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Hace años señalé que Rajoy es solo muy poco menos proetarra (y pro separatista, y manipulador, y carente de cualquier honradez democrática) que Zapo. Lo cual sorprendió a la multitud de incautos ansiosos de ser engañados que componen el grueso de los votantes del PP. No fui a la manifestación del sábado pasado, sabiendo que ese partido estaría presente. Pues por di por descontado que sería una manipulación como aquella otra con la que llevó a la disolución el movimiento cívico dirigido por la AVT de Alcaraz. Después, el PP rajoyano se las arregló para neutralizar a la AVT y para unirse al gobierno delincuente de Zapo en “la política antiterrorista”. El propio Alcaraz cae a veces en la trampa semántica y habla de denunciar la política “antiterrorista” del gobierno.
Ya hace tiempo expresé mis reticencias a la manifestación, sospechosamente convocada después del éxito inesperado de la de Alcaraz. Tal como la ETA hace treguas-trampa, el PP apoya o promueve de vez en cuando manifestaciones-trampa. ¿Dónde estaba esa trampa? El PP proclamaba que la manifestación no era contra el gobierno, sino contra la ETA, y la pancarta lo decía. Pero en un país democrático se supone que la gran mayoría del pueblo está contra el terrorismo y no hace falta que lo exprese, porque solo se trata de luchar contra él, y para eso está el gobierno con sus medios prácticos. Es difícil concebir algo más irrisorio y tramposo que una manifestación contra la ETA. La manifestación solo puede ser contra un gobierno que en lugar de combatir a la ETA colabora con ella, que la ha legalizado, le ha dado dinero público, proyección internacional, atacado a las víctimas, justificado el asesinato como forma de obtener recompensas políticas y diseñado, en obsequio a los terroristas, unos “estatutos de segunda generación”, a un paso ya de la balcanización de España. Jamás había contado la ETA con colaboradores como los gobiernos de Zapo secundados por un PP que afirma que el gobierno “sigue por el buen camino” y quiere convencer a la gente de que no hay nada malo en una política “antiterrorista” consistente en dar a la ETA casi todo lo que pide y en destrozar el estado de derecho y la unidad nacional. Tenemos algunas muy ligeras excepciones. Ignacio Cosidó echó en cara a Rubalcaba el caso del bar Faisán. ¿Sólo eso? Y Cayetana Álvarez de Toledo hizo suyo el grito de "Zapatero dimisión". ¿Dimisión? “Zapatero al banquillo” debería ser el grito. Porque la colaboración en gran escala con banda armada es un delito. Entre otros cometidos por este gobierno.
** Rajoy: "El PP no quiere líos, ni discordias, ni problemas". El “mandado” (¿quién le mandará?) quiere decir que está dispuesto a tragar con todo lo que imponga el PSOE o la misma ETA. Por la “paz”, como Zapo, nada de líos. Y “mirando al futuro”, no sea que el pasado nos enseñe alguna lección penosa. La política española estos últimos siete años puede resumirse en un duelo de cretinos: el cretino iluminado y listillo y el acomodaticio-futurista de la nena angloparlante. Este último podría ser incluso peor que Zapo. Si llega al poder, que empieza a no estar tan claro, claudicaría ante cualquier chapapote que le montaran, para “evitarse líos”. Si es que no se adelantaba a los deseos de la izquierda, no fuera a haber “discordias”. Muchos creen que está acomplejado. Yo creo que no, que es así de mequetrefe. El problema es que ni en su mismo partido se le ve alternativa.
Algunos dicen que el voto al PP es el único útil, y que cualquier otro se pierde. Pero el voto al PP es perfectamente inútil, una pérdida de todo. España necesita algún otro partido con fuste e ideas claras de regeneración democrática y unidad nacional. Incluso para los que creen que el PP representa el “voto útil” es lo mejor, porque seguramente estimulará a unos votantes convencionalmente llamados de derecha, que normalmente se abstienen. Entre los dos podrían sumar muchos más votos contra nuestras antidemocráticas izquierdas y separatistas.
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Escribe Alberto Recarte en su último libro, de obligada lectura y reflexión:
“Los jueces y magistrados son, a nivel personal, independientes y responsables de sus actos, pero el funcionamiento de los juzgados y los tribunales, desde el de menor orden hasta el Tribunal Supremo, dependen del poder ejecutivo. El gobierno nacional y los gobiernos autonómicos deciden cuántos juzgados hay en cada materia, cómo se financian, qué personal tienen y cómo se designa a esos funcionarios administrativos. Por su parte, los sindicatos intervienen en la selección del personal de cada juzgado, aplicando los criterios que les interesan. Ni los jueces ni los magistrados tienen capacidad para decidir quiénes son sus subordinados, ni qué juzgados habría que reforzar, ni qué inversiones hacer, ni con qué presupuestos cuentan, ni qué sistema informático se instala, ni si ese sistema es compatible con los de otros juzgados ni con los de otras autonomías. Los jueces y magistrados tienen el poder de dictar las sentencias. El Ministerio de Justicia y las consejerías de Justicia de las autonomías, junto con los sindicatos, son los que ponen los límites a esa capacidad, y los que aseguran o impiden el ejercicio de la función judicial”.
