La ilegalización de un partido político en el seno de una democracia es un acontecimiento traumático. Supone la privación del derecho de asociación, uno de los derechos fundamentales. A su vez, el terrorismo no puede estar amparado por el ordenamiento jurídico y por tanto no puede convertir el ejercicio de los derechos democráticos en un instrumento para vulnerar radicalmente los valores constitucionales, los derechos humanos y el pluralismo político.
En España, como ocurre en otros países democráticos la ley prevé la posibilidad de disolver aquellos partidos situados en la órbita del terrorismo o que persigan la subversión violenta del régimen constitucional. A pesar de ser tan evidente, esta previsión legal se introdujo en la ley de partidos en 2002, veinticinco años después la instauración de la democracia.
ETA –y en esto está de acuerdo todo el mundo– pretende conseguir la independencia del País Vasco mediante la subversión del actual orden constitucional. Aterroriza a la sociedad vasca y al conjunto de la sociedad española mediante el crimen organizado. Con el fin tener un instrumento político en apoyo a sus fines y métodos, el Movimiento Vasco de Liberación Nacional, entramado político-social dirigido por los pistoleros de la banda etarra, constituyó en 1979 el partido denominado Herri Batasuna. Ha utilizado desde entonces diversas denominaciones. La última marca política de la banda terrorista, antes de su relevo electoral por parte del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK) fue Batasuna. Afortunadamente, el Tribunal Supremo disolvió Batasuna e impidió su presentación a las elecciones municipales de 2003. Fue uno de los mayores golpes recibidos por el entramado del terror etarra.
La ilegalización de un partido político no puede hacerse así como así. La ley tipifica con minucioso rigor y concreción los supuestos o causas para la ilegalización. Son actuaciones y comportamientos muy graves en una democracia.
El Fiscal General del Estado está legitimado para instar la disolución. Por algo es el órgano constitucionalmente encargado de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Pero el Fiscal no ilegaliza.
También el Gobierno está legitimado para solicitar la disolución de un partido. Lo puede hacer por su propia iniciativa y lo debe hacer a instancia del Congreso o del Senado. Las demandas de ilegalización se resuelven por la Sala especial del Tribunal Supremo formada por su presidente, los presidentes de las cinco Salas en que se divide el Alto Tribunal y dos magistrados, el más antiguo y el más moderno, de cada una de ellas. El Gobierno, pues, tampoco ilegaliza.
EHAK: Puesta la ley, puesta la trampa
Dice el refrán español que “puesta la ley, puesta la trampa”. La trampa sería hacer un nuevo partido sustitutivo del disuelto. La ley intentó evitar la trampa. Para eso, en trámite de ejecución de sentencia, la Sala especial del Tribunal Supremo puede decretar la disolución del nuevo partido teniendo en cuenta para la similitud sustancial de ambos partidos políticos, de las personas que las componen, rigen, representan o administran, de los medios de financiación o materiales, o de cualesquiera otras circunstancias relevantes que, como su disposición a apoyar la violencia o el terrorismo, permitan considerar dicha continuidad o sucesión en contraste con los datos y documentos obrantes en el proceso en el que se decretó la ilegalización y disolución. Pero la responsabilidad de denunciar la trampa corresponde al Gobierno y al Fiscal.
En las recientes elecciones vascas, y tras conocerse el 26 de marzo de 2005 la ilegalización de la Plataforma electoral Aukera Guztiak por considerarla como una continuación de Batasuna, irrumpió en el escenario político un nuevo partido denominado “Partido Comunista de las Tierras Vascas” (EHAK). Era el “plan B” de Batasuna. En las elecciones ha conseguido nueve escaños.
El Partido Popular y otras organizaciones sociales vascas denunciaron desde el primer momento que EHAK era la trampa tendida por Batasuna a la ley para poder presentarse a las elecciones. El Gobierno, a pesar de contar con diversos informes de la Guardia Civil con pruebas de la vinculación entre ambos partidos, no ha querido instar la disolución de EHAK. Su actitud estaría avalada –para sonrojo de la Abogacía del Estado– por un informe de su titular. Más que el informe independiente de un órgano del Estado se asemeja al dictamen elaborado para defender los intereses de su cliente, en este caso, el Gobierno.
