Vivimos un momento transcendental para nuestro país. Hay convocadas unas elecciones autonómicas catalanas para el 27 de septiembre, que una extraña coalición electoral quiere que tengan naturaleza plebiscitaria y sirvan para poder declarar unilateralmente la secesión de España.
Este reto al Estado lo fundan sobre un supuesto derecho a decidir de los catalanes. Esta amable expresión –quién podría negar el derecho a decidir a nadie–, que elude hablar de autodeterminación, sin embargo, como expliqué en el libro A favor de España junto a Alberto Gil Ibáñez, esconde falacias que desveladas muestran su profundo carácter antidemocrático.
La realidad es que ningún país democrático avanzado, incluidos los de mayor raigambre federal, introduce en sus constituciones ese derecho. Conviene recordar que el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el año 1869 dictó una sentencia en la que declaró la nulidad de una ordenanza tejana que establecía la secesión porque la Constitución federal de Estados Unidos creaba una unión nacional permanente y no una suerte de liga disoluble al capricho o conveniencia de una de sus partes.
Tampoco el derecho a decidir viene reconocido por el derecho internacional, salvo en los casos de descolonización de un pueblo oprimido o sujeto a ocupación extranjera, y sí el de integridad territorial de los Estados soberanos. La propia Unión Europea en sus tratados reconoce el derecho de sus Estados miembros a garantizar su integridad territorial.
Por otra parte, aceptar el derecho a decidir de los catalanes en exclusiva sobre la independencia de Cataluña implicaría negar a millones de ciudadanos españoles su derecho a decidir sobre su propio país y otorgar a los secesionistas la facultad de decidir quién decide. Es decir, la capacidad de configurar el demos o pueblo soberano.
Asimismo supondría admitir la posibilidad de que unos catalanes puedan hacer extranjeros en su tierra a otros catalanes. En una democracia moderna hay cosas sobre las que no se puede decidir, ni siquiera por mayorías muy cualificadas. Y esta debería ser una de ellas.
Por todo ello, cuando sobre la base de ese derecho se habla de una consulta o de su sustituto, unas elecciones plebiscitarias como el culmen del principio democrático, en realidad se está confundiendo lo que es y lo que significa la democracia. No hay democracia sin reglas y sin que estas se respeten. De forma que, aunque se admitiera constitucionalmente un referéndum como un paso previo para negociar la independencia de Cataluña –que habría que aprobar en todo caso en las Cortes españolas para que todos pudiéramos decidir–, éste exigiría un conjunto de condiciones para que tuviera un mínimo rigor democrático.
El Tribunal Supremo de Canadá fijó esas condiciones en la resolución que sirvió de base a la conocida como Ley de la Claridad: 1) debe haber una pregunta clara y objetiva hecha en un momento que no haya sido elegido de forma interesada o sesgada; 2) los ciudadanos deben conocer previamente las consecuencias del resultado mediante un debate riguroso e informado; 3) debe resultar una mayoría reforzada a favor de la independencia. No basta una mayoría simple, ni siquiera una mayoría absoluta.
Pues bien, en las elecciones del próximo día 27, que pretenden tengan el valor de una (seudo)consulta, no se cumple ninguna de estas condiciones. Para empezar, hay de todo menos claridad sobre lo que se vota. Son unas elecciones autonómicas en las que los ciudadanos de Cataluña están legalmente convocados para decidir sobre el Parlamento y el Gobierno que dirigirá su educación, sanidad…. y, sin embargo, la lista de Mas pretende que se vote para que ese Parlamento decida sobre la secesión de Cataluña, para la cual no tiene competencia. Se está confundiendo a los catalanes deliberadamente.
En cuanto al momento elegido, son unas elecciones adelantadas, convocadas por el actual presidente cuando más le ha interesado para lograr su objetivo secesionista. Son, además, la culminación de un proceso de cambio de la realidad social que se inició hace más de 30 años con el establecimiento de una educación ideologizada, unos medios de comunicación y culturales subvencionados al servicio de las tesis nacionalistas, un discurso de estigmatización de España y una presión constante sobre muchos catalanes no nacionalistas que ha hecho que muchos de ellos se hayan acabado yendo o hayan permanecido callados, atemorizados por una espiral de silencio. Un proceso que se ha acelerado en los últimos años, aprovechándose de la crisis de España.
Tampoco se puede decir que haya un debate informado. Al revés. Los secesionistas repiten, entre otras falsedades, que Cataluña se mantendría en la UE, que no habría problemas de deuda, que sus pensionistas cobrarían pensiones superiores a las de ahora. Y no explican que habría nuevas fronteras, que saldrían de la UE, que tendrían problemas económicos, que quizás tampoco Cataluña mantendría su integridad territorial, ya que podría haber ciudades u otros territorios que preferirían seguir siendo parte de España.
Por último, como muestra definitiva de su voluntad antidemocrática, los secesionistas están dispuestos a declarar unilateralmente la independencia solo con tener mayoría de escaños, incluso aunque no tengan mayoría de votos.
Se mire por donde se mire, detrás de la propuesta plebiscitaria hay una voluntad profundamente antidemocrática, plena de falacias y manipulación social, que recuerda los peores momentos vividos en Europa. Por eso es tan importante explicar la verdad y no dejar que triunfen. Vamos a ello.