A veces uno preferiría no tener razón. Hace tiempo que advertí que el gobierno de Rajoy estaba camino de convertirse en la tercera legislatura de ZP, y de verdad que hubiese preferido equivocarme. Sin embargo, las líneas maestras del gobierno actual se han ceñido estrictamente a la hoja de ruta del socialismo, y no se ha modificado ni una sola de todas las leyes de ingeniería social, perpetuando los ataques a la familia, a la libertad de conciencia y de educación, y heredando entusiasmados desde la alianza de civilizaciones hasta la política antiterrorista. A esto hay que añadir la depredación fiscal –donde han ido más allá del PSOE para acercarse a Izquierda Unida– o el escándalo de Bolinaga y la derogación de la doctrina Parot. No sólo no han cumplido su programa –poder adquisitivo de las pensiones, ampliación de permiso de paternidad–, es que han hecho seguidismo de políticas radicalmente opuestas a las que prometieron a sus votantes.
Traigo esto a colación a causa de las noticias sobre relegar al olvido la elaboración de una ley de aborto en su día concertada con el electorado. Durante los casi tres años en el gobierno, pese a los reiterados anuncios en torno a la inminente aprobación de dicho proyecto, lo cierto es que el Partido Popular ha mantenido en vigor la ley Aído, aquella contra la que presentó recurso en 2010. De este modo, el PP, en lugar de la prometida modificación de la legislación, sigue impulsando la hoja de ruta socialista contra la vida.
El Partido Popular, por lo tanto, acepta que un drama como el aborto se convierta en un derecho, y hace suya esta aberración moral y jurídica. Porque el aborto puede ser un hecho, pero nunca un derecho: el aborto es una tragedia en la que padecen dos seres, la vida que se elimina y la mujer a quien se le practica. Los datos son abrumadores al respecto: las mujeres que abortan sufren una tasa de suicidio y de desequilibrio mental muy superior a la media. La vida protege a la mujer, el aborto la daña; muchas veces, irreversiblemente. Por eso, porque el aborto es un mal para la mujer –y en esto podemos establecer un consenso incluso con el feminismo más radical–, el objetivo debe ser siempre aborto cero. Y no hay otro camino que desarrollar una decidida política de información y de asistencia a la mujer en dificultades, y a la vez elaborar de alternativas reales para la mujer, con la defensa y promoción de la vida como primer objetivo.
En una España, además, que se encuentra en la actual tesitura demográfica, impulsar las políticas contra la vida equivale a un suicidio colectivo: favorecer el aborto es, simplemente, aniquilar el futuro. Lamentablemente, todo esto no parece tener valor alguno frente a los vaticinios demoscópicos de los gurús genoveses, que Rajoy escucha silente, en actitud de reverencial respeto, porque hace tiempo que el PP tributa a los dictados progres una consideración rayana en la superstición.
No puede haber excusas cuando se disfruta de una mayoría absoluta como la que las urnas depararon al PP en noviembre de 2011, una mayoría de electores de los que el gobierno lleva tres años riéndose a mandíbula batiente.
En este terreno lo que nos depara Rajoy es una traición en forma de casi trescientos mil españoles a quienes se ha negado todo derecho, a fuerza de negarles el primero de todos: el derecho a la vida. Ni a ellos ni a las mujeres en dificultades ha concedido este gobierno la menor consideración. Ni se ha planteado ayudar a las mujeres en lugar de abandonarlas a la coacción de su entorno, que, tantas veces, les impone el aborto como única salida. Esa violencia contra las mujeres no le interesa a este gobierno.
Por todo, en términos de moralidad y de legitimidad democrática, hace tiempo que el gobierno de Rajoy y Sáez de Santamaría ha entrado en el reino de la indecencia. Y por eso, aquello de que estamos en la tercera legislatura de Zapatero es, lamentablemente, bien cierto. Ojalá hubiera sido un simple exceso verbal.
Santiago Abascal, secretario general de Vox.