No olvidemos lo que decía el garganta profunda del caso Watergate y convirtámoslo en grito de la garganta ética nacional. Que sí, que lo de Chaves, Griñán y demás procesados en el caso está como debe estar, dimitidos y procesados. ¿Que eran honrados personalmente? Es discutible, incluso para los sectores de su partido que no los defienden. Ya escribiremos sobre ello otro día. Pero ¿y qué? Aquí resulta que se han utilizado irregularmente e incluso malversado –que por eso se acusa a Griñán y a otros cuantos– más de 855 millones de euros, que son casi 150.000 millones de las antiguas pesetas. Lo curioso del caso es que la Junta de Andalucía aparece como acusación en el caso y lo escandaloso es que, al final, por el arte de birlibirloque, ella misma puede ser considerada responsable civil subsidiaria. Esto es, los españoles y andaluces pagamos dos veces: uno por haberse perdido el dinero malversado y otra para restituir ese mismo dinero, como en el caso de la formación.
Pero sigamos la pista del dinero. Lo que ha ocurrido, empero, es que ese dinero ha salido de los bolsillos de todos los andaluces, ya sean votantes del PSOE o no, para ir a parar a amigos, empresarios, sindicatos, clientes, correligionarios y demás tropa aliada con el fin, también, y casi siempre sobre todo, de beneficiar electoralmente al régimen socialista andaluz. De hecho, ha sido uno de los mecanismos utilizados para obstaculizar la regla de oro de la democracia, la alternancia democrática. ¿Quién se acuerda del drama de los muchos trabajadores que no tuvieron ayudas porque ellos o sus empresarios no eran de la cuerda? ¿Quién se acuerda de las carencias de otras zonas andaluzas cuyos alcaldes no eran tan amigos como los de la Sierra Norte de Sevilla? ¿Quién se acuerda, en fin, de los andaluces marginados por una política arbitraria por sectaria y partidista, además de presuntamente ilegal?
No entiendo mucho de Derecho, a pesar de los esfuerzos de mi mujer, pero algo de la vida creo que voy entendiendo. Los romanos, para comprender quién era el responsable de algún crimen, se preguntaban a quién beneficiaba. Pues en este caso, como en otros, los beneficiarios han sido un partido político determinado y sus dirigentes, que lograron seguir siéndolo y mandando en Andalucía (y también muchos años en España) gracias a que ganaban elecciones con estos y otros métodos. Pero su autoría y su responsabilidad no están previstas en el Código Penal, ni siquiera a modo de responsables civiles del desaguisado. Por ello, propongo que, a partir de ahora, el dinero mal usado y malversado por decisiones irregulares de los dirigentes de un partido político ni se pierda ni se vuelva a poner del bolsillo público. Que lo restituyan también los responsables civiles beneficiarios, en este caso, la persona jurídica, el PSOE, y en otros, el que corresponda. Ya verán cómo, en cuanto se tenga que pagar por lo que se hace, la corrupción política en España empieza a descender vertiginosamente.