Se ha empeñado Pedro Sánchez en distinguir a Juan Espadas como el rostro del socialismo andaluz de la nueva década. Lo ha hecho tras conseguir que su enemiga íntima, Susana Diaz, haya salido volando por la ventana de la historia mucho más fácilmente de lo esperado. Pero el problema es que la historia no puede ser defenestrada sin más y que el caso ERE, además de otros como el de la Fundación FAFFE o el fraude de la formación, le van a seguir cayendo encima al nuevo candidato socialista.
Ayer mismo se supo que el juez José Ignacio Vilaplana corregía a su antecesora en la instrucción, María Núñez Bolaños, que había archivado sin más la investigación sobre el presunto fraude de los cursos de formación de la Junta de Andalucía cometido por el ex 'número dos' del PSOE-A y delfín fallido de José Antonio Griñán antes de Susana Díaz, Rafael Velasco.
Vilaplana reabre el caso ordenando diligencias, cuentan El Mundo y ABC, para certificar qué pasó con las subvenciones para cursos de formación concedidas por los gobiernos andaluces del PSOE a la academia Aulacen Cinco SL, (casi 194.000 euros) vinculada, precisamente, al ex número dos del PSOE-A, Velasco, por la presencia de su esposa, Antonia Montilla, como administradora única.
El erial de los ERE
No es sólo tal canto el que rueda sobre Espadas. Diario de Sevilla ha hecho un resumen, muy de agradecer, sobre la situación procesal del entramado de sumarios que componen el caso ERE y no hay ser muy avispado para adivinar que, aun cuando Juan Espadas repita una y otra vez que todo es cosa del pasado y que él no estaba allí, los hechos, esos testarudos y desagradables corruptos, van a caerle encima como granizos durante los próximos años.
Muchos piensan que, políticamente, todo se resolvió en el gran juicio político de 2018 cuando Manuel Chaves, José Antonio Griñán y hasta 19 ex altos cargos de la cúpula de la Junta, fueron condenados a penas que iban desde los 8 años de cárcel y 20 de inhabilitación a apenas unos años de imposibilidad para ocupar cargo público.
Pero no es así porque todos los implicados y condenados entonces y que están pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva sobre sus recursos, el caso ERE sigue y los sigue señalando con el dedo durante un tiempo en el que Juan Espadas y otros muchos dentro de la nueva dirección del PSOE estaban en puestos donde se conocía todo lo que pasaba.
Verán. De los 170 juicios que se engloban en la consideración de macrocausas de corrupción, sólo se han celebrado 4 desde 2017 aunque se comenzó la instrucción hacia el 2010. O sea, quedan nada menos que 166 procesos hasta que se ha señalado un nuevo juicio para ¡septiembre de 2023!, lo que da una idea de cuál es la situación de la Audiencia Provincial de Sevilla, que no da abasto, por lo que el impacto de los casos de corrupción en la política andaluza serán el rayo que no cesa sobre la cabeza de Juan Espadas.
Tres juzgados están afectados por el atasco: los de Instrucción número 6, 9 y 16. Pero, claro, cuando se van terminando de instruir sus casos, los procesos llegan a la Audiencia Provincial de Sevilla que es la que tiene que sustanciar los juicios como instancia pertinente. Eso hace anticipar que el atoramiento va a asfixiar a dicho órgano.
El detalle arroja las cifras del pánico. El de Instrucción número 6 de Sevilla, del que fue titular Mercedes Alaya con la que todo empezó y que sigue siendo de la titularidad de María Núñez Bolaños, desaparecida gracias al Poder Judicial, investiga los ERE, los cursos de formación, los avales de la agencia IDEA, la FAFFE y otros. Entre todos, 107 sumarios, 87 diligencias abiertas, 23 autos de procesamiento y 250 piezas de responsabilidad civil.
En los otros juzgados, están las 30 causas vinculadas al caso Invercaria, el escandaloso caso del fraude en las subvenciones públicas y facturas falsas de UGT y otras investigaciones como las Invercaría ayudas presuntamente fraudulentas de 16,5 millones a Green Power.
