El más célebre, discutido y discutible, artículo de la Constitución es el segundo, que reza:
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
Aunque el grueso del debate se ha centrado en el término nacionalidades, que los independentistas han interpretado como naciones de pleno derecho, de resultas de lo cual España sería una nación de naciones, tras los indultos a Junqueras y los demás golpistas seguramente cambie el panorama de las reivindicaciones de Junts y ERC. Su objetivo ahora será la resignificación de otro término de dicho artículo, concretamente unidad. Dado que el camino a la independencia de pleno derecho se ha mostrado demasiado gravoso, en años de cárcel y multas sustantivas, queda otra solución, que aun siendo un segundo óptimo satisfaría a los secesionistas: una independencia de facto, de modo que estarían en España –disfrutando de todas sus ventajas, de un mercado favorable a la integración en la UE– sin el lastre simbólico que para la tribu de la proximidad genética con los franceses (Junqueras dixit) supone ser parte de España.
Miquel Iceta, el quintacolumnista del catalanismo radical en el PSOE, ha mostrado el camino: un modelo federal. ¿Qué se quiere decir con esto? Que el foco de atención ya no estará puesto en Quebec y Bosnia sino que se pretenderá ser como Puerto Rico, un estado libre asociado a EEUU. Cuando Iceta habla de federalismo realmente está planteando una confederación, en la que las entidades confederadas sean asimétricas en cuanto a competencias y obligaciones (Cataluña, de primera; Andalucía, de segunda; para entendernos), con una autoridad central que sea una mera coordinadora sin poder fuerte, con una identidad común ni siquiera líquida, gaseosa.
Convirtiéndose Cataluña y el País Vasco en estados libres asociados dentro del Estado español se salvaría el escollo de la "indisoluble unidad", al tiempo que se lograría la meta buscada desde Cambó y Prat de la Riba hace justamente un siglo. No solo se sortearía de este modo la dificultad de dinamitar el Estado de Derecho español, sino que no se pondría en cuestión la integración de Cataluña en la Unión Europea como territorio del Estado. Aunque, al tiempo, se gozaría de las peculiaridades de los Estados independientes de facto, como selecciones deportivas propias en competiciones internacionales y una mayor capacidad para seguir imponiendo el apartheid lingüístico y cultural a los charnegos y botiflers en el sistema educativo y mediático. La desespañolización de Cataluña seguiría produciéndose a marchas forzadas, solo que ahora, además de con el beneplácito de los tontos útiles y los astutos sobornados, también con el paraguas constitucional, tras haberse retorcido el artículo segundo de la CE.
Por una de esas paradojas de la Historia, al tiempo que los catalanistas buscan independizarse de facto de España para convertirse en un mero estado asociado, en Puerto Rico existe una corriente de opinión (MRE, Movimiento Reunificación con España) que busca la unificación con la antigua metrópoli para convertirse en una comunidad autónoma como, por ejemplo, las Canarias, recuperando de este modo la Carta de Autonomía concedida por España a Puerto Rico en 1897. Cabe recordar que también Saramago defendía la integración de Portugal y España en una Federación Ibérica. Este siglo XXI todavía nos puede sorprender (aunque es más probable que de la peor manera posible).