Chávez ni acepta un "no" ni tampoco su derrota electoral. Por eso está sometiendo a sus oponentes, y a los venezolanos en general, a una guerra sin cuartel en varios frentes.
Uno es espolear la ingobernabilidad en las zonas donde ganó la alianza democrática. De ahí el comportamiento vandálico e ilegal que están mostrando los funcionarios salientes del Gobierno del Estado Miranda, de la Alcaldía Mayor de Caracas y del Municipio Sucre de la capital. De manera impune, han destruido y robado bienes propiedad del Estado, así como sus cuentas bancarias. A estos organismos también les acaban de arrebatar arbitrariamente competencias en instituciones que legalmente les correspondían. Por ejemplo, Ávila TV o 22 jefaturas civiles a la alcaldía Mayor, o la Fundación de Transporte y el Hospital Victorino Santaella de Los Teques al Gobierno de Miranda.
Otro frente abierto es el acoso hacia los dirigentes de la oposición, en especial contra Henrique Capriles Radonski y Manuel Rosales. El propio Chávez le ha jurado a este último, alcalde de Maracaibo, no descansar hasta encerrarlo en la cárcel.
Un tercer escenario de batalla es la apertura de otro proceso administrativo-sancionador contra la televisión Globovisión, con el cual se pretende quitar la licencia a ese canal. Un posible cierre de Globovisión sería no sólo ilegal sino que violaría flagrantemente el derecho de libertad de expresión de los venezolanos, ya que ese canal es el único de señal abierta que mantiene una línea de opinión totalmente independiente de la bota de Chávez.
Pero la mayor desvergüenza es la solicitud del mandatario de una enmienda a la Constitución con el propósito de salir reelegido como presidente en 2013 y, de paso, de aumentar aún más sus poderes. Se debe recalcar que esta petición es inconstitucional, dado que propuesta de reforma ya le fue denegada por una mayoría de venezolanos el 2 de diciembre de 2007.
Sin embargo, no parece que haya ninguna institución que se oponga a los deseos de Chávez, por lo que los venezolanos tendrán que votar esta enmienda en los primeros meses de 2009, antes de que la economía comience a hundirse por los bajos precios del petróleo.
Así, el año que viene los venezolanos tendrán que volver a las urnas con el objetivo de desviar la atención de los verdaderos problemas económicos y sociales de la población. Toca a los demócratas exigir un poco de coherencia, coordinación y unidad para impedir ese nuevo asalto a la Constitución y a las leyes.