La reciente polémica sobre los matrimonios homosexuales está en parte justificada. Mi opinión es que la regulación de las parejas de hecho, en general, debió abordarse hace mucho tiempo. El PSOE pudo hacerlo en su última legislatura antes de la llegada de Aznar al poder, y el PP tuvo ocho años para estudiar el tema y tratarlo. No hicieron nada. Es el sobrevenido Zapatero quien, por la vía rápida, equipara en todo a las parejas homosexuales y los matrimonios convencionales, dando por cerrado el tema. Pero éste no está ni mucho menos cerrado. Yo veo dos problemas básicos con esta iniciativa legislativa apresurada.
Primero, hay otras parejas de hecho que merecen también cierta protección, para no verse discriminadas. Por ejemplo, dos hermanos que han vivido siempre juntos, solteros y sin hijos, compartiéndolo todo, y que deberían tener un reconocimiento que les permitiera disfrutar de ciertas garantías (fiscales, penales, médicas, seguridad social). Lo mismo podría decirse de quien convive y cuida a un anciano mientras que sus hijos se desentienden totalmente ¿Tendrían que casarse estas “parejas” para disfrutar de alguna protección? La posibilidad de que uno de ellos quede desamparado a la muerte del otro, o de que uno no pueda decidir por el otro en casos de extrema gravedad o el simple problema de las herencias son temas que hay que abordar y que sí definen una auténtica regulación “avanzada”. Sin embargo, Zapatero ha buscado el mayor efecto político posible, y le importan un rábano las discriminaciones en sí cuando no les puede sacar partido.
Segundo, si por un lado la iniciativa de Zapatero se queda corta, por otro lado se precipita. Me refiero, por supuesto, a la adopción. En el centro del debate debería haber estado el tema de qué características se consideran suficientes y necesarias para que un hogar pueda ser idóneo para un niño, pues son los derechos de éste los que hay que atender, y no los de los padres. De hecho la Ley prevé que en determinados casos los padres puedan perder la custodia de los hijos. Por tanto, incluso hoy, unos padres biológicos casados no son condición suficiente. No obstante hay quien defiende que sí son una condición necesaria, y que un niño en adopción tiene derecho a tener un padre y una madre. En cambio, el PSOE defiende implícitamente que no hay nada lesivo para los intereses del niño en el hecho de que una pareja homosexual le adopte en vez de una heterosexual, caeteris paribus. En consecuencia, ha calzado la regulación vigente a los futuros matrimonios homosexuales, sin más. Esta idea de la idoneidad de las parejas homosexuales está en el centro mismo de la polémica en torno a la adopción, que a su vez es el epicentro de toda la polémica sobre la “equiparación” de los matrimonios convencionales y los homosexuales.
Lo que no me parece tan discutible es que, incluso aceptando el planteamiento del partido en el gobierno, que muchos compartirán y otros muchos no, la regulación que proponen está poco meditada y generará problemas. Imaginen lo que eso supone, por ejemplo, en el caso de separación y divorcio de un matrimonio con hijos adoptados. La protección de los hijos ocupa el centro de atención del legislador y, en general, es la madre la que permanece con ellos en el que ha sido el hogar familiar. Pero en el caso de un matrimonio homosexual ese criterio ya no se puede aplicar, y habrá que improvisar otro para decidir quién queda a cargo del cuidado de los hijos y quién permanece con ellos en el hogar familiar. Sea cual sea la solución que se imponga, los padres (masculinos) separados de matrimonios heterosexuales podrían sentirse discriminados en el futuro, y con razón. Este es sólo un ejemplo, pero puede haber otros muchos en los que la regulación actual no sea fácilmente aplicable a los nuevos matrimonios y nada de eso se ha previsto. Insertar en el entramado legal vigente las nuevas parejas no es algo que se pueda hacer de cualquier forma, así por las buenas. Estos temas son mucho más complejos de lo que parecen a simple vista.
La experiencia de otros países puede servir de referencia, pero no parece que las hayamos tenido en cuenta mediante un análisis comparado. En Holanda los matrimonios homosexuales con derecho a adopción son un hecho desde 2001, en Quebec (Canadá) y en Bélgica desde 2003. Sería interesante analizar cómo han resuelto ellos los problemas con que nos encontraremos aquí, y qué dificultades específicas hay en nuestro caso debido a nuestro marco legislativo. Dinamarca y Suecia han regulado la unión civil entre homosexuales, pero sin derecho a adoptar hijos de terceros, aunque si uno de los miembros de la pareja tiene un hijo natural el otro tiene derecho a adoptarlo. En cambio, en Suiza, Noruega y Finlandia y tres estados norteamericanos existen uniones civiles, pero sin ningún derecho de adopción. Aceptar o no el derecho de adopción depende del resto de la legislación del país. En algunos sitios es complicado aceptarlo y en otros lo difícil es negarlo totalmente sino se abordan reformas adicionales. Veamos un caso con más detalle. El Pacto Civil de Solidaridad (PACS) de Suiza, por ejemplo, limita las posibilidades de adopción, procreación asistida o adopción del hijo biológico de un miembro de la pareja homosexual por el otro miembro. Por tanto, es lógico que se niegue el derecho a la adopción. En nuestro país, en cambio, una madre soltera podría tener un hijo por fecundación asistida. Si esta madre tiene después una pareja femenina ambas podrían criar al niño. Pero si muere la madre biológica el niño quedaría legalmente huérfano. Por tanto, si se aplicara en España el modelo de Suiza tendríamos problemas como el mencionado, que habría que tratar de alguna forma. No hay soluciones fáciles. Insisto en que es necesario regular, pero que hay que hacerlo bien.
