En la década de los 90 del siglo pasado se abrió un debate político y jurídico en torno al denominado "deber de proteger" como fundamento legitimador de intervenciones militares internacionales cuya legalidad, en base al sistema de seguridad colectiva de Naciones Unidas, era insuficiente o abiertamente inexistente. El ejemplo más significativo fue la intervención de la OTAN en Kosovo en 1999 sin mandato alguno del Consejo de Seguridad. En esa ocasión el argumento político fue la necesidad de proteger a la población albano-kosovar que estaba siendo deportada o asesinada por las tropas serbias. Bien es verdad que dicho argumento contaba con el apoyo incondicional de las opiniones públicas mayoritarias en los países occidentales y ello reforzaba políticamente a los gobiernos democráticos de Estados Unidos y Europa en su decisión de violar la legalidad internacional.
Tres lustros más tarde, la franja palestina de Gaza está siendo sistemáticamente destruida y su población diezmada por las tropas israelíes y ningún gobierno europeo, y mucho menos Washington, enarbola el deber de proteger, no ya para legitimar una intervención militar internacional, que debería poner fin a la destrucción sistemática y las matanzas que está practicando Israel, sino ni tan siquiera para concertar tímidas medidas de sanción contra dicho país como las que ya están aplicando a Rusia por su apoyo a los rebeldes ucranianos.
Sin duda la población civil de Gaza y en menor medida la israelí, están siendo rehenes tanto de la violencia indiscriminada del Tzahal como de la que practican las milicias de Hamás. Ambos, al mismo tiempo que justifican sus acciones armadas en nombre de la defensa de sus respectivas comunidades, no dudan en sacrificarlas en un enfrentamiento armado a todas luces cruel, ilegal, injusto y, sobre todo, política y estratégicamente inútil.
En efecto, más allá de las declaraciones y argumentos oficiales del Gobierno de Netanyahu sobre las causas inmediatas de la intervención israelí (el secuestro y asesinato de tres ciudadanos así como el desmantelamiento de los túneles construidos por los palestinos) el principal objetivo estratégico es la destrucción de las infraestructuras y edificios civiles que dejen en la ruina a la población de Gaza y que les obligue durante los próximos años a dedicar sus esfuerzos a la reconstrucción en lugar del desarrollo social y económico. De este modo Israel adquiere un dominio decisivo sobre el futuro de esta población palestina a través del control absoluto que ejerce tanto de las importaciones básicas como de los recursos financieros que entran en la franja.
Desde el punto de vista político, el Gobierno israelí busca romper el acuerdo alcanzado entre Hamás y la Autoridad Nacional Palestina, gracias al cual el Estado Palestino estaba logrando importantes reconocimientos en los foros internacionales al intervenir con una sola voz y con una única representación. Para ello busca enfrentar no sólo a los dirigentes de ambas formaciones sino que también aspira a incrementar la deslegitimación de Hamás ante su propio pueblo. Al mismo tiempo, intenta afianzar el apoyo popular de los sectores israelíes más conservadores a la coalición del Likud, aprovechando el entendimiento con el presidente Rivlin, recientemente electo y perteneciente a esta formación.
Por lo que se refiere a Hamás, su objetivo estratégico es mantener un enfrentamiento armado a largo plazo que traslade a la población israelí la percepción colectiva de vulnerabilidad permanente, al tiempo que obliga al Estado a destinar importantes recursos humanos y financieros a una defensa cada vez más insostenible. De acuerdo con esta estrategia, el lanzamiento de cohetes, los atentados terroristas, el secuestro y asesinato de civiles y militares o la incursión de pequeñas unidades guerrilleras en territorio israelí son actuaciones necesarias que deben ir acompañadas del adoctrinamiento, el control y, como está ocurriendo ahora, el sacrificio de la propia población palestina de Gaza.
Desde su perspectiva política, Hamás busca tanto consolidar su dominio absoluto de la franja de Gaza frente a la facción palestina de Al Fatah, como provocar las reacciones militares indiscriminadas del Gobierno israelí que vayan minando su reputación internacional, especialmente en Estados Unidos y Europa, y con ello se vaya debilitando su posición diplomática de cara a una futura negociación que los líderes palestinos como Jaled Meshaal contemplan a muy largo plazo. A diferencia del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás (Abu Mazen), que mantiene la necesidad de una negociación permanente con el Gobierno israelí, la dirección de Hamás rechaza esa opción por considerar que el cese de hostilidades refuerza la posición de Israel y debilita al pueblo palestino, especialmente en Gaza, debido a las condiciones de precariedad existencial en las que se encuentra sumido. Curiosamente Hamás mantiene en la actualidad la misma estrategia armada y la misma lógica política que logró entre los años 60 y 90 del siglo pasado convertir a Al Fatah y a su líder, Yaser Arafat, en el núcleo dirigente de la OLP.
Frente a la contundencia de estas estrategias militares y de estos intereses políticos, el discurso del deber de proteger promovido por las potencias euro-atlánticas se vislumbra vacuo y estéril si no va acompañado de la voluntad de ejercerlo incluso mediante una operación de imposición de la paz. Esta opción actualmente resulta imposible en el caso de Gaza, ante el veto seguro de Estados Unidos y, probablemente, de algún otro miembro permanente en el Consejo de Seguridad. Israel lo sabe y Hamás también.
Rafael Calduch es catedrático de Relaciones Internacionales y socio de International Political Risks Analysis S.L.