Dice Piqué que los resultados del referéndum no se deslegitiman “desde el punto de vista jurídico (a espera de lo que diga el tribunal constitucional), pero sí político”.

Es más bien al revés. El Estatuto es anticonstitucional y el referéndum ilegal. Por lo tanto carecen de legitimidad. Son actos despóticos, golpistas, aunque los disfracen con algún ropaje seudolegal. Y el tribunal constitucional está manipulado por los enterradores de Montesquieu. Al ocultar estas evidencias, Piqué colabora con el golpismo y con la quiebra de su propio partido –de momento en Cataluña–, programada por los nacionalistas.

Un acto golpista es un acto de fuerza, y su efectividad se mide por ella. Dado desde el poder, y con apoyo casi unánime de los medios de masas, su fuerza es evidente. No obstante precisa también un remedo de legitimidad, una fuerza moral, porque la fuerza desnuda no se admite hoy en ninguna sociedad civilizada. Ese remedo vendría del apoyo popular. Y eso es lo que no ha logrado la Infame Alianza, pese a haber puesto en juego tales recursos e intimidación. La mayoría de los catalanes se ha desentendido del fraude. Ahí está el talón de Aquiles de los liquidadores de la ley. Su apoyo popular es escaso, su fuerza mucho menor de la aparente, y la resistencia a ellos crece.

La gran mayoría de los españoles quiere una España unida y democrática. Un fuerte partido constitucionalista volcado en explicar la situación al pueblo habría acorralado a los golpistas hace tiempo. En cambio los actuales líderes del PP han preferido entrar en el juego, eso sí, haciendo mohínes y gestecillos de protesta. Con ello engañan y defraudan a una gran masa de su electorado, y someten a su propio partido a unas tensiones que difícilmente podrá soportar.

Todo dependerá ahora de la capacidad de los demócratas, en Cataluña y el resto de España, para articular un movimiento en defensa de la Constitución. Esa es la tarea del momento.