Mientras la unitaria y firme reacción británica a los atentados islamistas en Londres no está haciendo más que poner en evidencia, tal y como temía Cebrían, la infamia perpetrada del 11 al 14M por el PSOE y Prisa contra el gobierno del PP, ETA prosigue dejando en evidencia la no menos infame pero más reciente disposición del gobierno del 14-M de negociar “la paz” con esta organización criminal.
Por un lado, se ha sabido que ETA, un mes antes del atentado de la Peineta, anunció al Comité Olímpico Internacional que boicotearía la candidatura de Madrid 2012. Que una organización secesionista y criminal como ETA quiera impedir que la capital de España sea sede olímpica es perfectamente lógico. Lo que no lo es, en absoluto, es que formaciones independentistas, como Esquerra Republicana de Cataluña, que también han boicoteado esta candidatura y que acordaron en su día con ETA en Perpiñan “estrategias en pro de la desestabilización del Estado español”, sean, a su vez, los principales socios parlamentarios del gobierno de España.
Si esta noticia respecto al COI y el propio atentado de la Peineta dejan en evidencia la poca disposición de ETA a abandonar definitivamente la violencia, no menos lo hace la noticia de que la organización terrorista acaba de expulsar de su colectivo de presos a quienes se han manifestado partidarios de que la banda practique exclusivamente la “lucha institucional” abandonando la “lucha armada”.
Ciertamente, la abyecta oferta de impunidad inherente a cualquier oferta de "diálogo" con los terroristas sólo puede, acaso, resultar tentadora para aquellos terroristas que ya están recluidos en prisión y ya no pueden causar más daño. Sin embargo, para los terroristas que todavía están en disposición de cometer más atentados, el “atajo” que ZP propone al margen del Estado de Derecho sólo se traduce en una reducción de la disuasión que sobre ellos ejercen las penas y en un reforzamiento de su creencia en que pueden obtener más nueces del Estado que la mera excarcelación de sus compañeros. La oferta de impunidad no es sólo una clara fractura del Estado de Derecho, sino un error básico en estrategia antiterrorista, por muy pragmática que se quiera.
Por mucho que los mayoritarios medios de comunicación secunden el apaciguamiento promovido por ZP, lo cierto es que la sociedad española -que frente a ETA siempre se ha comportado como los británicos ante cualquier clase de terrorismo- no se fía del presidente del gobierno en este asunto. Así lo refleja el sondeo publicado este domingo en ABC, que deja claro que, pese a la popularidad que todavía conserva este presidente, la mitad de los españoles no está dispuesta a darle un cheque en blanco de cara a ETA.
Quizá el dato más significativo de esta encuesta es que un 55 por ciento, frente a un 35 por ciento de los consultados, opina que, ni siquiera en un escenario definitivo sin atentados, los reclusos merecerían medidas de “reinserción”, lo cual supone un mayoritario rechazo ciudadano a la oferta de ZP a ETA, en el que se incluye la mayoría de los propios votantes del PSOE.
En cualquier caso, ETA sigue esperando del gobierno del 14M, tal y como la propia organización terrorista anunció a ZP pocos meses después de su llegada al poder, “gestos para con Euskalherría tan valientes como los dados en Irak”. La diferencia está en que los españoles, al menos todavía, no quieren ver tan satisfechos a los etarras, como lo estuvieron El Egipcio y los suyos tras el 14M. Lo que no hay duda, es que, con ZP en el gobierno, galgos y podencos han recuperado la esperanza.
