Están de moda las apisonadoras para triturar símbolos y mutarlos en otros, incluso contrarios a los originales. También en Andalucía las apisonadoras, nueva versión de “al enemigo ni agua” y de “el que se mueve no sale en la foto", mutan mucho de lo que puede ser debatible para transformarlo en asunto liquidado e invisible.
En el Parlamento andaluz, Vox insiste en el derecho de los padres para aprobar expresamente o no las actividades complementarias de sus hijos. Pero las apisonadoras en contra lo presentan como un ataque a la Constitución y a la democracia.
Pero si se hace caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 26.3 ( “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.”) o al artículo 27.3 de nuestra Constitución, “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, parece que, cuando menos, cabe debate.
Pero no. Mientras el PP vacila, los demás, la izquierda socialcomunista y muy destacadamente Ciudadanos, se oponen a toda fórmula de acuerdo. De manera especial se ha pronunciado el diputado de Ciudadanos, Guillermo Díaz, que es, además, responsable andaluz de Comunicación y enemigo de Juan Marín.
“No hay pin parental en Andalucía y no lo habrá mientras gobierne Ciudadanos. Yo entiendo cómo hace Vox sus campañas, son simples, buscan que se hablen de ellos constantemente, pero un perro es perro aunque digas que sea un gato. En Andalucía no hay pin parental, hay una traslación de lo que dice la Constitución, y es que los padres tienen una cierta tutela sobre la educación de sus hijos". Así donde a Constitución dice “derecho”, se transmuta en “cierta tutela”.
Y esto lo dice mientras Vox ha retirado su apoyo parlamentario al gobierno de PP y Cs y tras anunciar Juan Manuel Moreno que se iba a dar el paso de examinar los acuerdos suscritos con Vox que incluyen, aunque sea de algún modo, esa “cierta tutela” sobre la educación de sus hijos.
Y añade Guillermo Díaz, que no duda en perfilarse como oposición interna a Juan Marín junto con la consejera de Asuntos Sociales, Rocío Ruiz, en el siguiente titular del que da cuenta Diario de Sevilla: “Es prácticamente imposible que formemos un Gobierno donde esté Vox”. Eso, nada menos, en vísperas de un sorpassísimo de Vox a Ciudadanos en Andalucía (obtiene tres veces más diputados incluso en las encuestas propicias al PSOE) tras los otros sorpassos nacional y catalán. Camino de perdición.
Pero las pruebas son las que son. Este es el contenido del artículo 16 del Pacto Presupuestario firmado hace tres meses, el 18 de noviembre de 2020, por Ciudadanos, PP andaluz y Vox:
16.- Autorizaciones de las familias en actividades complementarias en el sistema educativo. Se procederá a impulsar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias, en base a los preceptos consagrados en la Constitución Española".
Marta del Castillo y Teresa Rodríguez
Lo de Marta del Castillo, joven asesinada hace ya doce años por una pandilla de indeseables que logró engañar a la Policía, a la Guardia Civil, a los jueces y a todo el mundo, seguramente bien asesorados por instancias próximas a algunos de ellos. Doce años después no ha aparecido el cuerpo y, a pesar del esfuerzo descomunal de los padres por mantenerla viva en las diligencias judiciales, Marta del Castillo puede ser archivada y desaparecer definitivamente.
Es lo que acaba de pedir la Fiscalía al juez Instrucción número cuatro de Sevilla, que en 2020 atendió la petición de la familia de Marta del Castillo, de reabrir la causa archivada en 2013 contra Francisco Javier Delgado al que su propio hermanastro, el condenado Miguel Carcaño, acusaba de ser el verdadero autor del crimen. Apisonadora en lugar de excavadora.
Algo parecido pasa con Teresa Rodríguez y su grupo de ex parlamentarios de Adelante Andalucía que, en un golpe de mano perfectamente organizado, fueron expulsados del grupo parlamentario que formó tras el resultado de las elecciones andaluzas de 2018. Sabido es que dejaron Podemos amistosamente y que quisieron apoderarse de la marca Adelante Andalucía.
Pero una cosa es ser de extrema izquierda, anticapitalista y todo lo que se quiera, guste o no, y otra que se les pueda apisonar sin miramiento ni atención al Derecho que puede asistirle. La democracia es Derecho. Lástima que no se entienda salvo cuando les conviene.
Tras la exposición de los letrados del Parlamento andaluz sobre las dudas que suscita la expulsión perpetrada los afectados han pedido que cinco juristas expongan su visión sobre la reforma exprés del reglamento parlamentario impulsada desde Podemos e IU.
Pues nada. PSOE, el actual grupo de Podemos e IU (la minoría que ha expulsado a la mayoría de Teresa Rodríguez ), PP y Ciudadanos le niegan el pan y la sal a los defenestrados de manera sistemática. Curiosamente, con el voto en contra de Vox que, naturalmente, no puede impedir el ejercicio de apisonamiento.
La apisonadora de la FAFFE
Finalmente está nuevamente de actualidad tras numerosos altibajos el caso FAFFE, una Fundación impulsada por la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE pero beneficiaria también de UGT y CCOO e IU, que puede ser considerada la apisonadora mayor del derecho, el laboral preferentemente, y la democracia que se haya puesto nunca en marcha en Andalucía. Ya saben que con el dinero de todos se enchufó al ciento y la madre de personajillos de segunda fila de la izquierda andaluza o a sus familiares.
La desacreditada izquierda andaluza puso en marcha diversos tipos de apisonadora para tapar el escándalo: desde negar las mayores en el juzgado a boicotear la Comisión de Investigación del Parlamento andaluz, con la famosa espantá de Manuel Chaves, ex presidente de la Junta seguido por otros “espantaos”.
Pero nada. El juez de apoyo de María Núñez Bolaños, encargado de las macrocausas de corrupción en Andalucía bajo gobiernos socialistas, no parece dispuesto a que el caso FAFFE sea apisonado. De hecho, ha ordenado más diligencias e investigaciones para aclarar qué pasó en esta Fundación donde se colocaron afines a mansalva, se gastó dinero de cualquier modo hasta en prostíbulos y se adjudicaron contratos “opacos y arbitrarios”, subraya El Mundo, por importe de casi 10 millones de euros.
En un auto del pasado 24 de febrero se ordena al Servicio Andaluz de Empleo de la Junta para que aporte al juez la documentación exacta que aprobó la FAFFE para sus contratos opacos, de los que sospecha enmascaran las contrataciones fraudulentas de enchufados sin pasar prueba alguna y sin desarrollar siquiera trabajos concretos. La propia Junta dirigida por Susana Diaz se escandalizó de su obra porque reconoció que había miles de contratados que estaban “mano sobre mano”, esto es, sin dar golpe.
Apisonar, en este caso, no será posible. Menos mal.