Contaba Julio Camba en un famoso artículo titulado precisamente La Guardia Civil que la Benemérita era impopular en su tiempo republicano porque era una de las pocas cosas que funcionaban bien en España. Y lo explicaba: "Al español no le gusta que las cosas funcionen bien, porque si las cosas funcionan bien, él tendrá que funcionar bien a su vez, y este sistema no le ofrece ventaja ninguna. Con un tren que salga siempre a la hora exacta, por ejemplo, no cabrá nunca seguridad de llegar a tiempo a la estación, y de igual modo, con un ministro honrado o con un funcionario insobornable no se podrá jamás conseguir un destinillo ni activar un expediente. La Guardia Civil era exacta, era honrada y era insobornable."
Desde hace unos días, el juicio por el procedimiento específico de los ERE, o "pieza política" separada de los demás sumarios del caso, ha entrado en la fase testifical y, dentro de ella, han tenido protagonismo especial los agentes de la UCO que intervinieron, de la mano de la juez Alaya, en la instrucción y determinación de lo ocurrido. Sus testimonios han sido altamente perjudiciales para la cúpula de la Junta de Andalucía que se sienta en las sillas de los acusados.
Un resumen ajustado de lo declarado en calidad de testigos por los jefes, responsables y agentes de la UCO – esto es, con obligación de decir verdad -, incluye que no hubo fiscalización previa de ayuda alguna y que la cúpula de la Junta lo conocía todo señalando especialmente al exconsejero de Presidencia y mano derecha de Manuel Chaves en la Junta, Gaspar Zarrías.
Además de confirmar y reafirmarse en todos los informes y atestados emitidos han asegurado que las ayudas concedidas irregularmente no se atenían a normal legal alguna, ni cumplían requisitos ni se verificaba nada de ellas. Esto es, eran sencillamente arbitrarias y las daba el gobierno de la Junta a quien quería.
Pero, sobre todo, han dejado como un hecho comprobado que el todopoderoso ex consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, mano derecha de Manuel Chaves en el período considerado y ejecutor esencial de sus designios, conocía y amparaba el sistema. Según el Guardia Civil, la Comisión General de Viceconsejeros –los denominados consejillos– tenía la capacidad de decidir qué llegaba al Consejo de Gobierno y qué no.
Según sus testimonios, Zarrías, como consejero de Presidencia, "habría presidido un total de ocho sesiones ("consejillos") en las que se habrían expuesto acuerdos relacionados con las ayudas y modificaciones presupuestarias del programa 31L", a lo que se suma que "habría presidido otras cuatro sesiones en las que se habría dado lectura y aprobación de acuerdos adoptados en reuniones anteriores de la Comisión en las que éste no asistió". Es más, informaron que Zarrías llamaba a los criterios para conceder las ayudas de ERE y otras como "criterios de singularidad".
Por ejemplo, el Consejillo impidió que una ayuda a la empresa Pickman de 1,8 millones de euros y otra a Anovo en 2004 llegaran al consejo de gobierno de la Junta que presidía Manuel Chaves, "troceando" el montante total en diferentes ayudas de menor cantidad para que por el límite de estas no necesitaran ser aprobadas por el Consejo de Gobierno.
Incluso el consejillo presidido por Zarrías decidía si llegaban o no al consejo de Gobierno los intentos de normalización y legalización de las ayudas, como lo fueron "los borradores de decretos que surgieron en la Dirección General de Trabajo o Consejería de Empleo para regularizar las ayudas, ni determinadas ayudas concretas". Precisamente, un proyecto de decreto para regular las ayudas y el fondo de dónde se extraía el dinero no se llegó a materializar a pesar de llevarse hasta en tres ocasiones al consejillo. Sencillamente se impidió que llegase.
Sin embargo, no fue la Guardia Civil la que comenzó la instrucción del caso ERE de la mano de la juez Alaya en sus primeros compases vinculados a Mercasevilla. Fue la Policía Judicial adscrita a los juzgados de Sevilla. Pero recuerden que la juez Alaya quitó a este grupo policial la investigación de los ERE fraudulentos en junio de 2011 para entregársela a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Desde entonces, se ha venido especulando con qué fue lo que pasó para que la juez decidiera el cambio, que fue asumido como un agravio comparativo por una Policía que tradicionalmente, sufre de celos sistemáticos de la Guardia Civil. Para tener otra muestra, tómese como botón la insistencia de los padres de Marta del Castillo en que fuese la Guardia Civil y no la policía nacional la que se hiciese cargo del caso del asesinato y desaparición de su hija.
Dos versiones se han dado. Una, la inclinación de la juez Alaya a instruir sin demasiados fundamentos el caso Mercasevilla, origen del caso ERE, con la única intención de perjudicar a la coalición de gobierno en el Ayuntamiento sevillano formada por PSOE e IU, a la que sucedería la mayoría absoluta del PP encabezada por Juan Ignacio Zoido, al que se relacionó de un modo u otro con la juez Alaya. Luego de desembocó en el caso ERE, como es sabido.
En esta interpretación, que luego se apuntaló con la sentencia final del caso Mercasevilla que exculpó a los principales dirigentes de la coalición social comunista, la juez Alaya apoyaba al PP y a su candidato Zoido. Era una gravísima acusación que se ha reiterado de diversos modos en medios de comunicación y declaraciones de algunos de los que fueron imputados por la juez Alaya en el caso.
Se ha llegado a hablar de la presencia de juego sucio del PP y la juez Alaya en el caso. El comunista y corresponsable de la gestión en Mercasevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, imputado y finalmente absuelto en el caso, ha llegado a hablar de persecución judicial y se planteó ejercer acciones judiciales contra la juez Alaya.
El otro polo de la cuestión es el comportamiento de la Policía Judicial en el caso, subrayado incluso por otros jueces, como Ángel Márquez, instructor del caso Juan Guerra. En esta otra interpretación de los hechos, la Policía Judicial y su conducta parecían ajustarse como un guante a las versiones proporcionadas por los imputados por la juez Alaya que tenían relación con el PSOE y sus terrenos aledaños.
Precisamente, el juez Márquez, presidiendo la Sala que veía un asunto relacionado, no dio crédito a lo que sus oídos estaban oyendo dado que la versión del policía declarante encajaba perfectamente con el testimonio del socialista y conseguidor Juan Lanzas, realizada el día anterior.
En esta versión, la juez Alaya decidió liberarse de la intromisión política que se ejercía a través de la Policía Judicial en su propia instrucción. No se olvide que la juez Alaya apartó a la Policía en junio de 2011, cuando aún gobernaba en España el PSOE dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero. Una vez asumido el caso por la Guardia Civil, los ERE como asunto judicial crecieron y crecieron hasta llegar al Tribunal Supremo, que avaló la instrucción de la juez Alaya, y tras ser devuelto a la Audiencia Provincial debido a la renuncia a los aforamientos de los acusados, se sustancia ahora en esta instancia judicial en Sevilla.
Hay que esperar que el comportamiento de la Guardia Civil, que nadie pone en duda por el momento, sea el insobornable que Julio Camba recordaba en su artículo: "Yo he jugado muchas veces al tute con el cabo de la Guardia Civil en los cafés de pueblo, y era en vano que le dejase al hombre cantar siempre las cuarenta, porque si en época de veda se me ocurría salir al campo con una escopeta, nadie me libraba de pagar la multa correspondiente."
