La muerte en las proximidades de Tánger de doce inmigrantes africanos, varios de ellos niños y mujeres embarazadas, es una tragedia más de cuantas se han ido produciendo en los últimos meses en estas aguas o en la canarias.
El reino de Marruecos había garantizado al gobierno español que pondría en marcha un plan completísimo para acabar con el drama de las “pateras” que, conviene no olvidarlo, se organizan, arman y parten de las costas marroquíes aunque en alguna ocasión el gobierno de Rabat tuvo el tupé de ponerlo en duda.
En este caso no hay la más mínima duda que fueron las mafias de la emigración conchabadas con las de la droga las que embarcaron hacia la muerte a estos inocentes. Y que la gendarmería marroquí participó en el reparto de beneficios hasta el punto que varios agentes han sido detenidos y encarcelados precisamente por hacer la vista gorda cuando la patera salía de las playas tangerinas.
Ni la anunciada policía especial de fronteras, ni la participación del ejército en la vigilancia de las costas, ni el sistema de vigilancia avanzada español (que permite localizar en el estrecho a las pateras minutos después de que salgan hacia las costas de Cádiz y Málaga y comunicarlo a las autoridades marroquíes), han servido al parecer para mucho. Es fácil, por supuesto, culpar a España, a la Unión Europea, a Argelia o a Mauritania por este tráfico innoble que sigue y sigue. Pero al fondo de tantas justificaciones y explicaciones no pedidas late una realidad que el rey de Marruecos y sus cortesanos no quiere asumir: hay una responsabilidad objetiva y gravísima de los aparatos de seguridad, aduana y policía en todas estas muertes. Y ya es hora de que alguien responda por ellas.
