Muchos piden la dimisión de quien va perfilándose como uno de los peores ministros del Interior de la democracia española desde 1978, Fernando Grande Marlaska. No es que sea peor en el sentido técnico de la palabra, que vaya usted a saber. Lo que es peor en él, como lo fue en otros casos anteriores, es la inconsecuencia moral. No sabemos en qué momento de la ruta se cruzan los cables y el juez traiciona su respeto debido a la ley abusando de la discrecionalidad que permite el poder político. De ahí a la prevaricación, y al delito en general, sólo hay un paso.
Pero en la reciente sentencia de la Audiencia Nacional se habla de otra instancia responsable de la destitución y cese del coronel Pérez de los Cobos. Se trata de la directora general de la Guardia Civil, la malagueña de destino María Gámez, que pasó de perder todas las elecciones frente al alcalde de Málaga, el popular Francisco de la Torre, y de ser cuestionada por el aparato socialista andaluz dirigido por Susana Díaz a ser la primera mujer en dirigir la Benemérita.
Tiene gracia que esta María Gámez, la misma que en 2016 votaba a favor de la declaración de persona non grata de Arnaldo Otegui en el Ayuntamiento de Málaga, sea la que asume cómo se arrincona cada vez más a la Guardia Civil en el País Vasco y Navarra mientras su partido, el PSOE, gobierna con el apoyo de Bildu y los herederos de ETA. Es la misma Gámez que exigió a Manuel Chaves y a otros condenados la entrega de su acta de diputado por coherencia con el código ético del partido. Ahora tiene la oportunidad de confirmar su sentido de la ética política y meditar su dimisión inmediata por tratar, según dice la referida Sentencia que puede recurrir, de que un subordinado incumpliera la ley.
El caso es que el magistrado-juez del Juzgado Central Contencioso-Administrativo número 8, Celestino Salgado Carrero, menciona muchas veces el comportamiento de la señora Gámez en el procedimiento que ha declarado nulo el cese del coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid (Tres Cantos-Madrid). De hecho. Se subraya en varias ocasiones que fue la Directora General del Cuerpo la que propuso el cese de Pérez de los Cobos.
Fue ella la que dirigió al Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior la petición de “CESE del destino del Coronel D. Diego Perez de los Cobos Orihuel como Jefe de la Comandancia de Madrid (Tres Cantos-Madrid) por pérdida de confianza de esta Dirección General y del Equipo de Dirección del Ministerio del Interior, por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento.”
El motivo del cese, como es ahora sabido porque se ocultó todo lo que se pudo, fue que el Coronel se negó a informar a la Dirección General y al propio Ministro del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento, cuando la juez instructora había dado instrucciones precisas de no hacerlo por la esencia de la investigación. ¿Cuál era esta investigación? Citar como testigos a personas que habían participado en las manifestaciones del 8-M de 2020, en plena pandemia de coronavirus, para ganar tiempo y evitar contagios.
Esto es, el gobierno quería saber cuál era el alcance y la relevancia de la instrucción de una jueza que había prohibido a la Guardia Civil, en su calidad de Policía Judicial, informar a cualquiera que no fuese ella de sus diligencias. O sea, el gobierno quería que la Guardia Civil desobedeciera a la juez e incumpliera la ley. Por ello, se destituyó al coronel Pérez de los Cobos y tal cese es no sólo responsabilidad de Fernando Grande Marlaska sino muy especialmente de la directora de la Guardia Civil, María Gámez, que, para más abundamiento implica directamente a Moncloa, esto es, a Pedro Sánchez, en el castigo.
A pesar de que se le pidió expresamente que detuviera el cese para que el coronel Pérez de los Cobos pudiera defenderse, Gámez rechazó tal posibilidad diciendo que ”la decisión estaba tomada por Moncloa y se le iba a cesar”. Por tanto a la deseable dimisión del Ministro, debe anteceder la de la Directora General de la Guardia Civil y suceder la del responsable de Moncloa que decidió la destitución. ¿O no? Pero, claro, habrá que esperar a ver qué pasa con el recurso de apelación. O sea, años.