Ocurrió el 6 y 7 de septiembre del año pasado. Los grupos separatistas en el Parlamento regional de Cataluña convirtieron esa cámara en el trampolín de un golpe de Estado por fases que todavía no ha concluido. Durante aquellos dos días, los partidos golpistas secuestraron la institución y forzaron el reglamento para sacar adelante las leyes del referéndum, de transitoriedad jurídica y de desconexión con absoluto desprecio por la democracia, la legalidad y los derechos de la oposición.
Tuvieron que pasar casi dos meses para que reaccionara el Gobierno con la aplicación de un 155 capado por el PSOE. El Ejecutivo de Rajoy y Soraya podría haber tenido el valor de utilizar la mayoría absoluta en el Senado para prescindir del apoyo de los socialistas, pero el PP no quería asumir en solitario la responsabilidad de frenar el golpe.
Los separatistas estuvieron a punto de linchar a una comitiva judicial y a varios guardias civiles el 20 de ese mismo mes. El entonces jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, está imputado, entre otros cargos, por no prestar asistencia a los guardias sitiados por la turba en la Consejería de Economía. Después celebraron el 1-O, una huelga general el 3 convocada desde la misma Generalidad, el preaviso de declaración de independencia del día 10 y la proclamación de la república del día 27. Todo ello mientras los Mossos miraban para otro lado o se enfrentaban a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que cumplían la orden judicial de impedir la consulta.
Puigdemont y la tropa sediciosa se aprovecharon de la indescriptible estulticia del anterior Gobierno para llegar casi hasta el final. Si no consiguieron sus propósitos fue por la alocución del Rey el 3 de octubre y las dos multitudinarias manifestaciones en las calles de Barcelona en las que se pidió el ingreso de Puigdemont en prisión. Sin embargo, le dio tiempo a escapar sin avisar siquiera a su vicepresidente Junqueras. "Mañana, todos a los despachos", les dijo a los miembros de su Gobierno mientras un par de mossos de su guardia personal preparaban la fuga.
Un año después no estamos igual, sino peor. Los separatistas han cerrado el Parlament porque no se ponen de acuerdo entre ellos y porque con la legitimidad del 1-O y la república proclamada ya no hay nada más que discutir, salvo que al Gobierno del PSOE le interese mantenerse en el poder al precio de blanquear el golpe con un referéndum pactado. Para redondear la jugada, el suplente de Puigdemont, el tal Torra, dice que no aceptará sentencias condenatorias y que aprovechará el más mínimo resquicio para incendiar las calles.
El efecto práctico de todo esto es que mientras Sánchez y Carmen Calvo actúan como Mariano y Santamaría, los separatistas vuelven a ser los amos de las calles y quieren echar de Cataluña al propietario de un restaurante de Blanes porque se atrevió a impedir que los matones de los CDR de Torra le llenaran la fachada de basura amarilla. Ahora está en el punto de mira de todos los partidos separatistas, de la ANC, Òmnium, el CDR del pueblo y los familiares de los golpistas presos y fugados, constituidos en asociación. Anuncian para el sábado una fiesta delante del negocio familiar de este hombre. Puro nazismo.
Un Gobierno formado por personas decentes no lo permitiría, como tampoco permitiría los viajes de Torra y los secuaces de Puigdemont a Waterloo a costa del erario público, ni el desafío a la justicia ni la impunidad separatista para amedrentar a los discrepantes.