¿Quièn es Cristobal Cantos? El técnico que denunció cómo en Invercaria, empresa pública de la Junta de Andalucía, se manejaban cientos de millones de euros con absoluta arbitrariedad para favorecer a amiguetes del PSOE y de su régimen. En este Sur irredento, algunas persecuciones hemos vivido. Dejando al margen peripecias personales, recordemos la sufrida por los presidentes de las Cajas de Ahorro de San Fernando y El Monte por oponerse a los criterios de la Maleni, con espionaje incluido bajo el mandato de Manuel Chaves. Ahora, en UGT Andalucía, se persigue incansablemente, no a los autores de las fechorías publicadas, sino a quienes imaginan sus autores o cómplices que las han denunciado. Vivimos en una Andalucía-España tan enferma que los poderes reales que en ella medran acosan con malos tratos a quienes no acceden a sus deseos. Y los buenos no hacen nada. Entre esos poderes, los públicos, la Junta de Andalucía, hostiga sin descanso a este chico joven, experto en análisis financiero, porque se rebeló y dijo que no estaba dispuesto a firmar informes falsos para salvar la cara de los dirigentes socialistas en prácticas irregulares presuntamente delictivas que ya la Cámara de Cuentas reconoció con gran escándalo.
Laura Gómiz, quien fuera presidenta de Invercaria en el momento de aquella denuncia, ya advirtió al perseguido Cantos que con aquella actitud se iba a "enmerdar" la vida. Tal vez no penalmente, pero desde luego, sí se la iba a enmerdar social y profesionalmente. Y así ha sido con una diferencia: que, ahora, también quieren ir penalmente contra él. Quieren dar una lección a los insumisos, a los aspirantes a héroe, a los críticos. Este es el mensaje: "Si nos denunciáis, lo primero que perderéis es el trabajo porque os vamos a despedir [lo que hicieron con Cantos]. Lo segundo, perderéis la tranquilidad personal y familiar porque os freiremos a demandas judiciales, sean o no ajustadas a a verdad. La verdad, ¿para qué? [Lo están haciendo con Cantos]. Lo tercero, os arrancaremos de las entrañas el horizonte profesional impidiendo que encontréis un trabajo digno. [Cuando Cantos encontró un puesto tras años de paro, el PSOE ha pedido que lo echen]. Lo cuarto, lograremos vuestra imputación y si es posible, vuestra condena por no haber denunciado antes los hechos o haberlos denunciado tímidamente. [En el caso de Cristobal Cantos, la Fiscalía Anticorrupción encuentra motivos de imputación en que el perseguido sólo dedicó medio folio a descalificar unas inversiones que luego Invercaria promovió desoyendo sus advertencias. Cantos ya está imputado]".
Lejos de mi intención proyectar a alguien como un santo o un héroe. No sé por qué los hechos no se denunciaron antes, ni por qué se procedió de tal o cual manera, ni sé qué motivo íntimo lleva a alguien a reventar moralmente o a soportar moralmente. Lo que digo es que una sociedad democrática sana tiene que amparar la figura de quien se atreve a denunciar hechos delictivos e impedir que los poderes fácticos implicados en la ilegalidad puedan destruir a quienes desvelan sus prácticas corruptas. Aquí no se mata físicamente a quienes arriesgan sus derechos probando la conducta criminal de los poderosos como en la novela negra o las dictaduras. Aquí se les destruye como ciudadanos y como seres libres y, si es posible, como personas inteligentes y emocionalmente estables, para que todos los demás aprendamos la lección y desistamos de imitar sus valerosas conductas.
Un día de hace dos años largos ya, un joven llamado Cristóbal Cantos, harto ya de soportar presiones, grabó una conversación a su presidenta, Laura Gómiz, donde ella le conminaba a elaborar informes falsos para justificar inversiones de dinero público absolutamente irregulares, ilegales y arbitrarias para beneficio de los amiguetes del PSOE. En esa grabación, Gómiz pronunció aquella famosa frase que dio la vuelta a Europa: "'Si me comprometiera con la ética, no estaría trabajando en esta organización [Invercaria]". Pero ella sigue en su puesto en la Administración andaluza mientras Cantos fue despedido, denunciado, acosado en su nuevo empleo y ahora, imputado para sembrar la duda en los buenos, la peor maldad. El PSOE, con ayuda de IU, está robusteciendo a Andalucía como cloaca máxima. Y los buenos no hacen nada mutándose en el fruto pervertido y perfecto del régimen: malhechores del bien, como tituló Benavente.