Coincidiendo con la bomba del terrorismo separatista contra una inmobiliaria en Cangas, frente a Vigo, "la diputada del PP Beatriz Rodríguez-Salmones considera que la Xunta de Galicia trata de manera privilegiada a los hijos de los militares que son trasladados a esa comunidad desde otra en la que también existe una lengua cooficial. Por eso, ha preguntado al Gobierno central si también va a adoptar esa medida para los hijos de quienes tienen otra profesión.
Hace dos meses, el Ministerio de Defensa firmó un convenio con la Consejería de Educación gallega por el que cedía a la Xunta, durante 75 años, el uso de un colegio de educación infantil y primaria de El Ferrol, que es propiedad del Patronato de Huérfanos de la Armada.
En ese convenio se indica que los alumnos que lleguen allí procedentes de otras comunidades autónomas en las que existe una lengua cooficial no tendrán que cursar la asignatura de lengua gallega.
La diputada Rodríguez-Salmones ha preguntado al Ministerio de Defensa, para recibir respuesta por escrito, qué motivos ha tenido en cuenta para introducir esa cláusula en el convenio de colaboración".
¿Qué es el PP, realmente?
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www.minutodigital.com/actualidad/2007/11/13/la-democracia-en-regresion/
Decía Jean-François Revel con mucho acierto que en Europa operaba plenamente la cláusula del totalitarismo más favorecido, de manera que los mismos comportamientos que no se toleran en el fascismo, se toleran con el comunismo.
Lo ocurrido con el homicidio del activista radical en Madrid, y la reacción mayoritaria de los medios de comunicación es un claro ejemplo de ello.
Resulta que un grupo de radicales de ultraizquierda se dedica a reventar sistemáticamente los actos que convocan grupos de la denominada ultraderecha, cuya ideología puede gustar o disgustar, pero que hay que respetar mientras se manifieste pacíficamente, y los medios de comunicación aplauden a los reventadores.
Evidentemente la reacción lógica de quien respeta las reglas del juego democrático es condenar a quien atenta contra el derecho fundamental de libertad de reunión y expresión, que son estos grupos de radicales de izquierda violentos, como al que pertenecía el fallecido, -que no lo olvidemos, a eso iba, a provocar incidentes- no los convocantes de una manifestación legalmente autorizada.
No se trata de una guerra de radicales como ha apuntado algún medio de comunicación. Ningún ultraderechista acude a reventar las manifestaciones de la extrema izquierda, sino de que unos energúmenos acuden a provocar incidentes violentos en los actos de otros cuya ideología no toleran. Algo que atenta contra los principios esenciales de la convivencia democrática. Es por tanto contra estos grupos contra quienes hay que cargar e intentar desarticular en aras de evitar nuevos episodios como el sucedido en Madrid. No premiar su intolerancia y comportamiento violento intentando prohibir las manifestaciones que pretenden reventar.
¿Si ERC, rinde homenaje a Companys, el BNG a Alexandre Bóveda, Izquierda Unida a la Pasionaria, el mismo PSOE a Largo Caballero o Indalecio Prieto, resulta que Falange no puede recordar a José Antonio, porque unos radicales amenazan con ir a crear incidentes? Desde luego todos se equivocan al mirar al pasado, pero si resulta que unos tiene derecho a equivocarse y otros no, según la ideología o bando del recordado, ¿entonces qué clase de democracia es esta? Y si se acude a la disculpa de que se pueden producir incidentes para prohibir las manifestaciones relacionadas con el 20-N, simple y llanamente estaremos dando el argumento perfecto a los radicales, sean del signo que sean, para que cada vez que quieran impedir el derecho de reunión del contrario acudan a la violencia para impedirlo.
Quizás tanto demócrata de boquilla debería recordar las palabras de Voltaire: "yo podré no estar de acuerdo con lo que usted dice, pero estoy dispuesto a defender hasta el extremo su derecho a decirlo".