El Gobierno y la Fiscalía usurpan las funciones del Tribunal Supremo
El Fiscal tampoco ha tenido a bien ejercer ninguna acción en defensa de la legalidad pues considera que sigue sin haber pruebas indiciarias suficientes de que los dirigentes de ETA-Batasuna se hayan referido o hayan contemplado en algún momento la posibilidad de que EHAK se convirtiera en la vía de articulación de su actuación política. No hay pruebas, sostiene el Ministerio Fiscal, de que el nuevo partido haya sido un montaje de ETA-Batasuna. La actitud de la Fiscalía, secundando así el interés del Gobierno, merece un severo reproche porque la Constitución le ordena actuar con estricta sujeción a la legalidad y con total imparcialidad.
El Gobierno y el Fiscal, con su actitud, han usurpado la función del Tribunal Supremo. No han cumplido con su obligación porque hay mucho más que indicios, y cada día que pasa surgen más, sobre la vinculación directa entre EHAK y ETA-Batasuna. El Gobierno y la Fiscalía deben dejar que sea el Tribunal Supremo quien se pronuncie sobre la base de los datos existentes. No hacerlo se llama pura y llanamente prevaricación aunque sea por omisión y no tenga en principio trascendencia penal para sus autores.
La propuesta de Anoeta
A finales del pasado año, Batasuna aprobó la denominada “propuesta de Anoeta” (14.11.2004). Después de un largo preámbulo donde se vuelven a reproducir los argumentos ya conocidos y reiterados por ETA desde su adhesión al pacto de Estella, la propuesta incluye las bases para la resolución del conflicto. El objetivo es la iniciación de un proceso de diálogo político multilateral, sobre la base –claro es– del reconocimiento del derecho a la autodeterminación y el compromiso de respetar la decisión de la ciudadanía vasca. El acuerdo entre “los agentes de Euskal Herria” deberá asegurar el “tránsito político hacia un nuevo escenario en el que el pueblo vasco pueda, en condiciones democráticas, decidir cualquier estatuto político o institucional para nuestro Pueblo”. El acuerdo habrá de ser refrendado por la ciudadanía de "Euskal Herría" y una vez obtenido, sus firmantes se convertirán en representantes del pueblo vasco para abrir un proceso de diálogo y negociación con los Estados español y francés. En paralelo habría de abrirse una negociación entre ETA y ambos Estados para tratar sobre la “desmilitarización del conflicto”, “presos, deportados y refugiados” y “víctimas”.
Poco después de aprobada la propuesta de Anoeta, el 16 de enero de 2005 ETA emitió un comunicado expresando su pleno apoyo a la misma por ser “la aportación política más sólida que se ha presentado de cara a superar el enfrentamiento entre Euskal Herria y los Estados”. Batasuna quedaba así legitimada por la banda para impulsar y negociar el contenido de su propuesta.
Y ahora viene lo peor. Porque si han existido conversaciones entre dirigentes socialistas vascos y los representantes de la ilegalizada Batasuna, el guión de lo ocurrido después parece haber sido escrito de común acuerdo.
Se puede llegar sin ser temerario a la conclusión de que en los prolegómenos de las elecciones vascas la llamada “lista blanca” de Batasuna, la Plataforma Aukera Guztiak, no fue más que un señuelo para permitir al Gobierno salvar la cara al instar y obtener su ilegalización, mientras se preparaba bajo manga la irrupción del fantasmagórico Partido Comunista de las Tierras Vascas para permitir la presentación de la izquierda abertzale. Se ha dicho que al apoyar esta maniobra fraudulenta, el PSOE intentaba evitar la mayoría absoluta del PNV con la finalidad de enterrar el Plan Ibarreche. Si así fuera el Gobierno de Rodríguez Zapatero habría dado muestras de una incalificable irresponsabilidad por asestar un golpe de muerte a una legislación, como la Ley de Partidos, imprescindible para asegurar la libertad y el triunfo del Estado de Derecho en el País Vasco. El fin no justifica los medios.
