Hay esquizofrenias y esquizofrenias. Una, la de Salvador Dalí era fingida, dijo Freud. Otras, son reales y se advierten por la distorsión del sistema perceptivo e intelectual y conlleva desde alucinaciones a conductas desorganizadas e incluso extravagantes, acompañadas de la alteración de las emociones. Pero hay otras sobrevenidas, como las de los políticos que se han acostumbrado tanto a hacer lo contrario de lo que piensan, que terminan por ofrecer espectáculos desarreglados para cualquier conciencia normal.
Ayer en el Parlamento andaluz se exhibieron modalidades de esas últimas esquizofrenias en un tema bien delicado como es una Ley de la Infancia y la Adolescencia, edades de las que, como es sabido, depende buena parte del futuro de la vida de toda persona y en las que cada vez los padres parecen no tener que ver nada.
El proyecto fue aprobado con los votos del PP, Ciudadanos, PSOE, Adelante Andalucía y los “anticapitalistas” y se quedó solo en la oposición el grupo parlamentario de Vox que había presentado una enmienda a la totalidad. Ahora vendrán las enmiendas parciales.
De tal panorama cabe deducir que, en cuanto a la infancia y la adolescencia, hay un pensamiento común políticamente correcto que va desde el PP a los comunistas, de la versión que sea, pasando por el PSOE y Ciudadanos, algo que chirría intelectualmente, sobre todo, pocos minutos antes de que la ministra Celáa tratara de ridiculizar al diputado del PP, Juan José Matarí, padre de Andrea, una chica que vive con el síndrome de Down.
El primer destello de la esquizofrenia política vigente irrumpió ayer cuando la parlamentaria del PSOE-A, Noemí Cruz, desvelaba que la consejería de Igualdad de Rocío Ruiz había traído al Parlamento "la misma ley" que planteó en 2019 el Grupo Socialista, aunque con "algunas partes mutiladas". Tan similares debían ser que el PSOE andaluz votó a favor. El PP negó las semejanzas, pero no explicó, si eran tan diferentes, el PSOE la apoyaba.
El segundo resplandor de distorsión intelectual brotó del escaño de la propia Rocío Ruiz cuando afeó a Vox que, de manera "incomprensible" anteponga sus "intereses e ideología" a la aprobación de su ley, ley plagiada de la del PSOE con algunos borrados. O sea, sólo Vox defiende sus intereses y su ideología, pero ella no, ni el PSOE ni Teresa Rodríguez ni nadie más.
¿Qué fue lo que Vox argumentó cometiendo el pecado de defender lo que piensa? Pues que en un tema tan esencial como la infancia y la adolescencia debe haber una única ley nacional libre de adoctrinamientos ideológicos que evite desigualdades territoriales en esta materia.
También se opuso, entre otras cosas, a la creación de otro Consejo, ahora el Consejo Andaluz de Niños, Niñas y Adolescentes donde puedan expresar sus opiniones, intercambiar ideas, reflexionar sobre los problemas que les atañen, adoptar acuerdos y efectuar propuestas.
Esquizofrenia popular en el caso Invercaria
Este segundo fogonazo de percepciones anómalas no es nuevo. O bien el gobierno “del cambio” no ha podido controlar el área jurídica de la Junta haciendo coincidir sus actuaciones judiciales con las que ejercía el PP en el caso Invercaria, o los miembros del nuevo gobierno del PP han asumido que sus denuncias judiciales en el caso Invercaria no tenían base alguna y han dado la razón a los abogados de la Junta
Ayer miércoles, la “esquizofrenia” fue denunciada incluso por la Fiscalía que, ante la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, asistía a una vista referida a la pieza separada de la investigación de la empresa pública Invercaria. En este caso, por préstamos de casi 1,5 millones de euros concedidos a la productora Kandor Graphics, relacionada con el actor Antonio Banderas.
Allí se puso de manifiesto que mientras el PP quiere seguir como acusación popular y continuar con el procedimiento, los abogados de la Junta de Andalucía que gobiernan el propio PP y Ciudadanos, solicitaron el archivo de la causa.
Según el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla sobre esta pieza separada de la investigación de Invercaria, informa Europa Press, la empresa pública había "efectuado en Kandor una inversión total de 1.498.000 euros, entre participación en capital y préstamos ordinarios y participativos". Pero con menos papeles que una liebre y todo plagado de irregularidades, de falta de seguimiento de la inversión, sin seguir los procedimientos legales y ajustadas como un guante a las necesidades de financiación de la prestataria.
Pero cuando la defensa recordó que la Fiscalía y la propia Junta, que ejercía la acusación particular, habían pedido el sobreseimiento y el archivo de las actuaciones, el abogado del PP defendió la acción popular ejercida por su cliente, recordando a su vez que fue la Audiencia de Sevilla quien ordenó la reapertura de la causa tras el archivo inicial del juez de instrucción.
Fue en ese momento cuando el fiscal Fernando Soto, alertó de la “esquizofrénica” situación que, por una parte, contempla la petición de archivo por parte la acusación de la administración andaluza dirigida por PP y Cs), y por la otra, que el PP, un partido del gobierno que pide el sobreseimiento, solicite la celebración del juicio en tanto que acusación popular. que de otro lado y en paralelo solicita la celebración del juicio como acusación popular.
Recuerda El Mundo que no es la primera vez que el centelleo esquizofrénico afecta al PP y a la Junta. “A finales de octubre de 2019, en la última sesión del juicio sobre la pieza de Aceitunas Tatis, que recibió un préstamo de 100.000 euros de Invercaria de forma irregular, el fiscal Anticorrupción Fernando Soto proclamó que la Junta había mostrado "un comportamiento más próximo al encubrimiento del posible delincuente y de obstrucción a la Justicia que el que se espera de la víctima de un delito", explica.
Hay más. La Fiscalía Anticorrupción y la Junta de Andalucía gobernada ya por PP y Ciudadanos discreparon cuando los abogados de la Junta no quisieron acusar a un ex alto cargo de la Junta, de la etapa del PSOE, implicado en la trama de la Sierra Norte. Pero la Fiscalía Anticorrupción sí ha formulado acusación contra él y también lo ha hecho el propio PP.
Este comportamiento bífido del PP obligó al consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, a dar explicaciones en el Parlamento andaluz en 2019, cuando Vox preguntara por qué la Junta había pedido el sobreseimiento de determinadas piezas de los ERE que la Fiscalía no aceptaba. Bendodo defendió al gabinete jurídico de la Administración en estas actuaciones pero el pasado mes de febrero cambió la dirección de los servicios jurídicos de la Junta.