La decisión de la Audiencia Nacional de imputar a varios dirigentes del Partido Comunista de las Tierras Vascas y al propio líder del sindicato pro-batasuno ha levantado la indignación de los líderes políticos de ETA, hasta el punto de lanzar un ultimátum al Presidente del Gobierno de que si en cuatro meses no hay avances darán por finiquitado el incipiente proceso de paz auspiciado por Rodríguez Zapatero.
Los terroristas tienen serias dificultades para entender que es un Estado de Derecho donde reina el imperio de la Ley y en el que funciona, aún con imperfecciones, el Estado de Derecho. Así, aunque el presidente del Gobierno actual muestre una tendencia natural a la claudicación ante los asesinos, eso no incumbe a otros poderes del Estado, como el Poder Judicial, que sitúan el cumplimiento de la Ley por encima del capricho político del Jefe del Ejecutivo.
La Ley se ha convertido así en un serio obstáculo para el proceso de paz que persigue el Presidente. El Gobierno, en tanto que ostenta el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, puede llegar a modular la respuesta policial al terrorismo. Pero es difícil incluso que pueda lograr que la Policía Nacional y aún más, dada la neutralidad política de sus mandos, la Guardia Civil, se abstengan de actuar ante la existencia de un delito de terrorismo en cualquiera de sus formas.
Pero aún mucho más complicado es que el Gobierno pueda influir en las decisiones judiciales más allá de la actuación, o la inhibición, de la Fiscalía. En esta situación cada golpe de la Justicia al entramado terrorista se ha convertido en un mazazo al proceso de paz en el que insensatamente se ha introducido Rodríguez Zapatero.
