Mientras Zapatero dialogó el pasado lunes con Rajoy para ofrecerle "dialogar de forma permanente sobre el diálogo", el presidente de Gobierno ha ofrecido este miércoles a Ibarretxe concesiones lo suficientemente sustanciosas como para que los nacionalistas vascos se sumen a los independentistas catalanes en su apoyo al Ejecutivo socialista y a sus próximos Presupuestos.
La rotunda y premeditada negativa del presidente del Gobierno a llegar acuerdos de Estado con el PP, inherente a esa engañosa y vacua "oferta permanente de diálogo", se ve hoy todavía más en evidencia con la concreción de los acuerdos ofrecidos por ZP al Ejecutivo vasco, tales como la "compensación" por los gastos ocasionados del Prestige, la ampliación de la Ertzaintza o el acuerdo que ambos esperan alcanzar en los próximos días en torno al "cupo".
¿Cómo iba ZP a aceptar el lunes la oferta de Rajoy de volver al Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, por ejemplo, si la intención del presidente era ampliar sus alianzas parlamentarias, dos días después, a los independentistas vascos?
Tan relevante, sin embargo, como comparar la fructífera enjundia del diálogo de ZP con los independentistas vascos y catalanes, frente a la tomadura de pelo que supone la oferta de diálogo presidencial cuando se dirige al PP, es señalar el apagón informativo que, en buena parte, ha rodeado la reunión de este miércoles; todo con el objetivo de dar una imagen de recibo y de normalidad a los acuerdos alcanzados con el PNV.
Así, por parte del Ejecutivo vasco no ha comparecido nadie ante los medios de comunicación, mientras que el único que lo ha hecho por parte del Gobierno ha sido el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. Con ello se ha pretendido fortalecer la imagen de que lo tratado han sido meras cuestiones técnicas y negociaciones lógicas y legítimas entre un gobierno autonómico y uno central.
Sin embargo, quien acudía hoy al encuentro del presidente del Gobierno de la nación no era el presidente de un gobierno autonómico leal con las reglas de juego constitucional, sino el máximo representante de uno que ya ha vulnerado la legalidad vigente, financiando y dando representatividad política a formaciones pro terroristas proscritas por la ley, y que no ha renunciado –todo lo contrario– a acabar con el Estatuto de Guernica para sustituirlo, al margen de la Constitución, por el plan soberanista que lleva su nombre.
No se sabe que es peor. Que ambos dirigentes no hayan informado de todas estas cuestiones, o que no las hayan tratado en su reunión en Moncloa. Lo único que sabemos, a través de la vacua comparecencia del ministro de Administraciones Públicas, es que Zapatero e Ibarretxe, además de las transferencias, han tratado "algunos otros asuntos vinculados con la necesidad de que desaparezca la violencia".
Si el ministro de Administraciones Públicas pretende despachar así un asunto tan grave como es el del terrorismo y –añadimos nosotros– el desafío institucional vigente que supone el Plan Ibarretxe, es que el Gobierno de ZP, definitivamente, ha hecho suya la pauta de opacidad que le han recomendado los nacionalistas –incluidos los batasunos– a la hora de tratar el mal llamado "proceso de paz".
En cualquier caso, es vergonzoso que Ibarretxe, que no ha renunciado a nada –incluida su determinación de incluir a Batasuna-ETA en sus próximas rondas de contactos– haya salido de su reunión con el presidente del Gobierno sin que éste le haya exigido un compromiso de respeto y acatamiento a la legalidad vigente. En lugar de eso, el lehendakari ha salido con sustanciosas transferencias que, lejos de disuadirle, le van a animar en su pulso al Estado de Derecho.
Y es que Ibarretxe, a diferencia de Rajoy, sí que puede tener una idea de para qué ha sido convocado por el presidente del Gobierno.
