Si las palabras de Acebes, tras la reunión del Comité de Dirección en Génova, parecían confirmar una voluntad clara por parte del PP de presentar próximamente un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del “matrimonio homosexual”, fuentes del PP vinieron a “matizar” las palabras de su secretario general asegurando que esta decisión no está tomada aún, a la espera de disponer del estudio que el partido ha encargado a sus servicios jurídicos y abogados.
Parecería una cuestión menor si no fuera porque, en asuntos como este, es fundamental una activa y coherente política de comunicación, que incidentes menores como este vienen, sin embargo, a dejar en evidencia. Si a escasas dos semanas de que expire el plazo para presentarlo, sorprende que el recurso no esté ya ultimado por los servicios profesionales, más lamentable sería que a estas alturas no estuviera fuera de toda duda la voluntad política del PP de presentarlo. Aunque con la timidez y escasa energía que caracteriza a toda su política de comunicación, el partido que lidera Rajoy ha centrado su denuncia, precisamente, en la inconstitucionalidad de esta inaceptable y radical ley que viene a desnaturalizar la institución del matrimonio y a privar a los niños en adopción de la figura materna o paterna, en función de que sean gays o lesbianas sus adoptantes.
Dando, pues, por descontado que las “matizaciones” de las fuentes del PP no han hecho más que enturbiar las anteriores y ya de por sí ajustadas declaraciones de Acebes a la hora de dejar clara la voluntad política del PP de recurrir al Constitucional, convendría recordar que esta ley, se aprobó con las reticencias –sino la clara oposición– del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, de la Real Academia de Jurisprudencia y la de la Lengua, de todas las iglesias y confesiones religiosas del país y de millones de ciudadanos, muchos de los cuales participaron en la multitudinaria manifestación celebrada el pasado 18 de junio en Madrid. Eso, por no hablar de los recursos ya interpuestos ante el Constitucional por jueces como la de la localidad alicantina de Denia; recursos que no deben ser excusa para la inhibición del PP, sino, por el contrario, un estímulo para que presente su propio recurso de inconstitucionalidad.
En todo esto se han de fijar los miembros del PP, y no en el discurso mediático y político de sus adversarios que trata de cohibirles y de alimentar sus complejos de cara a afrontar el futuro sin olvidar su pasado. Y eso, no sólo por una elemental cuestión de principios y de coherencia, sino por el más obvio sentido del pragmatismo político. La inhibición por parte del PP a la hora de defender, también ante los tribunales, su postura, no sería explicada por los medios más que como la prueba de su supuesto error y de la tardanza de salir de él. Pocas cosas hay tan contagiosas en política como la convicción y el entusiasmo a la hora de defender unos principios; tan contagiosas como puedan serlo los complejos y las dudas a la hora de hacerlo.
