; y el desastre producido por el huracán Katrina, la Administración Bush no estaba en condiciones de presionar de forma efectiva. De ahí la Declaración Conjunta y de ahí la inmediata rectificación.
En la Declaración Estados Unidos cedió más de lo que debía, aceptando la negociación de un programa nuclear civil. Es verdad que, en el caso hipotético de que al final se llegase a desarrollarlo, quedaría condicionado a un régimen de inspecciones especial, pero ya era tarde. Esa debía haber sido la lógica del Tratado Marco en los años de Clinton. Después de tantas violaciones ya no es de recibo aceptar su implementación. El régimen comunista de Pyong Yang no es un actor fiable y, por lo tanto, había que haberle negarle ese derecho.
Una vez que la Declaración Conjunta reconoció la disposición a tratar el tema, Corea del Norte la rectificó, dejando claro que no se paralizaría el programa militar mientras no se activara el civil. Han roto el acuerdo, pero han logrado que Estados Unidos reconozca públicamente que no piensa atacarles y que está dispuesta a considerar el establecimiento de centrales nucleares. La situación ya ha cambiado y les es más favorable. Las partes están molestas... pero dispuestas a seguir conversando.
Tras cuatro rondas negociadoras algo ha pasado en torno a la crisis diplomática norcoreana, el Departamento de Estado ha dado un paso en falso y el régimen comunista ha consolidado su posición negociadora.
