Sólo los agraviados tienen el derecho a perdonar a sus víctimas. El Estado que indulta delincuentes – aunque lo haga en nombre de la paz– es un Estado que traiciona a las víctimas y usurpa sus inalienables derechos.
Una de las reliquias absolutistas que se colaron en algunos regímenes democráticos es la facultad otorgada en ciertas naciones al poder ejecutivo de otorgar indultos a determinados delincuentes, en nombre de presuntos fines superiores, como la paz, o para evitar males mayores para la sociedad.
En todo caso es una facultad exorbitante que los gobiernos democráticos no deberían usar más que en asuntos verdaderamente extraordinarios y cuando el agraviado por el delito sea el Estado en abstracto, como por ejemplo un delito netamente fiscal; nunca cuando los agraviados son ciudadanos específicos. Si unos terroristas mataron a mi hermano es inmoral y aberrante que el gobierno usurpe mis derechos de familiar agraviado y otorgue algún género de indulto a los asesinos.
Algo tan claro como esto no parece entenderlo el actual presidente del gobierno español, cuando abre la puerta a futuras negociaciones con la banda criminal ETA. No solamente es absurdo que se mencione la mera posibilidad de negociaciones cuando esa banda ni siquiera ha manifestado un remedo de propósito de enmienda (el martes pasado, sin ir más lejos, ETA hizo estallar otro coche-bomba en Madrid, hiriendo a medio centenar de personas), es inmoral que se use como moneda de cambio para una eventual negociación el castigo que el Estado ha fijado, con toda justicia, a los criminales y que es una pálida compensación a los daños terribles que causaron a sus víctimas. El Estado no puede perdonar a nadie a nombre de nadie. El otorgar o negar el perdón es un derecho inalienable de las víctimas.
El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero argumenta que abrir esta puerta a la negociación no es traicionar a los muertos y a las víctimas que ha dejado ETA porque la condición para el diálogo es que la banda criminal abandone las armas y porque lo único (¡nada menos!) que se ofrece a cambio de esa renuncia a la violencia es "tratar el problema de los presos etarras". Tales alegatos son una tomadura de pelo.
Primero, porque "el problema de los presos etarras" sólo es problema para ETA que desearía impunidad y que ninguno de los miembros de su banda estuviese preso. Zapatero no entiende que jamás debería ser "un problema" que los criminales estén en la cárcel. El problema es lo contrario: delincuentes impunes. Segundo, porque jamás ha reportado algún beneficio a la sociedad el método de la negociación con terroristas.
Y sobre todo porque la ley y su aplicación no pertenecen a los gobiernos como prerrogativas. Son, por el contrario, su obligación inexcusable. Y esto vale lo mismo para el caso de los asesinatos de ETA que para el castigo al delincuente que rompió las ventanas de mi casa o que invadió mi propiedad. 