Cuando en 1939 Winston Churchill inauguró la política de la no rendición había ganado sin saberlo la primera y decisiva batalla a Hitler. El dictador alemán no consiguió lo que pretendía, es decir, sojuzgar Inglaterra, y, con el tiempo, el imperio nazi, que había regado de sangre Europa, fue derrotado en todos los frentes. Por muchos sufrimientos y penalidades que la guerra había hecho padecer a los británicos al final recogieron el fruto de su determinación y pudieron pasear la bandera de la libertad por medio mundo. Churchill era consciente que con el mal no se negocia, estaba persuadido que al mal se le derrota y tales principios los supo transmitir a su país en el momento que más lo necesitaba.
En España el mal tiene un nombre, tres siglas que han llenado de oprobio y dolor los últimos 35 años de nuestra historia. Frente a él se ha ensayado todo y sólo la determinación de no ceder ha dado resultado. La historia de ETA es la historia de un chantaje a la democracia, porque, aunque muchos quieran ahora obviarlo, el programa de los terroristas es el mismo hace un cuarto de siglo que ahora. ETA no mata para obligar al Gobierno a sentarse en una mesa, ETA mata para que el Gobierno claudique sobre una mesa accediendo a sus delirantes aspiraciones. Todos los Gobiernos posteriores a la Transición se han encarado con el problema y sólo han salido airosos los que han entendido en qué frecuencia de onda emite la banda terrorista. No hay engaño por su parte, ETA tiene un programa político que se reduce a separar el País Vasco del resto de España. Si para ello puede contar con la rendición del Gobierno bien, si no, sigue matando. Así de sencillo. Tres décadas y media de tiros en la nuca, coches bomba y secuestros dan fidedigno testimonio de ello.
Si el Gobierno de Zapatero quiere sentarse a negociar con ETA ha de saber de antemano que el precio político es la fragmentación del país que ha jurado servir. No existe otra posibilidad. ETA no cree en vías intermedias, no sabe de arreglos políticos que no pasen por satisfacer su programa máximo, un programa que no sólo es inconstitucional sino que deja abandonada a su suerte y en manos de unos asesinos a la mayoría de la población vasca. Si, además de ceder al chantaje terrorista, el Gobierno pretende cubrirse las espaldas con un plácet parlamentario, el Partido Popular ha de oponerse tajantemente a que la maniobra fructifique. Porque si ya es malo que un Gobierno se entregue a debatir en pie de igualdad con una banda de criminales, más lo es que sea un Parlamento entero el que dé carta blanca a semejante gatuperio. ETA no es ni lo será nunca una interlocutora válida del Gobierno legítimo de la Nación. No lo es porque ETA no representa a nadie más que a sus encapuchados verdugos, y no lo es porque el programa que trae bajo el brazo es ilegal y constituye un insulto para todos los españoles.
