Admiro de la izquierda que jamás detiene sus planes. Los puede aplazar o retrasar, pero no los olvida. Claro, que cuenta con docenas de liberados que se dedican a ellos, sea en los parlamentos, los despachos, o las calles. Mientras tanto, la derecha se dedica, o eso cree, a hacer dinero.
Los derechistas que pensaban hace 20 años que la ‘memoria histórica’ se limitaba a quitar las calles a Franco y sus generales ya están comprobando que se usa contra cualquier español que destaque y no haya sido bendecido por la izquierda.
El PSOE, que quería la ruptura en 1976 y tuvo que abandonarla, consiguió que en 2002 en el Congreso el PP de Aznar condenase el franquismo y aprobase la exhumación de fosas comunes; de la responsabilidad de los socialistas en la guerra y de sus crímenes, nada se dijo. Ahí se inició un camino que en estos años se ha recorrido sin dar un paso atrás. Después de seis años de que se presentase la querella contra el ex ministro Rodolfo Martín Villa, éste ha declarado ante la octogenaria juez argentina María Servini, con el respaldo de la Fiscalía española, pero sin comisión rogatoria. Algo absolutamente irregular y sin consecuencias jurídicas… o eso creemos.
Para esquivar el ‘inconveniente’ de la Ley de Amnistía y poder juzgar al franquismo fuera de España, la izquierda recurre a los ‘crímenes contra la humanidad’. Como ya las palabras no tienen sentido, se califica de crimen contra la humanidad, como si se tratara de la matanza de Lídice, a la muerte de un manifestante por la policía. De estos crímenes siempre quedan exentos los coches-bomba que ponen bandas terroristas de izquierdas.
Pero las querellas están tan mal redactadas que se atribuye a Martín Villa la autoría en unas muertes en las que no la tuvo: los sucesos de Vitoria.
Etarras y comunistas, contra un Gobierno incapaz
El 3 de marzo de 1976 la Policía Armada causó tres muertos en un tiroteo en Vitoria. La estrategia de la tensión aplicada por toda la izquierda fue la responsable, unida a la incompetencia del Ministerio de Gobernación. Por esas muertes, nadie, ni sus autores materiales, ni los inductores (los provocadores en las fábricas), ha sido juzgado, debido a las leyes de amnistía.
Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales en el Gobierno presidido por Carlos Arias Navarro después de la muerte de Franco, recuerda (Al servicio del Estado) que en el primer trimestre de 1976 tocaba la renovación de "unos dos mil convenios colectivos y prácticamente todos estaban en negociación el 1 de enero". Por otro lado, la izquierda quería mostrar su fuerza en la calle, a través de Comisiones Obreras y de otros grupos más radicales, como la Liga Comunista Revolucionaria (LCR), la ORT, el Partido del Trabajo de España y el Movimiento Comunista. El periodista Mariano Guindal, que escribió un libro sobre lo ocurrido, resume así la situación (El declive de los dioses):
La dialéctica entre quienes defendían la ruptura y los que querían la reforma se puso al rojo vivo. El primer pulso fue le movimiento huelguista que se manifestó a principios de 1976.
Los primeros meses de ese año vivieron una agitación en las calles y una inflación a la que los españoles no estaban acostumbrados. Mientras tanto, el terrorismo etarra proseguía: entre el 17 de enero y el 1 de marzo asesinó a cuatro personas, una de ellas el alcalde de Galdácano (Vizcaya). El 15 de febrero, unas docenas de militantes del Euskal Sozialista Biltzarra (ESB, que se integró en Herri Batasuna en 1978) trataron de reventar a palos un mitin de Felipe González en Eibar.
Según Martín Villa:
En Vitoria se venía produciendo, desde primeros de año una situación muy seria de desobediencia civil generalizada y de fervor casi prerrevolucionario, en medio de la inhibición de la autoridad gubernativa y con el pretexto de unas determinadas reivindicaciones laborales. Este juicio puede parecer excesivo, no por ello me parece menos preciso.
Una asamblea ilegal y un tiroteo
Lo primero que hay que señalar es que el nacionalismo vasco no estuvo presente en ningún momento en Vitoria: los obreros de Forjas Alavesas, Mevosa, Aranzábal y otras empresas no hicieron huelga por la ‘independencia de Euskadi’, sino por reclamaciones laborales, algunas de ellas alucinantes: jubilación a los 60 años, pago por los empresarios de la cuota obrera de la Seguridad Social y del Impuesto sobre el Rendimiento del Trabajo Personal, abono del 100% del salario en la baja por enfermedad, negociaciones con comisiones elegidas a brazo alzado en las asambleas y vacaciones de 30 días.
