Más locuaz de lo que quisieran sus amigos socialistas, Carod ha venido a confirmar la existencia de negociaciones gobierno-ETA: “se está haciendo lo que se tiene que hacer”. Además, ve posible “la superación de todas las violencias”: la de ETA y “la que impide que todos los partidos puedan concurrir a las elecciones o que los diarios salgan a la calle”. Obviamente se refiere a Batasuna y a Egunkaria. Pero lo que impide tales extremos son leyes y sentencias judiciales. ¿Qué concepto tiene Carod de los poderes legislativo y judicial para equiparar sus actos con los de ETA? Por fin, sigue orgulloso de su entrevista en Perpignan: “Hice lo que tenía que hacer”.
Mientras, Tardá nos informa de la existencia de una “tercera pata” tras el cambio del gobierno catalán y la aprobación del nuevo Estatut. La pata, que más bien es un paso, consiste en una reforma constitucional que elimina el artículo 2 y el papel del ejército como garante de la integridad territorial, además de reconocer el derecho de secesión, el de las comunidades autónomas a federarse y la oficialidad de catalán, gallego y vascuence en todo el territorio español. La monarquía se libra de momento porque, asegura, “no somos ingenuos”. De lo que se deriva que los anteriores puntos sí los ve ERC perfectamente razonables y viables.
Nadie les ha hecho mucho caso porque, aunque el PSOE enloqueciera definitivamente, sin el PP no hay reforma constitucional que valga. Se pasa por alto la gran diferencia estratégica entre ERC y el resto de partidos: los de Carod tienen un plan, en el que avanzan sin cesar con sus tres patitas. Un plan que culmina con la independencia de Cataluña. No hay retórica, lo creen en serio. Carod está convencido de que verá una Cataluña independiente antes de jubilarse y de que, por supuesto, la presidirá él.
Son el tipo de insensatos que España no veía –o los veía como curiosidades marginales- desde hace muchísimos años. Exaltados perfectamente reconocibles en la historia que consagran sus carreras a destruir los equilibrios que otros -y a veces ellos mismos- han logrado con esfuerzo, renuncia y transacción. Tienen una percepción completamente errónea del país en el que viven. Creen que tenemos un poder judicial único y un ejército que garantiza la integridad territorial porque lo dice un documento, y que con una goma de borrar moldearán la realidad a su antojo. Pero España no es una nación unida e indivisible porque esté escrito en ningún sitio. El artículo dos no es un fruto de la Constitución sino su fundamento; lo que recoge es previo a ella y le da sentido.
En una cosa tienen razón, no son ingenuos. Cuentan con la desidia, la ignorancia, el cálculo, la debilidad o la suficiencia de socios y adversarios, que no ven la necesidad de refutar sus tesis a partir de principios y con las mismas ganas y empeño que esos representantes del 2’5 % del electorado español demuestran todos los días.
