Las peripecias vividas por Jorge Cortell para poder impartir su charla "P2P = Legal" en la Universidad Politécnica de Valencia (en la que es profesor) constituyen un claro ejemplo de dos males que asolan a España. Uno atañe a las universidades públicas. Estos centros deberían ser un espacio abierto al debate de ideas y la libre expresión. Sin embargo funcionan en un sentido diametralmente opuesto.
Los rectores y unos pocos profesores, junto con pequeños grupos de presión en los que se han constituido algunas asociaciones estudiantiles, son quienes deciden que ideas son merecedoras de escucharse y cuales no. Si uno se sale de los prejuicios o los intereses de esos otorgadores de palabra, no podrá disponer de un espacio para expresarse. Y eso ocurre aún cuando el acto ya estaba aprobado por la dirección universitaria. Jorge Cortell no es el primero en sufrir este tipo de acciones. El embajador de Israel en España, Víctor Harel, vio hace más de un año como la Carlos III cancelaba la conferencia que tenía que impartir en dicha institución académica. Fue un gran triunfo del antisemitismo políticamente correcto (el autodenominado antisionismo) en el ámbito universitario madrileño.
El otro mal afecta a muchos otros ámbitos. Nos referimos a la terrible influencia que sobre instituciones públicas (incluidos algún ministerio, consejerías autonómicas y ayuntamientos de todo el país) y privadas tienen las sociedades de gestión de derechos autor. Es indudable que el rector de la Politécnica de Valencia ha actuado en contra de la libertad de expresión para defender los intereses de la SGAE y similares. Puede que lo haya hecho por propia iniciativa, aunque también existe la posibilidad de que haya sido bajo coacción de alguna de estas entidades. Si creemos a los informantes de Cortell, el máximo responsable de la universidad levantina ha actuado bajo presiones y amenazas de una de ellas.
