Cuando murió Franco, una serie de hombres clarividentes tuvieron una intuición de lo que exigía una España contemporánea. Enterraron una forma de entender España consistente en aniquilarse mutuamente. Eran hombres prácticos y políticos, por lo que esta intuición actuaba de una manera inconsciente, salvo quizás en Torcuato Fernández-Miranda. Varios de ellos se organizaron para redactar una Constitución que pudiera satisfacer, mal que bien, a fachas y rojos, a nacionalistas del terruño y patriotas del concepto, a monárquicos constitucionales y republicanos jacobinos. Con el paso del tiempo, en Madrid llegarían a mirarse a no demasiada distancia las estatuas de Franco y Largo Caballero, como símbolos en piedra y bronce de que la España cainita que había retratado Manuel Chaves Nogales en A sangre y fuego había enterrado el hacha de guerra.
La Constitución se ha mostrado durante estos años lo suficientemente flexible para resistir los sucesivos embates del golpismo militar, los nacionalismos sediciosos y el terrorismo de extrema izquierda. Cualquier Ley Fundamental tiene que ser modificada como un navío en alta mar, que no puede fondear en dique seco, y nosotros somos como los marineros, que debemos tener cuidado al quitar una viga porque debemos colocar otra de recambio inmediatamente, usando el mismo barco como soporte, ya que corremos el riesgo de irnos todos a pique. En estas condiciones, hemos de confiar en los ingenieros que diseñaron el barco y tener cerca a carpinteros experimentados, antes que a unos nuevos ingenieros que pretendan convertir el mercante en un destructor, porque lo más seguro es que terminemos hundiéndonos.
Tras Tejero, ETA y Puigdemont, podría esperarse que la Constitución fuese viento en popa. Nada más lejos de la realidad. El barco constitucional hace aguas por todas partes, en el CGPJ, en la Generalidad y, lo que es peor, en la Moncloa. Los optimistas en esta situación son como los troyanos que celebraron la rendición de los griegos e hicieron una fiesta alrededor del caballo que les había regalado Agamenón siguiendo el consejo de Ulises. Porque los que comprendieron que no podían destruir la Constitución han pasado a un plan más sutil pero no menos siniestro: deformarla hasta quebrar su sentido, pero de modo que no haga falta ni modificar ni una coma. Ahora que los enemigos de la Constitución –de comunistas partidarios de Lenin a nacionalistas simpatizantes de ETA– se han convertido en aliados del Gobierno, le llega al texto fundamental su prueba más dura: el sabotaje. El plan pasa por controlar la educación, véase la Ley Celaá; manipular la Judicatura, a través de la ideología de género y el acoso a los jueces independientes, que serán tachados de “enemigos del pueblo”, y silenciar a los medios críticos, como hemos visto con el veto publicitario a Libertad Digital por parte de Loterías del Estado.
En una entrevista en el Abc, explica Fernando Suárez que “votar que no [a la Constitución] habría sido hacer imposible la vida constitucional”. El 17 de noviembre de 1976, tras el debate en el que Suárez defendió la transición a un régimen democrático, mientras Blas Piñar y Fernández de la Vega se decantaban por el inmovilismo, Diario 16 tituló: “El búnker, acorralado”. Estamos cerca del 50 aniversario de la Constitución y la vida constitucional se ha degradado hasta convertirse en un zombi. Hegel, en su Introducción a Lecciones de Filosofía de la Historia, apostilló: "Nada grande se ha hecho en el mundo sin pasión". Pero, cuidado, que grande es tanto la construcción como la destrucción, el bien como el mal, Jefferson y Robespierre, Churchill y Lenin, Camus y Sartre, Hayek y Marcuse... Felipe VI y Pablo Iglesias. Necesitaremos una gran pasión positiva para sacar a la Constitución del atolladero en el que la han metido unos políticos sectarios, unos jueces cobardes, unos intelectuales traidores y unas masas que, una vez más, optan por la servidumbre voluntaria.