Fuga de empresas y de capitales. No hay día sin noticia de que una gran o mediana empresa se va de Cataluña ante la ausencia de estabilidad política y garantías jurídicas. El proceso separatista causa perjuicios ingentes en la economía de la comunidad; daños colaterales, según los nacionalistas, que no podrán detener el camino hacia la plena soberanía. Al derrumbe económico le acompaña el colapso financiero de la Generalidad, que ha vaciado las arcas propias y las del resto de España en fastos sobre la Guerra de Sucesión, propaganda contra los españoles, embajadas en el exterior, estructuras de Estado y otras delirantes mandangas a mayor gloria del nacionalismo pujolista y del despilfarro. La Generalidad tiene un comisionado para la transición nacional, un consejo de notables al efecto y hasta una comisionada para la transparencia, Núria Bassols, magistrada del TSJC en excedencia que se resiste a dimitir a pesar de que su propio marido, exalcalde convergente y constructor, está imputado por el 3%.
También tiene un jefe de la agencia tributaria propia que se pidió otra excedencia en la Agencia Tributaria para montar la hacienda catalana. Y ahí está el hombre, con una decena de inspectores del Estado fichados a golpe de talonario, también en excedencia, diseñando el IRPF catalán, como si esto fuera Hollywood en los tiempos de Xavier Cugat. Joan Iglesias Capellas es el jefe de los intocables tributarios de Mas con el cargo de asesor de la presidencia, una luminaria cienmileurista que declaró que en Cataluña hay contribuyentes "pero lo que nos falta es soberanía fiscal". Si lo del Estado propio no chuta, se puede volver a lo suyo sin problemas. España es asín, colega.
Así que tienen jefe de hacienda, hacienda y contribuyentes. Lo que no tienen en la Generalidad es vergüenza, razón por la que han recortado por lo social para insuflar morteradas de millones en el estragante procés. Los sueldos de ese probo funcionario (que tiene la moral de un profesional y juega donde más pagan), así como el del exvicepresidente del Tribunal Constitucional, y Gran Cruz de Isabel la Católica, Carles Viver Pi-Sunyer (el comisionado de la transición que dirigió los trabajos previos sobre los que se asienta la desconexión catalana), o el de la antedicha Núria Bassols proceden del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y son prioritarios. Nada de farmacias, residencias de ancianos, hospitales o dependencia. Aquí de lo que se trata es del Estado propio, de la justicia a la carta y el negocio del 3%. ¿Que el tejido industrial se deshace? Sin problemas. ¿Que huyen las empresas y se alejan las inversiones? Tanto da. ¿Qué está en riesgo del futuro de millones de personas, sus salarios, su convivencia, sus vidas, afectos y profesiones? Eso a Mas le deja frío. Él está a lo suyo, de rodillas ante la CUP para alargar su agonía y rematar el proceso. Tierra quemada tras la retirada de los Pujol y Convergencia. Han volado todos los puentes.
Con todo y a pesar de todo, Mas se queja de que Rajoy no le llama para lo del terrorismo. A él, que es el presidente de la Junta de Seguridad de Cataluña y, sobre todo, "representante ordinario del Estado en Cataluña", como dijo en su última rueda de prensa. ¡Representante ordinario del Estado en Cataluña! No tiene morro, no. Lo que tiene es un rostro de hormigón armado y el peligro de un primate con un hacha. Y ahí sigue, al frente de una institución en quiebra, un partido podrido y del Estado en Cataluña. Tiene su mérito. Compartido, eso sí, con el Gobierno de España.