"¿En qué país no muy lejano y en solo una semana: se condenó a un rapero a tres años de prisión, se secuestró un libro, se retiró una obra de arte en la feria más importante del país y se multó a un club con 36.000 euros por unas pancartas anti racistas?". Esta batería de preguntas me llegó por wasap. Y, por si no se tenía muy claro, se ofrecía un añadido: "Una pista: no es Venezuela".
La clave de la resolución es muy importante para desentrañar el misterio. Los autores de la adivinanza reconocían implícitamente que el primer país que vendría a la mente es el de Chávez y Maduro, que sirve de modelo de populismo a Iglesias y Monedero. Pero no, dichos acontecimientos han pasado en España. Ahora bien, así como no es lo mismo el "Te voy a matar" del asesino en serie y el de la madre que ve a su bebé tirar al suelo un potito, unos mismo hechos ocurridos en Venezuela (3,87 sobre 10 en el Índice de Democracia que elabora The Economist) y en España (8,08) exigen analizar las razones de las acciones judiciales y administrativas de que han sido objeto.
En el caso español, el rapero no ha cantado al lucero del alba o al toro enamorado de la luna sino, que ha amenazado de muerte, injuriado gravemente y hecho apología de ETA y el Grapo. Los artistas no tienen impunidad para cometer delitos en el ejercicio de su actividad porque, aunque no se lo terminen de creer, el arte no está más allá del bien y del mal. O de las leyes. El libro ha sido retirado por el momento, en cuanto que hay una reclamación, que la juez ha considerado pertinente, sobre una vulneración del derecho al honor por parte del periodista que ha llevado a cabo la investigación. Y los periodistas también están sujetos a las mismas normas de respeto a la integridad moral que el común de los mortales. En este caso, y sin tener más información que la publicada por la prensa, sospecho que el libro volverá a las librerías en menos de lo que se lee este artículo.
Por otra parte, ARCO es una organización estatal a la que pagamos todos, por lo que está más constreñida a la hora de emplear el dinero público para no hacer burda propaganda golpista y apología de la violencia. Una cosa es enlatar mierda para hacer reflexionar sobre el material del arte, como hizo Piero Manzoni, y otra muy diferente pixelar fotos de delincuentes para enmierdar la democracia española, al estilo de Santiago Sierra. El primero está en la Tate Modern de Londres; el segundo es jaleado por Jordi Évole en El Hormiguero. Por supuesto, Helga de Alvear, la astuta galerista que se ha prestado a la performance fascistoide de Sierra, puede hacer en su galería lo que le venga en gana y sacarle el máximo de dinero a los paletos del procés, pero no en nuestro nombre y, mucho menos, con nuestro dinero. En Suiza se estableció, a raíz de una actividad de propaganda de un grupo islamista, que
la comunidad no está obligada a dejar los espacios públicos como plataforma para difundir puntos de vista que son irreconciliables con los valores básicos y fundamentales de nuestra sociedad.
Esto vale para la distribución del Corán por unos fundamentalistas islámicos en Suiza o para Santiago Sierra en ARCO.
Por último, la retirada de las pancartas obedece a la muy prosaica, burocrática y razonable medida de que hay que informar con antelación antes de hacer cualquier tipo de manifestación pública. Hay, además, una prudencia doble en las actividades deportivas, para que no se instrumentalicen políticamente, dado que es un espacio colectivo muy susceptible de ser copado por pasiones y soflamas de la peor especie. Lo acaba de comprobar Guardiola cuando la Premier le ha prohibido llevar su lazo amarillo en apoyo al golpismo xenófobo en Cataluña, dado que no se permite este tipo de mensajes a nadie en el mundo del fútbol. Aunque el entrenador catalanista, que sostiene que España es un Estado autoritario (v. The Economist supra), crea que él ha de ser la excepción.
Así que, efectivamente, no es Venezuela sino España, porque nuestro país, por mucho que duela a comunistas como Pablo Iglesias y a socialistas como Zapatero, se diferencia del país bolivariano en que los violentos no solo no están en el poder, sino que los fascistas de izquierda y de derecha se reprimen cuando tratan de cruzar las líneas rojas de la violencia y la intolerancia. Mala noticia para los grupos neonazis Batallón de Castigo y Más que Palabras, para los que el fiscal pidió hasta 11 años de cárcel por promover la violencia, y Valtonyk, Pablo Hasel y La Insurgencia, raperos por un mundo lleno de odio, violencia y destrucción.
En España, incluso los jueces están sometidos a la ley. Y el Gobierno. Y los raperos. Y los artistas. Y los futbolistas. Que se lo digan a Garzón, a Barrionuevo, a Shakira, a Almodóvar, a Messi...
Esto, efectivamente, no es Venezuela.