Sostiene la señora González Laya que "tenemos que actuar ya". Añade a continuación lo obvio: "La comunidad internacional no puede dar la espalda a los más de cinco millones de migrantes venezolanos". Con esta difusa perspectiva intervino la ministra de Asuntos Exteriores el pasado martes en la Conferencia de Donantes que organizó el Gobierno español con la Unión Europea para paliar la crisis humanitaria de los refugiados de Venezuela; hablamos de la mayor crisis humanitaria en la historia contemporánea de Latinoamérica.
Sus palabras merecen una glosa. Me gustaría poner de relieve que la tremenda crisis humanitaria que azota Venezuela no procede de alguna causa remota o no explorada, sino que deriva de la abismal gestión política, económica y social de dos dictadores bien conocidos: primero Hugo Chávez y después su sucesor, Nicolás Maduro; ambos tan generosamente ligados desde antiguo a Unidas Podemos, el partido del actual vicepresidente del Gobierno, el señor Pablo Iglesias.
Venezuela, para los que no conozcan el país, es la joya de entre todas las joyas que conforman Latinoamérica, región que tantos vínculos comparte con España. Su agricultura, su ganadería, su riqueza energética, sus paisajes, la maravilla de sus gentes, su iniciativa; todo ello debería abrir cada día mil sendas nuevas a la prosperidad económica y el progreso social. Venezuela tiene capacidad más que de sobra para fomentar la independencia de sus instituciones y la autonomía de su sociedad civil con el fin de que ello, a su vez, redunde en el crecimiento cultural, educativo y económico de sus ciudadanos.
Pero no. No se lo permiten sus propias autoridades. La gestión sucesiva de dos narcotiranos armados hasta los dientes ha transformado aquel país lleno de posibilidades en un silencioso cementerio de ilusiones; cementerio del que han huido como han podido en busca de una vida digna cinco millones de personas; la inmensa mayoría de ellas lo han hecho a pie o en coche, atravesando selvas y montañas con sus hijos en brazos; los más afortunados, con un billete de avión. Tendremos que sumar en el futuro a todos los venezolanos que se añadirán al forzoso exilio si la comunidad internacional no hace nada.
El Gobierno de España pasó este martes de puntillas por estas obvias causas políticas; ni siquiera ante la rotunda condena de la dictadura de Maduro por parte de los presidentes de Colombia y Ecuador, y del secretario general de la OEA, tuvo la ministra González Laya el valor de refrendarles. En la cuestión de Venezuela, el silencio sobre estos factores capitales acarrea consecuencias graves.
La primera y más evidente es que desfigura el conjunto de las conclusiones de la Conferencia de Donantes. En segundo lugar, distrae la atención de la principal dificultad. La ministra del Gobierno Sánchez-Iglesias mencionaba los migrantes venezolanos en situación de vulnerabilidad, para los que la Conferencia recaudó 595 millones de euros –cifra que es muy bienvenida–, pero al soslayar la causa más importante del problema –su condición de víctimas de una narcodictadura–, enmudece al pueblo de Venezuela. Este sesgo elegido dificulta el diálogo con los ciudadanos venezolanos, pues establece una tácita complicidad con Nicolás Maduro.
En tercer lugar: el mutismo del Gobierno amordaza el drástico rechazo que los españoles experimentamos hacia Maduro y sus secuaces. Esquivar –al menos en público– las causas políticas de esta crisis humanitaria podría dar la impresión a nuestros amigos, socios y aliados internacionales de que el Gobierno del señor Sánchez y el señor Iglesias busca no se sabe qué entendimiento con el tirano, cuando el sentir del pueblo español es diametralmente opuesto.
En cuarto lugar, no resulta aceptable poner sordina a las honrosas responsabilidades asumidas por Perú, Colombia y Ecuador en esta crisis humanitaria. Los Ejecutivos de estos países hermanos merecen el más sólido y explícito respaldo por parte de España. Ellos –al contrario que el Gobierno del señor Sánchez– sí que mencionaron con claridad la causa de esta tragedia: la dictadura de Maduro.
En quinto término: tampoco resulta aceptable que se pretenda diluir o pasar página ante la firme actitud de Leopoldo López y Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela reconocido por España. Los dos están siendo sometidos a una persecución implacable por la Fiscalía chavista, al punto de que ahora Caracas pretende ilegalizar Voluntad Popular, el partido de esos héroes de la democracia. Ahora incluso pretende arrebatar a Guaidó el nombramiento que le dieron las urnas.
En todo caso, quiero dejar claro el agradecimiento del Partido Popular a todos los donantes de la Conferencia, por su contribución para atenuar los terribles efectos que dejan tras de sí 20 años de políticas populistas en Venezuela. Pero de igual modo considero que ir al origen y a la causa del problema es lo mínimo que se espera de un país como España. Por tanto, condenemos sin matices al régimen de Nicolás Maduro, respaldemos la lucha de los demócratas venezolanos y pidamos elecciones libres, transparentes y con participación de todos. Así evitaremos mucho dolor y contribuiremos a solucionar, no sólo a paliar.
Valentina Martínez, diputada del Partido Popular.