La Cumbre que hoy se inicia de la Unión Europea lejos de solucionar la crisis generada por la negativa plebiscitaria francesa y holandesa al Tratado constitucional puede agravarla más con el desacuerdo sobre las perspectivas financieras. Así, los líderes europeos no solo pondrán de manifiesto sus diferencias sobre como proseguir, o no, con el proceso de ratificación del nuevo Tratado, sino que mostraran sus discrepancias sobre quién y cuanto debe pagar y quien y cuanto debe recibir.
La paradoja es que la Política Exterior, de Seguridad y Defensa Común parece quedar al margen del terremoto que ha supuesto la negativa franco-holandesa. Esa es al menos la intención del Secretario General del Consejo y Alto Representante de la Política Exterior que parece más preocupado por salvar su sillón personal que por el hundimiento del proyecto europeo.
Esa parece ser también la voluntad de la presidencia británica. El Reino Unido ha sido promotor desde la cumbre franco-británica de Saint Malo de todos los avances realizados en materia de política de defensa común. Es más, parece que el Reino Unido estaría dispuesto a relanzar algunos puntos de la agenda de defensa, como la consolidación de la Agencia Europea de Capacidades, como antídoto para superar la depresión post-referendums.
El argumento de quiénes apuestan por mantener el impulso en esta materia es que los principales desarrollos pendientes de la PESD, como la creación de la propia Agenda, la puesta en marcha de los nuevos Batallones de Combate o la nominación de un Ministro de Asuntos Exteriores europeo son decisiones ya adoptadas con carácter previo a la redacción del proyecto de Tratado constitucional.
Sin embargo, no será fácil que la PESD quede totalmente inmune a las disputas políticas y económicas que se han desatado en la Unión. Es más, en el rechazo popular al nuevo Tratado no hay que descartar que lo que esté en discusión no sea solo el modelo interno de integración, sino también el papel que la Unión debe jugar en el exterior.
