Acaba de conocerse la sentencia del último caso de Invercaria en el que estaba implicado, como acusado, el ingeniero industrial, experto en finanzas y profesor universitario con un extenso currículo profesional, Cristóbal Cantos Sánchez de Ibargüen. Se trata de un bizarro jerezano que un día de hace muchos años, casi diez, decidió denunciar el comportamiento amoral e ilegal de los directivos de Invercaria, una de las empresas públicas señeras del régimen socialista instalado en Andalucía desde 1982.
Invercaria pertenecía al entramado administrativo externo de la Junta que se conoce como Administración paralela que había logrado colocar en su seno a 35.000 personas, según la UGT, sin que hubieran tenido que pasar por las exigencias habituales a que son sometidos los funcionarios de carrera, a veces cobrando mucho más que ellos.
Desde esa atalaya de inversiones, se manejaban cientos de millones de euros de una forma más que arbitraria con el fin de beneficiar escandalosamente, en demasiados casos, a empresas amigas del régimen. Cuando la presión política se acercó a sus directivos, una de ellos, la ex presidenta de Invercaria, Laura Gómiz, decidió justificar las pasadas decisiones irregulares con informes inventados a posteriori.
Cristóbal Cantos fue quien denunció estos desmanes y su completa victoria de ayer -ha quedado absuelto en todos los procedimientos con los que le persiguió la Junta en tiempos del PSOE -, no elimina la tristeza por haber tenido que sacrificar casi diez años de su vida en interminables procesos judiciales. Ha cumplido con su deber de ciudadano y de empleado público pero ha tenido que dedicar muchos recursos y esfuerzos para conseguirlo.
No es el único perseguido con saña tras haber denunciado casos de corrupción. Me acuerdo ahora de Guillermina Bermejo, José Luis Roldán, Teodoro Montes, Jaime González, Roberto Macías o Luis Escribano, (perdón a los demás) por poner sólo algunos ejemplos.
Pero el caso de Cristóbal Cantos, con el que hablé ayer y al que felicité por su victoria moral y su capacidad de resistencia y dignidad, ha sido especial por el encono de la cúpula socialista de Invercaria en arruinarle la vida. Ya conté una vez que Laura Gómiz, ya advirtió al perseguido Cantos que con aquella actitud se iba a enmerdar la vida penal, social, profesional e incluso civilmente. Dicho y hecho.
"Si nos denunciáis, lo primero que perderéis es el trabajo porque os vamos a despedir (lo que hicieron con Cantos). Lo segundo, perderéis la tranquilidad personal y familiar porque os freiremos a demandas judiciales, penales y civiles, como hicieron con Cantos. Lo tercero, os arrancaremos de las entrañas el horizonte profesional impidiendo que encontréis un trabajo digno. Y lo cumplió. Cuando Cantos encontró un puesto de trabajo tras años de paro, el PSOE pidió que que lo echasen.
Y siguió su amenaza: "Lo cuarto, lograremos vuestra imputación y si es posible, vuestra condena por no haber denunciado antes los hechos o haberlos denunciado tímidamente. (En el caso de Cristóbal Cantos, se encontraron motivos de imputación en que el perseguido sólo dedicó medio folio a descalificar unas inversiones que luego Invercaria promovió desoyendo sus advertencias. Cantos fue efectivamente imputado".
Recordemos aquella famosa frase lapidaria que la expresidenta de Invercaria pronunció en las grabaciones que Cristóbal Cantos le hizo como único medio de que la verdad saliera a la luz: "'Si me comprometiera con la ética, no estaría trabajando en esta organización (Invercaria)". Y así era.
Casi diez años después, hay un nuevo gobierno en la Junta del que se ha esperado un cambio mucho más intenso en usos, costumbres y procedimientos de modo que nunca más volvieran a ocurrir los hechos que han teñido de corrupción 36 años de gobiernos socialistas.
De este gobierno y sus socios depende ahora que todos estos hombres y mujeres que han visto sus vidas muy dañadas por haber sido defensores de los comportamientos éticos exigibles en una democracia sana y haber denunciado tropelías, enjuagues, ilegalidades y saqueos del dinero público, vean que su determinación moral valió la pena, que con su conducta han mejorado la salud ética de su comunidad y que, a pesar de sus consecuencias personales, el cambio es posible.
Visto lo visto y sabido lo sabido, no podemos ser optimistas. Si esto sigue así, ¿qué merecerá la pena?