Es sorprendente que aún no se haya lanzado una campaña de concienciación ciudadana sobre el carácter profundamente antidemocrático y filofascista de los diccionarios.
Porque, vamos a ver, ¿acaso hay algo más reaccionario que un elitista club de 46 individuos, mayoritariamente hombres de avanzada edad, que se reúne en uno de los barrios más exclusivos de Madrid para decidir cuál es el significado de las palabras y, también, la forma correcta de expresarse en lengua castellana? ¿Ha otorgado el pueblo a estos 46 su facultad normativa? ¿No es este un ejemplo de libro de los de arriba sometiendo a los de abajo?
Es importante recordar, en este contexto, que España siguió en 1713 la tradición dirigista francesa al crear un marqués (no podía ser de otra manera…) una Real Academia Española para "fijar las voces y vocablos de la lengua castellana en su mayor propiedad, elegancia y pureza". La tradición anglosajona, en cambio, abomina de la idea de un organismo oficial encargado de regular un sistema de orden espontáneo como es la lengua; por ello, no hay ninguna academia de la lengua inglesa. La tradición intervencionista y reguladora española es vieja y tiene tendencia a retroalimentarse. Es decir, resuelve sus problemas con más de lo mismo. El acto reflejo ante cualquier disfunción de la regulación existente es exigir más regulación. Esto es lo democrático. La lógica Logse de resolver problemas educativos imponiendo una regulación que nivele por abajo debería llevar, en algún momento, a exigir la democratización de la RAE.
Esta democratización pasaría, inicialmente, por la revisión de los métodos de elección de sus académicos. Ahora adolecen de una falta absoluta de conciencia social. Habría que introducir cuotas que reflejasen la realidad social del Estado español. En virtud de ello, se debería favorecer la entrada en la RAE de representantes de los agentes sociales, es decir, de los sindicatos. Si la RAE se financia con fondos públicos, ¿por qué no seguir el modelo, por ejemplo, de RTVE? Las votaciones de la RAE, además, deberían dar paso al mucho más democrático proceso del consenso. Gracias al consenso, los representantes sindicales se convertirían en los guardianes de lo social en los procesos de toma de decisión de la RAE.
Pero, más importante aún que la organización interna de la RAE, sería la necesaria revisión de su labor. Porque, ¿quién es nadie para negar el derecho a decidir de cualquier ciudadano para expresarse como crea conveniente? ¿Por qué no van a ser intercambiables las expresiones haber y a ver, si una proporción altísima de la ciudadanía las confunde? Si la voluntad del pueblo es suprema, ésta se debe ver reflejada en todos los ámbitos de la vida, incluyendo, por supuesto, el de la lengua. La igualdad exige que nadie sea más que nadie. Por ello, toda discriminación que favorezca a los que se expresan correctamente en castellano en perjuicio de los que no lo hacen debería desaparecer inmediatamente. ¡Acabemos con la discriminación lingüística entre españoles!
Todas las reglas gramaticales, sintácticas y ortográficas debieran, pues, ser democratizadas. Es decir, abolidas. Como símbolo de unas reglas lingüísticas que nadie ha votado y que, sin embargo, los de arriba han querido imponer desde tiempos inmemoriales, una nueva regulación de la RAE aboliría todos los diccionarios (no sólo el propio). Deberían ser retirados de la circulación y su posesión, penalizada con fuertes multas. Su uso acarrearía penas de cárcel. El significado de las palabras y su correcto uso serían decididos en función de las necesidades sociales de cada momento. Así lo exige la igualdad.
Nunca más unas reglas de convivencia que nadie haya votado.
Nunca más unos académicos que impongan su criterio sin conciencia social.
Nunca más los de abajo discriminados por los de arriba.
Si esta lógica le ha parecido absurda, querido lector, es porque lo es. Refleja, sin embargo, la lógica política imperante en España frente a la cual la alternativa liberal es tachada de, pura y llanamente, fascista.