En muchas partes del mundo –en España, y en Iberoamérica desde luego–, hay una clase de cuentos conocidos como los cuentos de nunca acabar. Por ejemplo, el cuento de la buena pipa o el del gato con los pies de trapo y la camisa al revés. ¿Quieren que lo cuente otra vez? Seguramente la Justicia en España ni tiene los pies de trapo ni la camisa al revés, pero hay historias en ella que hay que contar una y otra vez. Una de esas historias es el caso ERE y, no sabemos cuándo, su sentencia.
Cobra actualidad el silencio judicial sobre el caso de corrupción política, social e institucional más importante de la democracia, que tiene procesados a dos presidentes nacionales del PSOE y de la Junta de Andalucía además de exministros y a 19 ex altos cargos de la Junta entre consejeros, viceconsejeros, directores generales y otros además de contar con la complicidad concreta de UGT, CCOO y no pocos empresarios y de alcaldes y concejales relacionados.
Y la cobra porque se teme que vea antes la luz la sentencia del Tribunal Supremo sobre el golpe de Estado en Cataluña perpetrado el 1 de octubre de 2017 y cuyo juicio se ha celebrado a lo largo de este año. Recuérdese que el juicio de la pieza principal de los ERE se celebró a lo largo de 2018 y que desde diciembre de 2018 se está a la espera de una sentencia que, por compleja que sea y la extensión que tenga la causa, lleva un curso académico completo sin dictarse.
Casi nueve meses, ya un parto en roda regla y sin duda, llevan deliberando los tres magistrados componentes del tribunal que juzgó a los expresidentes del PSOE y de la Junta Manuel Chaves, José Antonio Griñán y 19 ex altos cargos, por haber autorizado o consentido un procedimiento de concesión de ayudas sociolaborales a trabajadores y empresarios determinados –no a todos ni con equidad–, de forma arbitraria y presuntamente, contraria y, por supuesto, ajena a toda legalidad.
Los tres magistrados de la Audiencia de Sevilla que siguen y siguen redactando la sentencia son Juan Antonio Calle Peña, Pilar Llorente –que instruyó el caso Ollero, otro de los muchos casos de corrupción socialista en Andalucía que, por cierto, al final quedó en agua de borrajas a pesar de las evidencias disponibles como un coche cargado de millones– y Encarnación Gómez. Se aducen causas para la tardanza que pueden ser comprensibles pero lo cierto es que desde diciembre de 2018 ha habido una buena ristra de meses e incluso de elecciones en España.
En la fase final de juicio, o sea, sin sentencia, se celebraron las elecciones andaluzas que ganó perdiéndolas Susana Díaz. Luego se celebraron elecciones generales en abril, luego las europeas, autonómicas y municipales en mayo y ahora, lo que son las cosas, se barruntan urnas y colegios electorales para el día 10 de noviembre.
Antes de conocerse ese último dato, las presuntas elecciones generales del próximo noviembre, la fecha contemplada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rondaba los finales de octubre por cuanto decidió liberar de toda tarea ajena a la redacción de la sentencia al presidente del tribunal, el ponente Calle Peña, hasta el ya cercano día 26 de octubre. Eso sí, ampliables… ¿hasta cuándo?
El quid de la cuestión, que trata este lunes abiertamente Diario de Sevilla, es que "hay otro elemento que podría retrasar más la publicación de la sentencia: la previsible convocatoria de elecciones generales para el 10 de noviembre si finalmente no hay un acuerdo como parece más que probable. La convocatoria electoral chocaría con la regla no escrita de la Justicia de no interferir en los procesos electorales, por lo que en caso de elecciones la sentencia podría retrasarse hasta mediados de noviembre o incluso entrar ya en diciembre".
O sea, que ya se presupone que la política, una vez más, va a influir en el tiempo de la sentencia. ¿Se trata de decir que, aunque esté redactada y ultimada, la sentencia de los ERE no será conocida hasta después de las elecciones del 10 de noviembre para no "interferir" en la convocatoria electoral? Pero, ¿ese comportamiento no interfiere? Evidentemente, beneficiaría a los que resultaran condenados que, en este caso, y políticamente, sólo podrían ser miembros del PSOE, y perjudicaría a todos los demás partidos porque privaría a los ciudadanos de un elemento fundamental de juicio sobre a quién votar. O podría beneficiar al PSOE si todo quedara en nada, con condenas veniales o absoluciones de los principales encausados.
Recordemos que otros jueces no tienen miedo a interferir nada. Por poner un solo ejemplo, el juez José Ricardo de Prada, que condenó al PP en un famoso proceso lleno de curiosidades para la historia de la imparcialidad de la justicia, proceso que dio luz verde a la moción de censura que Pedro Sánchez propinó a Mariano Rajoy y le convirtió en presidente del gobierno. Significativamente, de Prada fue propuesto después por el PSOE como vocal del CGPJ.
Aunque la sentencia salga en diciembre, como cabe deducir si es verdad eso de no "interferir", ya ha habido otras sentencias en el macrocaso ERE, muchas de ellas condenatorias en el Tribunal de Cuentas y otras, por ejemplo, la de Mercasevilla, absolutorias para los imputados. Y aunque se unte con la manteca de los polvorones, el caso ERE tampoco acabará en diciembre porque quedarán 146 piezas separadas abiertas gracias a las decisiones troceadoras de la juez Núñez Bolaños, en este caso apoyada por la Fiscalía que luego la denunció.
O sea, que el caso de los ERE, todo él en su conjunto, puede seguir siendo uno de los cuentos de nunca acabar de la justicia española. Y quedan otros muchos macrocasos como el del fraude de la formación, el de la agencia IDEA, el del Invercaria, el de los Avales… Pero lo que sí quedará claro con la sentencia es si la primera instructora, la juez Mercedes Alaya, tuvo razón cuando trazó la imagen de una trama de corrupción jerarquizada y diseñada desde la Junta de Andalucía. Y a lo mejor entonces sigue de baja la juez Núñez Bolaños.