La quiebra de la representatividad es una de las consecuencias más nefastas de la partitocracia, enfermedad crónica del sistema político español. La democracia es representativa o no es. Cuando ésta necesita de otro apellido —popular, directa, participativa, bolivariana— se convierte en un señuelo para camuflar regímenes autoritarios y totalitarios. Esta es la estrategia que ha adoptado el comunismo tras el derribo del Muro —ese que impedía huir a tiro limpio a los alemanes que vivían en la República "Democrática" Alemana— con lamentable éxito, lo que le ha permitido hacerse con buena parte de Iberoamérica y este es precisamente el riesgo que se cierne sobre nuestra Nación. La toma del poder ya no precisa de revoluciones con turbas de desarrapados en las calles ni milicianos armados con kalashnikov, sino que es un proceso mucho más sofisticado y, por tanto, peligroso y difícil de detectar. Bien lo sabe la alianza de la izquierda totalitaria, Podemos ya lo ensayó en Venezuela, con un Sánchez dispuesto a lo que haga falta con tal de mantenerse en el poder y los separatistas, conscientes de que liquidar la Monarquía parlamentaria es condición sine qua non para su objetivo fundacional, que es destruir la Nación española. En este contexto, que los diputados de UPN, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, se negasen a participar en el apaño inmoral de su partido con el Gobierno para apoyar la reforma laboral es de una enorme importancia.
La ‘disciplina de voto’ será usada como anatema contra ellos por el ejército de columnistas, politólogos y 'expertos' varios que ejercen de esbirros de este maldito Gobierno. Hay incluso quien nos llama "majaderos" por elogiarlos. Es cierto que es una institución tradicional en los sistemas parlamentarios. Su origen se explica para evitar los casos de transfuguismo o directamente los sobornos para comprar votos. Se alegará que al votar listas cerradas y bloqueadas, sobre las que se asienta la partitocracia, son los partidos los representantes de la voluntad popular y no los diputados. Es legal y tenía sentido en otro contexto histórico y en sociedades muy diferentes a las actuales, pero ha derivado en una perversión del sistema representativo que convierte a los parlamentarios en meros monigotes y lejos de salvaguardar la voluntad popular es una amenaza para la misma. Lo sucedido este jueves en el Congreso es un ejemplo paradigmático: Sayas y Adanero no son unos tránsfugas que vendieron su voto al mejor postor, sino todo lo contrario. Fue su partido el que aceptó un soborno para votar algo que va claramente en contra de la voluntad de sus votantes y en un ejercicio de dignidad que resulta insólito hoy en día en la política española, Sayas y Adanero votaron lo que en conciencia entendían que esperaban de ellos sus representados. Ejercieron de representantes de la soberanía nacional, que es lo que tiene que ser un diputado. Aún poniendo en riesgo su carrera y sus intereses personales, que fuera de la política hace mucho frío. Su heroico proceder va mucho más allá de la votación de la reforma laboral. Y es que el único sistema, hasta el momento no conocemos otro mejor, que articula una sociedad libre y abierta es el representativo.
La cacicada criminal de Batet permitió que se aprobase una ley con más votos en contra que a favor, pero hay que leer y escuchar que el peligro para la democracia son Sayas y Adanero. Tiene bemoles. Lastimosamente en los restos de lo que en su día fue Ciudadanos no queda ni un solo diputado con la altura moral de los dos navarros. Que un partido que se dice liberal y así se presenta ante la sociedad para pedir el voto apoye una reforma que va exactamente en sentido contrario del 'contrato' que suscribieron con sus electores es una estafa, que será glosada como "un ejercicio de responsabilidad" por este gremio periodístico en el que no cabe un tonto más, mientras señalan con el dedo acusador a los diputados navarros, que han de ser expulsados de la democracia.
Lo que realmente es un ataque a la democracia es que a unos señores que no representan a nadie e incluso tienen severas dificultades para representarse a sí mismos como Garamendi, Unai Sordo y el de la UGT, que no sé cómo se llama, se les conceda la prerrogativa de decidir cómo ha de ser la regulación del mercado laboral, por encima del Congreso, sede de la soberanía nacional. Las leyes han de debatirse, votarse y aprobarse o rechazarse en el Parlamento, sólo ahí se expresa la voluntad popular. Los sindicatos y la patronal únicamente representan a su afiliación, tan escasa que si dependiesen de ella, y no de las ingentes subvenciones que reciben, tendrían que cerrar mañana mismo sus lucrativos chiringuitos de tráfico de influencias, que es su verdadera naturaleza. ¿Quiénes son Sordo y Garamendi para decidir nada que afecte a nuestras vidas? ¿Con qué legitimidad? Esto que en España llamamos ‘diálogo social’ tiene su origen en la ‘representación delegada’ del Estado Corporativo, uno de los principales fundamentos teóricos del Fascismo. Resulta paradójico que en estos tiempos en los que todo es antifranquismo en diferido nos digan que tenemos que tragar precisamente con el único rasgo puramente fascista del régimen de Franco: el sindicalismo vertical y el corporativismo gremialista.
El diálogo social en democracia no necesita de ‘agentes’, se circunscribe al Parlamento, que para eso está, para que parlen los representantes legítimos del pueblo español, y como tales actuaron el jueves Carlos García Adanero y Sergio Sayas. Por ello merecen el reconocimiento y la gratitud de este humilde majadero.