Tras la investidura de Pedro Sánchez, la segunda de la historia que debe a la siniestra (izquierda según el uso arcaizante del español) congregada en torno a todo su partido, barones todos inclusos, Unidas Podemos y al separatismo Esquerra y EA Bildu, acompañados (por ahora) por los monaguillos del PNV y los anómalos de Juntos Puigdemont/Torras, Pedro Sánchez ya no es presidente en funciones. Ahora se trata, no de conquistar el poder ni de resistir con manual, sino de gobernar la nación española.
Dentro de la patria común, tres regiones son esenciales. Cataluña, Madrid y Andalucía. La primera está en manos, por ahora, del comando antinacional fraguado en las faltriqueras de Pujol desde hace años con la complicidad de todos los que han gobernado en España desde la transición democrática. Pero Madrid y Andalucía, están en manos de PP, Cd y Vox. Si a ellas se le suma Galicia, Castilla León, Murcia, Ceuta y Melilla, con sus variantes, se ve con claridad que por inferiores que sean las fuerzas hay posibilidad de contrapesos.
El primero en ejercer su papel en la balanza nacional ha sido Juan Manuel Moreno, al que algunos acusan ya de haber efectuado una "embestidura" contra el investido Pedro Sánchez. El espectáculo de la humillante investidura donde hay quienes, con la pistola "democrática" humeante aún en el armario, se han reído de las víctimas de asesinatos viles y quiénes han confesado que España les importa un comino, unido a la exhibición del himalaya de mentiras perpetrado por Pedro Sánchez a toda la Nación, hacía preciso que alguien embistiera. Y ha sido Moreno.
La diferencia es la que investidura de Sánchez ha logrado existir gracias a quienes ni creen en España ni en su Constitución con el Rey al frente y que la embestidura, aceptémoslo así aunque no ha sido otra cosa que la reacción natural de quien representa a una sociedad, la andaluza, que lleva años reclamando ser igual que las demás en todo y a la que ahora le acaban de endiñar sendas bilateralidades en el País Vasco y Cataluña.
O sea, que Moreno, esto es, la suma sigma de PP, Ciudadanos y Vox en la política andaluza y la proyección personal del cambio de 2018, ha hecho lo que tenía que hacer y tiene que seguir haciendo de forma sistemática, aguijonera y cojonera para convertirse en el referente nacional y autonómico de la oposición a las políticas desigualadoras de Sánchez y a los privilegios del separatismo. Juan Marín y Alejandro Hernández han apuntalado, junto con la patronal y ya veremos si los sindicatos, su primer aviso.
Pero a Sánchez y al PSOE le está persiguiendo el pasado, ya sea bajo la forma de baño de hidromasaje camuflado tras un armario, o sea, por ejemplo, bajo la forma de los recursos de Gaspar Zarrías y José Antonio Griñán a la sentencia que los ha condenado por el caso ERE en la Audiencia de Sevilla.
Es posible que la nueva Junta de Andalucía haya sobreactuado con algunos elementos de la herencia recibida del régimen socialista y su tela de araña que sigue en pie, pero no se debe desconoce que para que el cambio sea posible, primero hay que desvelar la resistencia de los hilos de una tela de araña que tiene pegados a millones de andaluces por unos u otros medios, a pesar de saberse lo que ya se sabe.
En este caso, el pasado viene de la mano de los condenados que se saben más solos que la una porque lo que menos interesa al PSOE de Pedro Sánchez es que los telediarios, los diarios y los rediarios, vuelvan a llenarse de ERES y chapuzas, de trapicheos y de fraudes, de malversaciones y prevaricaciones.
Es lo que ha hecho José Antonio Griñán, el más agredido de todos los acusados porque sabe perfectamente que él no fue quien ideó el procedimiento aunque, como suele ocurrir en las entrañas del socialismo español, tragó con la basura orquestada desde las cumbres mayores de un Manuel Chaves y un Gaspar Zarrías, que se van de rositas por ahora, aunque en su horizonte judicial surgen negras tormentas con color penal. Los chorizos de Cárnicas Molinas se les van a repetir hasta la úlcera en los próximos meses.
Griñán, condenado a seis años de cárcel y a muchos de inhabilitación, se siente ahora herido, agraviado y ninguneado por quienes se valieron de él para sus porquerías políticas. Despidiendo al abogado que fue incapaz de hacérselo ver al tribunal, apuesta ahora, a una edad ya provecta y a la desesperada, por un nuevo examen de la sentencia en la que encuentra errores de calado y contradicciones evidentes. Es su oportunidad, ahora que nadie sabe qué pasa en el vértice judicial y que los indultos pueden sobrevolar a una humilde Audiencia provincial.
Pero ello implica insistir en el caso ERE, en el caso formación y en otros casos que siguen vivos en la agenda tribunalicia andaluza con grave costo para una Susana Díaz que ve cómo otra trianera, María Jesús Montero, le ha mojado la oreja con sus propios métodos y ya está consagrada como poder fáctico fácilmente reconocido en el nuevo gobierno de su irreconciliable Pedro Sánchez.
Mientras esto siga así, el gobierno andaluz seguirá con el pasado lo que en parte es bueno y en parte malo. Ya sabemos que, sin el Banco de España, sin los presupuestos generales, sin Hacienda y sin la política económica real que es nacional porque el dinero lo es, poco podrá hacerse en Andalucía para enderezar un rumbo enfermo desde el siglo XIX que han manejado con destreza los grandes intereses madrileños, catalanes y vascos.
Hasta Espronceda, el poeta, diputado andaluz por Almería, lo denunció en las Cortes hace más de siglo y medio. Pero tiene que hacerse visible que gobernar de otro modo es posible y necesario dejándose de tanto "huy, huy" que se enfadan los piratas y yendo decididamente al ruedo nacional para defender la ley de lo común.
Sin embargo, lo que ha hecho el PSOE andaluz en tanto años cae sobre los andaluces como un rayo que no cesa. Ahora se descubre, tras las vacunas, tras las listas de espera, tras los secretos de armarios fuertes y otros escándalos oscuros, que no aparecen 71,5 millones del canon del agua.
Verán. La Junta socialista, que ha sido la mas retrasada en obras de saneamiento y depuración de aguas durante 36 años, impuso un canon extra sobre el agua andaluza que han pagado religiosamente los paisanos durante años para que se hiciera lo que no se hizo nunca a pesar de las advertencias de la Unión Europea.
Ahora resulta que el último gobierno socialista que presidió Susana Diaz tiene que explicar qué ha pasado con 71,5 millones de euros que la Cámara de Cuentas no encuentra. Es más, el gobierno susanista dijo no haber gastado 393,1 millones en lo que debió gastarse, pero la Cámara asegura que lo que no ejecutó 464,5 millones de euros.
He ahí los 71,5 millones que faltan y el misterio de dónde han ido a parar. La diferencia, 71,5 millones de euros, es una incógnita, sobre todo lo que se refiere al destino que ha podido tener ese dinero. La cosa es bien grave porque no sólo no se hizo lo que tenía que haberse hecho con el dinero de un canon, inútil para la gente como prueba el hecho de que sus dineros no sirvieran pasa nada, sino que han desaparecido 71,5 millones.
Otra fechoría más al comienzo de una legislatura que ya va dando de sí – y queda la FAFFE, el fraude de la formación, Invercaria y otros macrocasos -, en la que Andalucía se va a convertir, a menos que la miopía se apodere de los tres partidos que rigen su gobierno, en la región clave de la resistencia al desguace nacional.