He aquí un buen resumen de una situación en la que la independencia de la justicia es ilusoria por depender en tan gran medida de los partidos. Pero, ¿de qué partidos?:
“Los partidos mayoritarios entonces, la UCD, en la que se integraron los franquistas evolucionados, los políticos liberales, conservadores y parte de los socialdemócratas, y el PSOE, que representaba los valores de la Europa socialdemócrata…”
No me parece que esta descripción esté muy de acuerdo con la realidad histórica. Pero lo esencial es lo que sigue:
“(Dichos partidos) desconfiaban de los jueces, de las iniciativas populares, de los cambios de opinión del electorado y de un Consejo General de Poder Judicial y un Tribunal Constitucional independientes”.
¿Y por qué desconfiaban? Porque ninguno de ellos era realmente democrático. Y siguen sin serlo, ni por sus convicciones ni por su funcionamiento interno. Y esta contradicción ejerce una permanente corrosión tanto del sistema democrático como de la propia unidad y estabilidad nacionales.
No cabe duda de que las versiones corrientes de la transición, casi todas demasiado cortesanas y oficiosas, deben ser revisadas a fondo, tarea que modestamente he emprendido con La Transición de cristal.
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Observaciones al texto de Nueva historia de España del hilo anterior sobre el poder
a) manuelp señalaba que en la república romana el poder máximo lo ejercían dos cónsules nombrados anualmente, lo que desmiente la idea de que todo régimen entraña una monarquía. Es una excepción interesante porque, además, funcionó durante largo tiempo (también los espartanos tenían dos reyes), pero una diarquía se parece mucho a una monarquía. Era una forma de división del poder, y en la práctica había seguramente un cónsul que por su personalidad más fuerte prevalecía sobre el otro. Y con el tiempo fueron perdiendo funciones, hasta quedar como cargos honoríficos bajo el Imperio. Los triunviratos, en cambio, fracasaron enseguida.
En la búsqueda de un sistema de poder más armónico y estable, el sistema más fructífero hasta ahora ha sido la llamada democracia, muy reciente en la historia. Pero su nombre engaña. No hay tal “poder del pueblo”, pese a las solemnes declaraciones: ni los padres de la Constitución useña eran “el pueblo” ni el poder es nunca “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, expresión ya sospechosa por lo redundante. ¿Sobre quién ejercería el pueblo ese poder? Forzosamente lo ejerce una fracción del pueblo –sus representantes u oligarquía—sobre el conjunto popular. Hasta en las democracias más asamblearias, como la ateniense, el poder lo ejercía una fracción sobre la opinión contraria, y los asistentes a las asambleas componían normalmente solo una parte de los hombres libres. Ello es natural: contra la creencia o el deseo de algunos utopistas, la política activa atrae a pocos; la población común, absorbida por otros muchos intereses, desea más bien que la “clase política” garantice unas condiciones tolerables de orden, justicia y seguridad frente a amenazas externas. Una democracia stricto sensu sería una sociedad ultrapolitizada y por ello convulsa. En realidad, democracia significa limitación, división y control del poder. (Nueva historia de España, p. 22)
b) Cabe añadir que el público común no solo suele sentirse poco atraído por la política activa, salvo momentos excepcionales, debido a sus obligaciones e intereses, sino que también, y por lo mismo, tiene ideas muy rudimentarias de los asuntos que se refieren al conjunto de la comunidad (desde las relaciones exteriores a la política económica, los problemas militares o el pensamiento político en general –esto no significa que la clase política sea especialmente experta en tales asuntos). En teoría, el poder vela por esos intereses comunes, y tal es su justificación, responda a ella en la práctica o no. Pues si no hubiera diferencia u oposición entre los intereses públicos y los privados, el poder carecería de objeto, sería totalmente innecesario y no podría mantenerse mucho.
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****Sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo. Más que sin miedo, sin vergüenza, o sea, con mucha jeta. Habría que ver el valor de esos señoritos furiosos si no disfrutaran de tantos privilegios, facilidades e impunidades. Una juventud botellonera y telebasurada, festejadora de san Canuto, propulsada por unos políticos a tono. Nada nuevo. Hay ciclos de generaciones así, véase si no a Hipócrates: "Los jóvenes de hoy no parecen tener respeto alguno por el pasado ni esperanza en el porvenir."
****EEUU vuelve a acusar a Cataluña de vulnerar los Derechos Humanos ¿A Cataluña? Querrá decir a los políticos catalanes, todos nacionalistas y antiespañoles, desde el PP a la Esquerra. Pero ellos no son Cataluña, que siempre ha sido y mayoritariamente sigue sintiéndose española, a pesar del complot casi generalizado de los políticos contra ella. ¿Por qué caemos siempre en las trampas semánticas de esa gente?
****Señor Moa: ¿se atreverán los pastores de Porriño con los magníficos artículos del señor Rallo sobre economía? PDG.
****Escocia no es una nación, aunque lo fue en el pasado. Ni Vascongadas ni Cataluña ni Galicia fueron nunca naciones.