El momento más trivial del debate de investidura fue también el más revelador: Pisarello, secretario podemita en la mesa del Congreso, invitaba a Pedro Sánchez a subir a la tribuna. El peronista lugarteniente de Colau, que agredió a un diputado del PP en el balcón del Ayuntamiento de Barcelona cuando este trataba de colgar una bandera de España, inauguraba ritualmente la sesión. Parafraseando a Chateaubriand, el populismo abrazando al narcisismo.
Pisarello es autor del libro Procesos constituyentes. Caminos para la ruptura democrática. En el mismo, el dirigente de la extrema izquierda plantea eliminar la Constitución de 1978 iniciando un proceso constituyente tan subversivo como subliminal. Como señaló en un artículo,
hace falta mucho más que una nueva Constitución: otras leyes, otra administración, otras formas de seleccionar los jueces, la continua gestación de contrapoderes populares y la promoción de formas cooperativas, post-capitalistas, de consumir, de producir, de distribuir y de gestionar los bienes públicos y comunes.
Y es que Sánchez y el PSOE no son sino la marionetas de los que van a gobernar realmente España: Iglesias y Rufián. El de Sánchez no ha sido un discurso de investidura sino constituyente: España puede dejar de ser una nación articulada en un Estado de las Autonomías para convertirse en un Estado confederado plurinacional. Una plurinacionalidad cifrada en ocho naciones, según Iceta: Galicia, Aragón, Valencia, Baleares, Canarias, Andalucía, País Vasco y Cataluña. Quizás Navarra mañana… Pero España como nación ni está ni se la espera en el proyecto iglesio-rufianesco bendecido por Otegi, con un Sánchez secuestrado por su ambición ciega de poder a cualquier precio.
La identidad nacional española va a ser atacada, minusvalorada, olvidada, silenciada... por parte de un PSOE que va a sustituir la vertebradora E de España por la aséptica E de Estado. Y donde la España liberal será sustituida por otra populista que nos llevará a la crisis económica y la censura social. Pisarello puede ser un felón pero al menos no engaña: vivimos en una auténtica ruptura democrática para dar cabida a lo que Sánchez, un traidor al espíritu de la Constitución, ha denominado en su discurso constituyente "libre desarrollo de las identidades nacionales", obviando que en la Constitución del 78 solo hay una soberanía nacional, la española, matizada en cada autonomía por sus peculiaridades particulares. Pero nacionalidad no es sinónimo de nación en la CE78, como pretende Iceta, sino de accidentes regionales que modulan la fundamental esencia española. No fue por casualidad que Sánchez ocultase en una de las réplicas a Manuel Fraga como uno de los padres de la Constitución. El que pretende luchar contra las fake news trata de reescribir la historia de España borrando a sus adversarios políticos. Recordemos que Fraga votó que sí, como la mayoría de los parlamentarios de AP en el Congreso. Y el partido pidió el sí en el referéndum a la Constitución del 78. Esa misma Constitución que catedráticos como Pérez Royo –antes en la órbita de la extrema izquierda, ahora en el paradigma nacionalista, siempre en los modos histéricos– proponen volar por los aires será sometida a una inmersión ideológica para transformarla a través de la corrupción semántica y el activismo judicial.
Todo esto es posible porque la definición de patriotismo de Pedro Sánchez se circunscribe a tener una visión socialista en lo económico y político, ligada al intervencionismo y el paternalismo, sin ningún vínculo con la historia, la lengua y los ancestros. Un patriotismo sectario, acomplejado y avergonzado. La combinación del patriotismo demediado de PSOE y Podemos con el nacionalismo excluyente de los nacionalistas configura el peor escenario posible: el asalto a los tribunales para acabar con la separación de poderes. Para ello, adoctrinarán a los jueces en cursos de formación de género y, como anuncia Pisarello, procederán a seleccionarlos ideológicamente. Solo de esta manera, intimidando a los jueces, se conseguirá la rendición del Estado de Derecho ante los golpistas, la realidad tras el eufemismo de Sánchez de "acabar con la judicialización del conflicto". Pablo Iglesias va más allá y amenaza directamente a los que llamó "togados reaccionarios" en plan bolivariano.
Y es que el socialista Sánchez confunde interesadamente los bienes públicos genuinos con la imposición de su visión condescendiente a la ciudadanía según los parámetros de la ingeniería social, imponiendo su sistema estatalista contra los individuos y las familias. Eso no es progresismo sino autoritarismo. Sánchez dice que no va a romper ni España ni la Constitución. Y le creo. Pero es que su plan es otro: deconstruir España reduciéndola a su mínima expresión; y manipular la Constitución para convertirla en una extensión del ideario socialista y nacionalista. Iglesias y Rufián aplauden.
En el orden económico, si malo es que Sánchez diga que el dinero de cada español está mejor en el bolsillo del propio Sánchez que en el de cada ciudadano, peor es que lo envuelva en la retórica populista contra "los ricos" y que pretenda convertir al Estado en un ogro filantrópico. En cuanto al feminismo, la versión radical de Sánchez es la peor versión del mismo, porque la ideología de género convierte a las mujeres en criadas de los criterios de Tía Carmen Calvo y Tía Irene Montero, que les imponen qué hacer con sus vidas, sus ideas y sus cuerpos, señalándoles cómo pensar ("El feminismo es de todas, no bonita, nos lo hemos currado en la genealogía del pensamiento progresista, del pensamiento socialista") y prohibiendo la gestación subrogada como si las mujeres fuesen incapaces de tomar decisiones por sí mismas.
La lucha contra la desinformación que anuncia Sánchez es, en boca de un socialista, un peligroso anuncio de la persecución ideológica que se avecina. Por supuesto, no lo llamarán censura sino persecución contra el "discurso del odio", satanizando a los disidentes del progresismo. Es sintomático del talante de Sánchez que se atreva a dar lecciones sobre fake news alguien como él, con una tesis plagiada y la televisión pública, el CIS y hasta el CSIC al servicio de intereses partidistas y una agenda ideológica sectaria. Acertó Pablo Casado cuando lo denominó "presidente fake". Pero se quedó corto: toda la legislatura será un gigantesco, grotesco y patético fraude. Termina el debate con las izquierdas –la ultra izquierda (PSOE), la ultra ultra izquierda (Podemos) y la ultra ultra ultra izquierda (ERC y Bildu)– encantadas de conocerse, saludarse, aplaudirse y abrazarse.