Los sindicatos verticales habían sido superados y la representación de los trabajadores la ejercía una coordinadora formada (según Guindal) por sindicalistas de CCOO, la LCR, ETA-VI Asamblea y, sobre todo, las Comisiones Anticapitalistas; UGT era casi inexistente. Desde enero se habían producido en la antes tranquila ciudad tres huelgas generales, manifestaciones y docenas de asambleas, todas ellas ilegales. El número de despidos superó el centenar.
Diversos funcionarios del Estado y personalidades alavesas advirtieron de la situación y de sus riesgos a miembros del Gobierno, como Martín Villa, Manuel Fraga, ministro de Gobernación, y Alfonso Osorio, ministro de la Presidencia.
El 3 de marzo, miércoles de ceniza, se convocó una asamblea ilegal, la número 241 desde enero, en la iglesia de San Francisco del barrio obrero de Zaramaga, con el permiso del párroco. La pequeña dotación de la Policía Armada (unos veinte de los 180 que había en la ciudad, según Martín Villa) que vigilaba recibió la orden de desalojar el lugar y cuando no pudo hacerlo de manera pacífica recibió por radio la orden fatal: "Gasear". La gente salió en masa por los botes de humo arrojados dentro de la iglesia y chocó con los policías, a los que ya estaban agrediendo grupos en el exterior. Los grises usaron sus armas de fuego y mataron a cinco hombres.
A continuación la ciudad fue tomada. Se atacó con cócteles molotov una comisaria y un policía quedó ciego; se levantaron barricadas; y se cortaron las carreteras. Ni julio de 1936 ni octubre de 1934 habían sido tan violentos.
¿Quién mandaba a la Policía?
Fraga había salido para Alemania a dar una conferencia y reunirse con varios ministros la misma mañana del 3; los socialistas españoles, siempre tan patriotas, llamaron a Bonn para que se le boicotease. Arias propuso al resto del Gobierno la proclamación del estado de excepción, a lo que los demás ministros se negaron. Adolfo Suárez, ministro secretario general del Movimiento, sustituía a Fraga al frente de Gobernación. Él se encargó de montar el dispositivo de seguridad para el impresionante funeral (entonces la izquierda no reclamaba funerales laicos).
El día 5 se celebró el funeral por los tres muertos. En él se agredió al obispo de Vitoria, el aragonés Francisco Peralta, al que se llegó a llamar "asesino". En las protestas por la represión murieron dos personas más.
El día 6, una vez que hubo regresado Fraga de Alemania (Arias le había dicho que no suspendiese su viaje), él y Martín Villa fueron a Vitoria en helicóptero, para superar las barricadas. Visitaron a los heridos y tuvieron que escuchar insultos y ver las consecuencias de la inacción gubernamental.
El agitador, un cura obrero
En el Gobierno Civil, se reunieron con los dirigentes aparentes del movimiento subversivo y éstos les replicaron "Haremos lo que diga don Jesús". Se investigó quién era el poderoso y misterioso "don Jesús", y resultó que se trataba de Jesús Fernández Naves, que había dado esos gritos en la catedral. Era un sacerdote, expulsado de México y Argentina que trabajaba como barrendero en Nevosa. De la rama obrera de Acción Católica, había pasado de la piedad y la devoción a la revolución.
En esos meses de inflación, huelgas, terrorismo, agitadores y ‘provocadores’, el principal perjudicado político fue el presidente Arias, que entregó su dimisión al Rey en cuanto éste se la pidió. El segundo fue Fraga, que salió del consejo de ministros para no regresar nunca. Entonces, nombrado por el presidente Suárez, Martín Villa pasó a ser ministro de Gobernación en julio de 1976.
Al año siguiente, se celebraron elecciones generales con participación de partidos revolucionarios y separatistas. A petición de las izquierdas, las Cortes aprobaron la ley de amnistía, la misma que el PSOE y el PCE/IU/Podemos ahora quieren derogar, con efectos retroactivos.
Intuyo que esto no acabará hasta que los ricos españoles, forrados gracias al ‘trabajo esclavo’ y la corrupción franquista, según la vulgata de izquierdas, acepten dotar con docenas de millones de euros un fondo para "las políticas de memoria" y "para la reparación". Y ya sabemos quiénes gestionarán ese fondo, ¿verdad?
Mientras tanto, el PSOE sigue sin devolver ni un céntimo de lo que ha robado a los españoles, desde el oro del Banco de España a los ERE andaluces.