Hace un par de años el historiador Ángel Viñas elucubró que la muerte, el 16 de julio de 1936, en accidente –por imprudencia– del general Amado Balmes, gobernador militar de Gran Canaria, fue un asesinato ordenado por el general Franco para trasladarse a Las Palmas y desde allí a Marruecos. Ahora, con motivo de la campaña de publicidad de un libro, asegura que una "trama civil monárquica" hizo posible el alzamiento nacional.
No es ninguna novedad que había una trama civil de monárquicos organizada para desestabilizar la República y derrocarla, si se daba la oportunidad, como las izquierdas habían derrocado a Alfonso XIII en abril de 1931.
En la II República todo el mundo conspiraba. En el Gobierno provisional, los ministros de izquierdas, desde Manuel Azaña a Indalecio Prieto, boicoteaban las órdenes de Miguel Maura, ministro de la Gobernación. Y por supuesto los monárquicos no iban a ser menos que los republicanos burgueses y los socialistas, que habían infiltrado a traidores en la Administración.
Antonio Lizarza, jefe carlista navarro, cuenta en sus entretenidísimas Memorias de la conspiración el viaje que hicieron a Roma en marzo de 1934 representantes de las dos ramas borbónicas para pedir ayuda, dinero y armas al duce Benito Mussolini. La expedición la formaron el diputado Antonio Goicochea, por Renovación Española, el teniente general Emilio Barrera, de la Unión Militar Española y desterrado en París, y Rafael Olazábal y el propio Lizarza por la Comunión Tradicionalista.
Acuerdo entre los monárquicos y los fascistas
Los monárquicos carlistas y alfonsinos se reunieron el 31 de marzo con Mussolini y el mariscal Italo Balbo y les expusieron sus planes de imponer un rey en España con un ideario tradicional (sin partidos políticos), aunque les reconocieron que no estaban de acuerdo en cuanto al candidato. El régimen fascista italiano quería un tratado de amistad con los nuevos gobernantes españoles, un acuerdo comercial y que, en caso de guerra en el Mediterráneo (Italia chocaba con Francia sobre Túnez y las fronteras de su colonia de Libia y reivindicaba Niza y Córcega), éstos denunciasen el tratado secreto suscrito con París por la República, de modo que "las tropas del Impero francés no pudieran cruzar España". Los italianos darían a los españoles dinero, armas e instrucción militar a varias docenas de jóvenes.
Los españoles suscribieron con Balbo una nota verbal y un acta, donde se detallaban los compromisos de ambas partes. El 1 de abril, el Gobierno italiano entregó 500.000 pesetas a los españoles "para gastos del preparación del movimiento" y posteriormente un millón más. Sobre las armas, el volumen era el siguiente: 10.000 fusiles, 10.000 bombas de mano y 200 ametralladoras. Pero estas cantidades de dinero y armamento sólo tenían "carácter inicial" y se aumentarían "a medida que la tarea realizada lo justificase y las circunstancias lo hicieran necesario".
Lizarza y sus carlistas pasaron gran parte de esas armas de contrabando por los Pirineos y las ocultaron por toda Navarra, incluso en algún convento. La revolución de octubre de ese año, desencadena por las izquierdas y ERC con la excusa de la entrada en el Gobierno de tres ministros de la CEDA, el partido ganador de las elecciones de noviembre de 1933, no sólo dio argumentos a los conspiradores, sino que acrecentó su ánimo. Con esos fusiles se armarían las columnas carlistas que salieron de Pamplona en julio de 1936. "Había más brazos que armas", escribió Lizarza.
Además, la Comunión envió varias expediciones de jóvenes requetés a Italia, en grupos de dieciséis, para ser instruidos en el uso de las bombas de mano, las ametralladoras y los fusiles, de modo que a su regreso pudieran adiestrar a otros. Los carlistas eran recibidos por militares italianos, se les hacía pasar por oficiales peruanos en viaje de prácticas y se les llevaba al campo de aviación de La Dispoli, cerca de Roma.
Pero no eran sólo los monárquicos los que introducían armas en España para matar españoles. En esos mismos meses, los socialistas, encabezados por Indalecio Prieto, hacían otro tanto, ya que preparaban su sublevación, que ellos llamaban huelga general. En septiembre de 1934, las autoridades descubrieron el alijo del barco Turquesa, desembarcado por socialistas, comunistas y ugetistas en la costa asturiana.
Intervención de Alfonso XIII
No fue esa la única actuación de "la trama civil monárquica". En cuanto se vio que el alzamiento había fracasado en las principales ciudades y que el Gobierno del Frente Popular movilizaba y armaba a sus milicias, el general Emilio Mola envió a Juan Ignacio Luca de Tena a Roma y al marqués de Valdeiglesias a Berlín (los dos, monárquicos vinculados a Acción Española), para suplicar a los Gobiernos respectivos la entrega de unos pocos aviones de guerra, de fusiles y de cartuchos. El conde Ciano, ministro italiano de Asuntos Exteriores, aceptó hacer el envío, pero los aviones irían en barco, con lo que llegarían demasiado tarde a la zona rebelde. Entonces Luca de Tena y Pedro Sáinz Rodríguez, otro conspirador que se había unido a Luca de Tena, corrieron en busca del único que, en palabras de Ciano, podía persuadir a Mussolini para que cambiase la orden: Alfonso XIII.
Los conspiradores volaron en un avión particular de otro camarada a Checoslovaquia, ya que el exrey se encontraba cazando en el castillo de los Metternich, cuya viuda, Isabel de Silva, era española. Aterrizaron en Pilsen y, después de ser detenidos por la Policía checoscolovaca ("que ya era semicomunista", según Luca de Tena), se reunieron con Alfonso XIII y le plantearon la urgencia de su intervención. Alfonso llamó personalmente a Mussolini: los aviones fueron volando a Burgos.
Quince años antes, los monárquicos, empezando por Alfonso XIII, eran liberales: creían en el turno de partidos, las elecciones y la Constitución. El rey destituyó a Antonio Maura porque contra éste se había reunido todo el régimen, incluidos los socialistas. Pero en la Europa de entreguerras la radicalización también les afectó.