Desde hace años los Ayuntamientos españoles, sin excepción, vienen reclamando un nuevo modelo de financiación que les dote de los recursos necesarios para compensar los servicios que cubren y que, en estricta distribución administrativa, corresponden a las autonomías y al Estado. La situación financiera actual es gravísima y en ella coinciden, y en ellos voy a centrar esta reflexión, dos de los más singulares Alcaldes que el municipalismo español ha dado en los últimos años. Por un lado, Gabino de Lorenzo, Alcalde de Oviedo por el Partido Popular y, por otro, Francisco Vázquez, Alcalde socialista de la Coruña.
Ambos, desde sus responsabilidades municipales e institucionales –el Señor Vázquez es Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias–, han mantenido un discurso común en el que demandan un nuevo modelo de financiación que venga a paliar el déficit que ha ocasionado y continúa ocasionando a los municipios la prestación de servicios que no les corresponden. Con igual contundencia se han manifestado los dos en multitud de ocasiones, llegando Francisco Vázquez a anunciar la reclamación ante los tribunales del reconocimiento de una deuda histórica real con los municipios españoles.
Frente a estas demandas el Gobierno elabora un Libro Blanco del que lo mejor que se puede decir es que acierta completamente con el color nominal ya que, una vez descartada las reflexiones filosóficas y las descripciones que se hacen de la situación, el libro queda reducido a una serie de folios en blanco que no ofrecen ninguna salida a la crisis de dimensiones históricas que padece el municipalismo.
Por si no fuese bastante la vaguedad del Gobierno y su indefinición ante este asunto, el señor ministro de Administraciones Públicas ha querido ahondar en la entelequia asegurando que la responsabilidad sobre el déficit es de los Ayuntamientos y que para recibir fondos de otras administraciones deben de gestionar mejor. Es decir, sálvese quien pueda que por nuestra parte no vamos a hacer nada, ya que reconocer ese ejercicio de competencias y ese derecho a la financiación conllevaría mermar los recursos de las autonomías y, claro está, ERC, sin apenas importancia en el panorama municipalista, no va a permitirlo ni en Cataluña ni en el resto de España.
Como suele decir el Alcalde de Oviedo, la desidia socialista hacia los ayuntamientos les lleva a aplicar una economía de guerra: es decir, frenar la inversión y contener el gasto a la espera de tiempos mejores. Pero, a la vez, se han de seguir prestando servicios, la mayoría de los casos de carácter social (educación, atención al inmigrante, atención a la tercera edad, protección a la mujer…) que no van a tener otro tipo de financiación que los propios dineros municipales a pesar de que no es competencia de los Ayuntamientos.
Lo que pretende el señor Sevilla, ministro de Administraciones Públicas, es que los Consistorios españoles no enreden en las maravillosas relaciones Gobierno-Nacionalistas, ya que son estos partidos los que nunca a lo largo de la historia política han demostrado el menor interés hacia la política municipal, y que sean los propios Ayuntamientos los que solucionen sus problemas aunque tengan que aplicar medidas tan drásticas como decretar la suspensión de pagos (Juan Alberto Belloch, alcalde socialista de Zaragoza lo hizo) o dejar de prestar servicios que no son de su competencia como ya han anunciado otros muchos ayuntamientos.
A todo esto el señor Zapatero olvidándose de que el 19 de abril se conmemoraron los 25 años de la Constitución de los Ayuntamientos democráticos y la inmensa mayoría de ellos celebraron un Pleno exigiendo que se revise el modelo actual de financiación, seguirá luciendo su sonrisa que será fruto del cinismo de su Gobierno frente a los Ayuntamientos españoles, que agonizan esperando la descentralización que nunca llega y la financiación que, en la mayoría de los casos, malgastan los entes autonómicos en invenciones propagandísticas.
