El tema explosivo del momento son las acusaciones de líderes y congresistas demócratas sobre el tratamiento dado por las autoridades a prisioneros considerados terroristas y recluidos en la base militar de Guantánamo. Hay mucha confusión al respecto, empezando con que la Convención de Ginebra, a menudo mencionada, no cubre a civiles envueltos en actos terroristas sino a militares de naciones que han declarado formalmente la guerra. Además, el debido procedimiento o proceso legal establecido por la Constitución que dispone que nadie puede ser despojado de su libertad sin causa probable es aplicable solamente a ciudadanos y residentes de Estados Unidos, no a civiles extranjeros envueltos en terrorismo.
No es que la administración Bush esté libre de toda sospecha: hay preocupantes indicaciones de que la llamada Ley Patriótica es una de tantas leyes que tratando de solucionar los problemas de hoy termina haciendo daño a corto y mediano plazo.
A menudo vemos que los políticos tratan de convertir cualquier discusión en una pelea por televisión para ganar apoyo a su causa partidista. Pero no por ello es menos sorprendente que los dirigentes políticos y funcionarios presten tanta atención a unos 600 prisioneros de países del Medio Oriente, mientras le dan la espalda a las decenas de miles de ciudadanos presos en las cárceles de este país por haber consumido marihuana (que hasta el ex presidente Clinton admitió hacerlo “sin aspirar”) y por otras drogas más dañinas. Sí, más dañinas, pero el mal se lo hicieron a sí mismo, no a los demás.
La razón de ser del sistema penal es la protección de los derechos del individuo. Si alguien atenta contra la propiedad o el cuerpo de una persona debe ser penalizado. Pero imponer una condena a un individuo por hacer algo que la mayoría o los políticamente poderosos consideran indebido, sin que haya afectado los derechos de los demás, es injusto y despreciable.
En ninguna parte del mundo se escucha tanto como en Estados Unidos sobre la defensa y protección de las minorías. Con la fábula de la “acción afirmativa” por décadas se les hizo inmenso daño a esas minorías, por ejemplo, fomentando que las familias negras tuvieran hijos sin casarse para así recibir más ayuda gubernamental o que los hijos de inmigrantes latinoamericanos no aprendieran inglés porque tenían el “derecho” a educarse en su propio idioma. Hoy, una inmensa proporción de los encarcelados por consumo de drogas son jóvenes negros, sin que haya ninguna “acción afirmativa” en la defensa de esos ciudadanos que por alguna triste circunstancia se hicieron daño a sí mismos consumiendo drogas. Saldrán de la prisión en 5 o 10 años, probablemente odiando al sistema y habiendo aprendido todo lo malo de ladrones y criminales que conocieron en la cárcel.
