La Comisión de Investigación del Carmelo se ha convertido, gracias al tripartito catalán y a CiU en la Comisión del Camelo. No se ha querido investigar y se ha llegado, después de dos intensos meses de trabajo, a la conclusión que, efectivamente, un túnel de la línea 5 del metro cayó bajo las casas de más de 1.000 vecinos en el barrio barcelonés del Carmelo. Poco más. El pleno del Parlamento de Cataluña pidió a la comisión que investigara, analizara y elaborara propuestas sobre los “antecedentes y los hechos que han conducido al derrumbamiento del túnel de maniobras al barrio del Carmel de Barcelona y sus consecuencias”. La izquierda y CiU han decidido no hablar de las consecuencias, ni de la pésima gestión de la crisis, ni de los vecinos que aún ahora viven en diferentes hoteles, ni de las ayudas a los comercios que han tenido que cerrar, ni de las promesas incumplidas del presidente Zapatero en su visita a Barcelona, hace ahora cuatro meses.
Las conclusiones políticas a las que se ha llegado en esta comisión son decepcionantes, un auténtico fraude a los ciudadanos. En estas conclusiones el Gobierno no asume ninguna responsabilidad por la falta de control sobre GISA y sobre las empresas. En estas conclusiones se dice que los certificados que permitieron que los vecinos volvieran a sus viviendas después del primer socavón y tuvieran que salir poco después, se hicieron con precipitación pero nadie asume la responsabilidad de lo que podría haber pasado. Nadie asume la responsabilidad por la nefasta gestión de la crisis.
Las conclusiones a las que han llegado el tripartito y CIU siguen al pie de la letra el guión que el Consejero Nadal escribió e interpretó en el pleno del Carmel que se hizo antes de constituir esta comisión de investigación. El Consejero puso sobre la mesa dos dimisiones (la del Director General de Puertos y Transportes y la del presidente de GISA) y señaló a las empresas como las responsables del derrumbamiento. Exactamente lo que ha concluido la Comisión después de dos largos meses de trabajo. El texto pactado entre el tripartito y CIU pone de manifiesto el acuerdo, el pacto de silencio existente entre CIU y el PSC, al que se han sumado de forma vergonzante ERC e ICV. El asunto del 3% ha sido ventilado con esta frase: “A lo largo de los trabajos de la Comisión de Investigación se ha mantenido la profusión de comentarios y valoraciones en torno un presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras públicas en Catalunya, que no se ha podido acreditar”. Una auténtica tomadura de pelo.
El Partido Popular de Cataluña ha pedido la comparecencia del Presidente de la Generalitat para que explicara lo que sabe sobre el 3% y nos hemos quedado solos. El PPC ha pedido que Felip Puig, anterior Consejero de PTOP, explicase como era posible que él pudiera desempatar en el supuesto de que dos empresas empataran en el momento de presentarse a un concurso por hacer una obra pública y nos hemos quedado solos. El PPC ha pedido que el ex presidente de GISA viniera a la Comisión a concretar a qué empresas “trataba con cariño“ y quién le pedía que las tratara “con cariño“ y hemos vuelto a quedarnos solos. El PPC ha pedido la comparecencia del Consejero de Turismo de la Generalitat que ha afirmado reiteradamente ante los medios de comunicación que un alto dirigente de CIU le había dicho que no cobraban el 3% sino mucho más. El tripartito y CIU no sólo han impedido su comparecencia sino que han dado por buena la respuesta de Huguet que ha tenido la desvergüenza de decir que la conversación con el alto cargo de CIU que le dio esta información fue una conversación privada y que por lo tanto, no tiene que dar ninguna información al Parlament. Sin duda, esta es una clara muestra que no sólo no se ha querido investigar sino que el actual gobierno está encubriendo estas prácticas al no querer dar esta información ni al Parlamento ni ante los jueces.
Ciertamente, la existencia del 3% no se ha podido acreditar porque no se ha querido acreditar. Las comisiones de investigación son útiles si existe la voluntad de investigar, pero el tripartito y CiU han aprovechado los dos meses de presunta investigación para recuperar un oasis, el catalán, que supone un lastre para que los catalanes recuperemos, de verdad, la libertad de llamar a las cosas por su nombre.
