El Gobierno que es incapaz de arbitrar una sola medida positiva y concreta para frenar el coronavirus, contener la caída del PIB, atajar la crisis y paliar la miseria a la que se ven abocados miles y miles de ciudadanos es capaz, sin embargo, de adoptar las más variadas decisiones en contra de la convivencia entre los españoles y la estabilidad de las instituciones democráticas.
La última iniciativa en la materia es la de prohibir al rey Felipe VI que presida como cada año la entrega de despachos a los jueces de la 69ª promoción de la Escuela Judicial, institución cuya sede está en Barcelona desde 1997. Se aducen al parecer motivos de seguridad que desaconsejarían la presencia del monarca en la capital de Cataluña tal día como este viernes, ya que pudiera ser el escogido por el Tribunal Supremo para dar publicidad a su decisión sobre el recurso de Quim Torra sobre su inhabilitación.
El asunto tiene múltiples lecturas, pero ninguna buena. En primer lugar, que el Gobierno vete la presencia del Rey en un acto que ha presidido desde que fue coronado es una señal de graves problemas y distorsiones entre el Ejecutivo y el Jefe del Estado. Los jueces aplican las leyes y dictan sentencias en nombre de Su Majestad el Rey, no en nombre del bello Pedro o de la reina del Vanity Fair. Eso es así de momento, por muy anacrónico que le parezca al hombre del moño.
Las razones de seguridad no hablan bien de la capacidad del Gobierno para mantener el orden y asegurar la ley en el territorio nacional, del cual también forma parte Cataluña, a pesar de los socios separatistas de Sánchez e Iglesias. Puede que personajes como Torra consideren una provocación que el Rey viaje a Cataluña, pero lo que sí es provocativo es que Torra todavía sea presidente de la Generalidad, cuando hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que lo inhabilita por desobediencia.
Coincide la bofetada al Rey con el anuncio de que el Gobierno empezará a tramitar los indultos a los golpistas a partir de la próxima semana. Tratándose de la Corona, en Moncloa las formas son lo de menos. Otra cosa es cuando se tiene que agasajar a los representantes de ERC o de Bildu. La deriva republicana del Gobierno es ya del todo incompatible con las promesas de sus miembros de cumplir con las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución.
Sánchez ya no oculta su sesgo republicano y no quiere ir a remolque de Iglesias. Tras haber malmetido con la situación del emérito y haber propiciado su salida de España, ahora va por Felipe VI. No es que esté en juego la Monarquía, es que está en peligro el sistema de libertades y la democracia mientras España se desangra por la mayúscula incompetencia gubernamental frente al coronavirus y la crisis económica.