La Fiscalía Anticorrupción de Sevilla ya ha calificado 44 piezas de todo ese entramado hasta finales de junio de 2021. Pero ahora queda el señalamiento de los juicios y ahí es donde la Audiencia tiene el tapón en la mano. Por poner un ejemplo, el trabajo eficaz y diligente del juez de apoyo José Ignacio Vilaplana ha hecho posible que 30 piezas del caso ERE ya estén terminadas para su enjuiciamiento, pero los juicios no se celebran. Sólo se han celebrado hasta ahora 2 y sólo hay una sentencia dictada, la del caso del procedimiento usado en los ERE en el que fueron condenados Chaves, Griñán y otros. Del caso Invercaria, sólo se han celebrado 2 juicios y sólo hay una sentencia.
O sea, hay un atolladero de cuidado que dice Diario de Sevilla que podría tardar nada menos que 10 años cuando menos, la década de Juan Espadas destacada por Pedro Sánchez, en desatascarse.
El enredo traerá cola porque, además que impedir que Espadas y el PSOE puedan desligarse de las cloacas mimadas por su propio partido, la tardanza puede dar pie a rebajas de penas por dilaciones indebidas, por el fallecimiento de algunos imputados (15 muertos ya entre los acusados en el caso ERE) y por la fuga cansada de algunos jueces. Y, cómo no, la imposibilidad de alrededor de 500 imputados de huir del candelero mediático sin juicio ni sentencia. Un lodazal de cuidado.
El esperpento granadino
El resultado de la colisión del centro derecha en Granada puede ser que un socialista imputado judicialmente, Francisco Cuenca, sea finalmente el nuevo alcalde de Granada gracias al voto del ex alcalde de Ciudadanos, Luis Salvador, culminando así uno de los esperpentos más llamativos vividos en Granada y Andalucía en los últimos tiempos.
Pero el enredo llega asimismo a las puertas de Juan Espadas. ¿Va a consentir el nuevo líder del socialismo andaluz, el rostro nuevo de la década socialista, que un imputado, por muy socialista que sea, alcance la alcaldía granadina?
Nadie sabe lo que hará Espadas, pero sí se va sabiendo que el centro derecha parece estar recuperando el juicio perdido y ahora trata de impedir que se consume tal desaguisado. En esta ocasión ha sido la propia Inés Arrimadas, hasta hace pocos ratos, aliada del ya ex alcalde Salvador, la que está impulsando el acuerdo con la ejecutiva de Pablo Casado para resolver la crisis de Granada.
Eso sí, la solución de Arrimadas es seguir incumpliendo el pacto que consagraba dos años de alcaldía para cada partido, y proponer otro candidato de su partido para ocupar el sillón de primer edil.
Es más, es que "el secretario de Organización de Ciudadanos, Daniel Pérez, ha anunciado que existe ya un pacto cerrado para que el nuevo alcalde sea el concejal José Antonio Huertas (Cs), que fue el único que se quedó en el gobierno municipal junto a Salvador tras marcharse y romper la coalición los cuatro concejales del PP y dos naranjas", expone El Mundo aunque la posición del PP está por ver tras haber exigido la alcaldía y que se cumpla el pacto desvelado.
De momento, el PP de Granada e incluso el PP andaluz niegan la existencia de tal acuerdo suscrito a nivel nacional. Ciudadanos ya no le llama acuerdo sino propuesta pero sigue exigiendo que su minoría sea la beneficiada con la alcaldía en vez del PP que casi le dobló en número de concejales en las elecciones municipales de 2019.
Mañana se celebrará el pleno del Ayuntamiento para elegir un nuevo alcalde. Son necesarios 14 votos. PP, Ciudadanos y Vox los suman si el ex alcalde Luis Salvador no hace lo que ha anunciado – votar la lista socialista - , pero si no hay acuerdo y Salvador perpetra lo pregonado, el nuevo alcalde con los votos del PSOE, de Podemos y el ex alcalde, será el imputado Francisco Cuenca a menos que Juan Espadas logre que el candidato del PSOE sea otro socialista que no esté judicialmente investigado. Se verá enseguida.